El ingreso mínimo vital cumple dos años

La ha llegado a casi 450.000 hogares en los que viven 1,1 millones de personas

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá. Europa Press

El ingreso mínimo vital (IMV), una prestación pionera en España y una de las medidas estrellas del programa del Gobierno de coalición, cumple dos años. La medida cuya aprobación se aleceró tras el estallido de la pandemia, ha llegado a casi 450.000 hogares en los que viven 1,1 millones de personas, la mitad del objetivo inicial (850.000 hogares y 2,3 millones de pesonas). Desde su puesta en marcha el 29 de mayo de 2020 la medida ha sido modificada para introducir mejoras

El ingreso mínimo vital (IMV), una prestación pionera en España y una de las medidas estrella del programa del Gobierno de coalición, cumple dos años. La medida cuya aprobación se aceleró tras el estallido de la pandemia, ha llegado a casi 450.000 hogares en los que viven 1,1 millones de personas, la mitad del objetivo inicial (850.000 hogares y 2,3 millones de personas). Desde su puesta en marcha el 29 de mayo de 2020 la medida ha sido modificada para introducir mejoras.

La ley del ingreso mínimo vital fue aprobada en el Congreso a finales de 2021 -un año y medio después de su entrada en vigor como decreto ley- sin votos en contra, pero con críticas de la oposición a un erróneo diseño que ha limitado la ayuda a menos de la mitad de los beneficiarios inicialmente previstos. La portavoz del PP, María Teresa Angulo, criticó que finalmente esta ayuda se haya convertido en un "gran fracaso" ejecutándose tan solo la mitad del presupuesto que tiene asignado.

La prestación arrancó con unas ayudas entre 461,5 euros al mes para un solo adulto hasta 1.015,3 euros para familias de al menos cinco personas, cifras que se han ido actualizando cada año. El primer pago se produjo a finales de junio 2020 y fue dirigida a 74.119 hogares con un desembolso de 32 millones de euros. El proyecto contaba con 3.000 millones de presupuesto. El objetivo que se perseguía con ello era "erradicar la pobreza extrema" y conseguir "la inclusión social y la participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad". En los primeros meses su puesta en marcha no estuvo rodeada de polémica por el atasco de solicitudes en un momento muy complejo de la pandemia con la administración pública teletrabajando por primera vez y sobrecargada de tareas. Esos meses coincidieron con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) originados por la pandemia.

En marzo de 2021 ya se conocían los primeros datos de la medida y se confirmó que en los primeros nueves se habían recibido 1,2 millones de solicitudes, tramitándose el 75%, 873.000 expedientes, de los que más de 600.000 se denegaron, en muchos casos por niveles de renta, y se aprobaron más de 210.000. En la actualidad y de acuerdo con los últimos datos disponibles, desde la puesta en marcha de la prestación, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha recibido más de 1,7 millones de solicitudes, muchas de ellas denegadas, lo que ha obligado a hacer cambios y mejoras. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha subrayado en numerosas ocasiones que el IMV es una política "viva" pues estará "permanentemente aprendiendo de la realidad en la que pretende incidir".

Un complemento para la infancia

Un año después de su aprobación se introdujeron varias mejoras, entre ellas el complemento de ayuda a la infancia que comenzó a recibirse en enero de 2022. El pago varía en función de la edad del menor (100 euros por hogar al mes en el caso de niños hasta tres años, 70 euros por cada niño entre tres y seis años y 50 euros por cada menor de entre seis y 18 años) y se ampliaron los umbrales de renta para poder recibirlo. Según los datos de la Seguridad Social, 200.000 hogares están ya disfrutan ese complemento.

Junto a esto, se convirtió en permanente la posibilidad de solicitar la prestación con los ingresos del año en curso y se elevaron los umbrales de renta y patrimonio para estos casos, con el fin de cubrir situaciones de pobreza sobrevenida. El objetivo del Gobierno es alcanzar a 1,6 millones de beneficiarios, una cifra que aún está lejos.

Otra de las mejoras fue la puesta en marcha del Registro de Mediadores que permite a entidades colaboradoras acreditar la idoneidad de potenciales beneficiarios de la prestación. En ese registro ya hay nueve entidades, entre ellas Cruz Roja, Cáritas o la Fundación Secretariado Gitano.