España tiene que aprobar una reforma sostenible de pensiones

La aprobación de la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones se presenta como una carrera llena de obstáculos para el Gobierno, algunos de ellos políticos –es el caso de las objeciones de sus socios– y otros económicos, como la factura que puede generar la reforma. En este sentido, desde Bruselas se ha instado ya al Gobierno a “modificar” el número de años previsto para calcular la pensión, con la idea de ampliar ese periodo y suavizar así el impacto que tendrán las nuevas jubilaciones sobre el gasto y la deuda pública. Un requerimiento que choca con la voluntad del Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de aplicar este cambio de cómputo solo a quien beneficie, y no de forma generalizada. En principio, si no se aplican medidas complementarias, la ampliación de los años de cómputo provocará una disminución de la cuantía en la mayor parte de las nuevas pensiones y un menor gasto público, que es exactamente lo que Europa exige a España. Según cálculos realizados por académicos de la Universidad de Extremadura y de Valencia, si el cómputo se ampliase hasta 35 años (en lugar de los 25 actuales) el montante de las pensiones de jubilación sufriría un recorte medio inicial del 8,8%. En el caso del gasto público, el ahorro sería de hasta un 0,88% del PIB en torno al año 2050.

La factura, sin embargo, se modificaría sustancialmente al alza si la propuesta de Escrivá sale adelante, es decir, si la ampliación del cómputo solo se aplica a aquellas personas a las que pueda beneficiar. En caso de que el cálculo se amplíe a 35 años, por ejemplo, pero se elijan solo los mejores 25 años de cotización, tal y como ha propuesto en alguna ocasión el propio Escrivá, las nuevas pensiones aumentarían de media un 6,5% y el gasto público crecería hasta un 0,67%.

Aunque es evidente que el recorte de las nuevas pensiones no es una medida fácil de explicar, el Gobierno no debe de ninguna forma impulsar un modelo de cómputo que aumente todavía más la carga que el sistema de previsión social supone para las finanzas del Estado. No solo porque una reforma en la línea que defiende Escrivá contraviene las advertencias de Bruselas sobre el control del déficit y de la deuda pública, sino porque el objetivo de la reforma de las pensiones es hacer frente al agujero de un sistema que en los próximos años deberá hacer frente a una avalancha de jubilaciones, la cual exigirá más aportaciones y menos prestaciones. En esa tarea, no hay sitio para enfoques ideologizados, como ha ocurrido con la retirada del apoyo fiscal a fórmulas de ahorro que pueden aligerar la carga del sistema público –como los planes de pensiones individuales–, sino para una reforma eficiente, racional y comprometida con el futuro.