Inflación, redistribución y recaudación fiscal

No se puede aducir sin más que el Estado sufre también el alza de precios: gasta más, pero recauda más. No deflactar la tarifa es beneficiarse a costa del ciudadano

El incremento de los precios debido a la inflación disminuye el poder adquisitivo de los ciudadanos; circunstancia que afecta mucho más a quienes menos renta tienen. Desde esta perspectiva, el sacrificio que la inflación comporta no afecta a todos por igual.

¿Deben los impuestos ser el mecanismo para corregir esta situación? En mi opinión, no, y menos de forma igual para todos, medida que sería además regresiva. Se trata, en todo caso, de aplicar políticas selectivas y progresivas de gasto que permitan paliar los efectos que la inflación tiene con relación a quienes más la sufren, esto es, los más vulnerables y aquellas rentas de cuantía inferior a determinado importe. En este contexto, hay que actualizar las ayudas actuales (importe del ingreso mínimo vital y, entre otros, el de los bonos sociales) y complementarlas, en su caso, con otras de carácter progresivo en función del nivel de renta de aquellos contribuyentes cuyo importe no supere determinada cuantía; en mi opinión, la del salario medio.

Por su parte, y con independencia de lo anterior, es indiscutible que no deflactar la tarifa equivale a incrementar los impuestos, de forma muy especial, a las rentas medias y bajas. Los contribuyentes han de pagar lo que les corresponde sin tener en cuenta el efecto inflación, ya que, de lo contrario, el aumento implícito de tributación que esta supone disminuye todavía más su poder adquisitivo. Deflactar es acomodar los tipos de gravamen a la inflación; neutralizarla. No hacerlo, es beneficiarse de la misma a costa del contribuyente.

Ante tal situación, no se puede aducir sin más que el Estado sufre también en sus propias carnes la inflación. En efecto; es cierto que algunos de sus gastos se aumentan (entre otros, las pensiones). Pero también lo es que consecuencia de aquella, la recaudación también aumenta, por ejemplo, el IVA y algunos de los Impuestos Especiales.

A tales medidas habría que sumar la necesidad de redistribuir la presión fiscal que individualmente soportamos. Estoy convencido de que si pudiéramos calcular el porcentaje que representan todos los impuestos que pagamos (recargos, cánones, e impuestos locales, autonómicos y estatales de toda clase) sobre nuestra renta real, el sacrificio o esfuerzo fiscal de cada uno de nosotros no aumentaría en función del nivel de renta. Dicho de otro modo. Estoy convencido de que quienes más ganan, no tributan en términos relativos y reales más que quienes ganan menos. Tal circunstancia produce un esfuerzo desproporcionado de determinadas rentas respecto a otras, en especial, de las rentas del trabajo respecto a las del capital, consecuencia, entre otros, de que la renta no realizada (por ejemplo, los dividendos) difiere su tributación hasta el momento en el que los accionistas lo decidan, situación, por cierto, que representa un agravio comparativo entre la tributación del empresario individual y el societario.

No hay tampoco que olvidar que la progresividad nominal del IRPF (esto es, los tipos nominales de la tarifa o de la escala del impuesto) no se corresponden con la progresividad real en términos de tipos efectivos (esto es, lo que realmente acabamos pagando en función de nuestra renta). Así mismo, la progresividad del IRPF y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se diluye, entre otros, ante los tipos proporcionales que gravan las diferentes formas de consumo y los de la Seguridad Social, que no deja de ser un impuesto proporcional sobre el trabajo.El resultado es un sistema tributario que en su conjunto no se puede considerar muy progresivo.

Por tal motivo, hay que plantearse fórmulas que graven, entre otros, el capital no realizado y los grandes patrimonios, con la finalidad de redistribuir mejor la progresividad del sistema y permitir aligerar el gravamen de las rentas medias y bajas. Se trata, en definitiva, de redistribuir mejor el sacrificio fiscal y de acentuar la progresividad en los tramos más altos de riqueza.

Sea como fuere, la verdadera redistribución es la que se consigue a través de políticas de gasto selectivas y progresivas. Dicho lo dicho, no hay que olvidar que nuestro verdadero problema es de gasto. De gasto superfluo y clientelar. De duplicidades; de falta de eficiencia y eficacia en el gasto. De sobredimensionamiento de la Administración. De falta de valoración del retorno social y económico de las políticas de gasto.

No lo digo yo. Lo dice, entre otras, la propia Airef. El problema es, sin duda, grave, dado el déficit estructural que anualmente tenemos y el consiguiente incremento de la deuda. La eficiencia, recordémoslo, no es una opción; es una obligación constitucional.

Pero con ello no es suficiente. Es además imprescindible acometer las reformas estructurales que la crisis del 2007 y del Covid-19 han hecho evidentes. Es prioritario redefinir la política industrial, valorar la importancia de las cadenas de suministro, y solucionar los problemas estructurales que se arrastran desde ambas crisis y en muy diferentes sectores como el energético, el de transporte, la agricultura, la ganadería, o el sector automovilístico. Es igualmente necesario profesionalizar las pymes y hacerlas más competitivas. La invasión de Ucrania solo ha hecho que engrandecer nuestras debilidades.

El objetivo, en definitiva, es recuperar nuestra renta per cápita y nuestro PIB, además de revertir nuestra tasa estructural de paro. Y esto solo se consigue con un plan de generación de riqueza; esto es, con un modelo económico y social que promueva su creación a través del esfuerzo y la innovación, la ausencia de privilegios, la inversión productiva, el empleo de calidad, la reducción de la pobreza, y la justicia social. Esto es, una economía social de mercado.

En definitiva, el aumento de la recaudación ha de provenir del aumento de la riqueza. Lo contrario, es empobrecernos.

 Antonio Durán-Sindreu es Profesor de la UPF y socio director de DS