El Banco de España anticipa un recorte del PIB de medio punto hasta el 4% para este año

Pide reformas estructurales para consolidar el aumento del PIB potencial en el 2%

Considera que el pacto de rentas pese a la falta de acuerdos de los agentes sociales, “se está cumpliendo de forma tácita”

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Fiel con su cita anual, el Banco de España presentó su informe anual donde analiza la situación tanto pasado como futura de la economía española y ofrece su receta, en este caso para salir airosa de la actual situación de crisis derivada de la etapa final de la pandemia de Covid, y lo más importante de la incertidumbre derivada de la guerra en Ucrania.

La autoridad monetaria considera que en estos momentos la implementación de reformas y de proyectos de inversión asociados al programa New Generation EU de fondos europeos podrían tener un impacto muy positivo sobre la capacidad de crecimiento de la economía española en el medio plazo.

Según el Boletín Anual 2021, presentado ayer, si en el marco del programa NGEU se seleccionas en proyectos con un elevado grado de complementariedad entre la inversión pública y la privada, y se llevasen a cabo un conjunto de reformas estructurales que redujeran las rigideces existentes en los mercados de productos y de trabajo, la tasa de crecimiento potencial de la economía española al final de esta década podría llegar a situarse en el entorno del 2%.

Así señala que en un entorno tan cambiante, la probabilidad de que las proyecciones macroeconómicas tiendan a perder vigencia rápidamente es elevada. Sin duda esta estimación supuso un jarro de agua fría, ya que se da a conocer apenas unas semanas después que publicase sus estimaciones económicas.

La causa de ello no es otra que el crecimiento del PIB del primer trimestre fue, como consecuencia de la guerra, más moderado que el estimado en las últimas proyecciones del Banco, según adelantó Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística de la entidad.

Es por ello por lo que en ausencia de cualquier consideración adicional, casi con toda seguridad el PIB se recortaría de manera mecánica cerca de medio punto porcentual en la tasa media de crecimiento del PIB para 2022.

En el ámbito de los precios de consumo, la información conocida tras el cierre de las proyecciones apunta a un crecimiento algo más modesto del componente energético, tendencia a la que se unirá el acuerdo alcanzado entre Bruselas y España y Portugal, para abaratar el recibo de la luz.

Por el contrario, el indicador que excluye ese componente, la tasa subyacente, ha mostrado una fortaleza mayor de lo esperado, lo que no hace más que presagiar que las tensiones inflacionistas pueden mantenerse por unos meses más.

De acuerdo con las proyecciones del Banco de España de abril de 2022, el PIB crecería un 4,5% en 2022, un 2,9% en 2023 y un 2,5% en 2024. Esta senda supone una continuación de la recuperación, impulsada por la mejora de la situación epidemiológica, los proyectos ligados al plan NGEU, las condiciones de financiación todavía favorables y las medidas tomadas para combatir la escalada de precios de la energía, lo que no oculta que la economía española haya sido la que peor evolución ha registrado del conjunto de países europeos.

Respecto a la reivindicación lanzada en varias ocasiones por el regulador de poner en marcha un pacto de rentas, con el fin de evitar el traslado de la inflación al seno de la economía, Gavilán reconoció que pese al no acuerdo alcanzado en la negociación entre los agentes sociales, los datos que se conocen hasta ahora en materia de salarios, con alzas hasta abril del 2,40% y de una contención de los márgenes empresariales, se pone de relieve “de forma tácita” su cumplimiento. Así insistió en que este pacto hay que centrarlo dentro de un marco plurianual, teniendo en cuenta que las pérdidas de poder adquisitivo y de márgenes, “son eso, pérdidas”, rechazando que puedan recuperarse a futuro.

Deuda al 79% en 2040

La advertencia del Banco de España también se centró en los elevados niveles de endeudamiento público, que considera permanecerá en niveles muy cercanos a los actuales, o incluso superiores, salvo que se implemente un plan de ajuste fiscal ambicioso. De hecho el pasado martes se conoció la deuda del conjunto de las administraciones públicas, que alcanzó un nuevo récord en los 1,45 billones de euros, el 117,7% del PIB. De acuerdo con los ejercicios de simulación elaborados por el Banco de España, si en los próximos años no se acometiera ningún ajuste fiscal en nuestro país, las presiones que supondrá el proceso de envejecimiento poblacional para el gasto público implicarían un aumento de la ratio de deuda pública sobre el PIB.

En cambio, en un escenario alternativo en el que se llevara a cabo un esfuerzo de consolidación que fuera coherente con el mantenimiento del saldo estructural primario que las últimas proyecciones macroeconómicas del Banco de España prevén para 2024, la ratio de deuda pública se situaría en niveles cercanos al 120% del PIB en las próximas décadas. En caso de un ajuste fiscal mayor, por ejemplo, si el saldo estructural primario mejorase en 0,5 puntos porcentuales del PIB potencial cada año, hasta alcanzar un equilibrio en el saldo estructural total, senda más acorde con las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), la deuda pública podría descender hasta el 82% del PIB en 2040.

Para incidir en un ajuste mayor, el Banco de España introduce aquí la puesta en marcha de reformas estructurales. Así considera que si el ajuste se acompañase de estas medidas excepcionales decisivas para elevar la capacidad de crecimiento de la economía española, la ratio de deuda podría situarse en torno al 79% del PIB en 2040 y es que el problema de este sobrendeudamiento no es menor, especialmente si se tiene en cuenta su incremento en el tiempo, ya que prácticamente se ha duplicado a lo largo de la última década.

El Banco de España recuerda como al comienzo de la pandemia de COVID-19, el Consejo de la Unión Europea activó la cláusula de salvaguarda del PEC, lo que facilitó una respuesta decidida de las políticas fiscales nacionales ante la crisis sanitaria, que mitigó sensiblemente los efectos adversos de la pandemia.

Cuando esta cláusula se desactive, el PEC volverá a aplicarse, lo que, en un contexto de mayores niveles de deuda pública, podría exigir un esfuerzo importante de consolidación fiscal en algunos países.

Antes del comienzo del conflicto bélico en Ucrania, la Comisión Europea había indicado que la cláusula de escape se desactivaría en 2023, porque se consideraba que en ese año la recuperación económica en la UE habría alcanzado un nivel suficiente para proceder a la normalización de la política fiscal.

No obstante, teniendo en cuenta el deterioro que la guerra ya ha causado en las dinámicas de actividad europeas, es probable que la desactivación de esta cláusula se retrase un año más.

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