El Salvador se acerca al default tras el fracaso de la apuesta de Bukele por el Bitcóin
Los acreedores temen que esta situación impida que el país cumpla con los pagos de un bono de 800 millones de dólares que vence a principios del próximo año
Los precios de la deuda soberana de El Salvador colapsaron en abril, hundiéndose en un 15,1% hasta mínimos históricos. El desplome se dio en el contexto de la campaña de su presidente, Nayib Bukele, por implementar un sistema económico basado en criptomoneda y su fracaso para posicionar en el mercado bonos en bitcóin por valor de 1.000 millones de dólares. Los acreedores temen que esta situación, sumada a sus estancadas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, impida que el país centroamericano cumpla con el pago de un bono de 800 millones de dólares que vence a principios del próximo año.
La caída del precio de la deuda salvadoreña solo ha sido superada por la de los bonos de Ucrania desde el estallido de la guerra con Rusia. De hecho, los bonos de referencia de El Salvador con vencimiento en 2032 cotizan en mínimos históricos, al 40% de su valor nominal, lo que sugiere que los inversores se están preparando para el incumplimiento.
El presidente del banco central de El Salvador, no obstante, ha asegurado que existe un “riesgo cero” de que el país deje de pagar a sus acreedores. La agencia de calificación Fitch Ratings, sin embargo, recortó la nota del país a CCC en febrero –a un escalón del grado de especulación–, alertando de una mayor dependencia de la deuda a corto plazo, fuentes de financiación limitadas y una deuda pública en aumento que se espera alcance el 87% del PIB en 2022. Rebajas a las que se han sumado Moody’s.
La transición de El Salvador hacia una economía basada en blockchain y criptomonedas parece ser un fracaso. Un estudio realizado por National Bureau of Economic Research en 2021 indica que solo un 20% de los salvadoreños que descargaron la aplicación de Chivo, que el Gobierno diseñó para facilitar las transacciones diarias con criptomoneda, la siguieron utilizando tras gastar los 30 dólares que las autoridades regalaban para promover su uso.
En este contexto, el FMI volvió a instar al Gobierno salvadoreño a dar marcha atrás en su adopción del criptoactivo como moneda de curso legal, advirtiendo en febrero que, debido principalmente a su alta volatilidad, esto implica riesgos significativos para la estabilidad financiera del país centroamericano. Las conversaciones del organismo internacional con el país están estancadas desde que el FMI anunció que debía evaluar los riesgos de bitcóin antes de otorgar un préstamo.
El otro gran fracaso ha sido la emisión de deuda en criptomoneda. El Salvador planeaba emitir los llamados “bonos volcán” en marzo empleando tecnología blockchain y usar la mitad de las ganancias para comprar más bitcóin. Sin embargo, el lanzamiento se ha pospuesto por el poco interés despertado entre los inversores y porque la normativa que se requiere aún está pendiente de ser presentada ante el congreso del país.
Los bonos fueron anunciados inicialmente en noviembre de 2021, cuando Bukele propuso la creación de una ciudad para criptomonedas en la costa de El Salvador llamada “Bitcoin City”, libre de impuestos a la renta y a las contrataciones. El proyecto, que incluye una central geotérmica en el cercano volcán Conchagua para facilitar la minería de bitcóin, se iba a financiar por medio de los bonos, y su infraestructura y servicios públicos iban a sostenerse tan solo con el impuesto a las transacciones de criptoactivos.
La República Centroafricana también apuesta por el Bitcóin
Moneda legal. El parlamento centroafricano aceptó que el Bitcoin se convierta en la moneda oficial de su país la semana pasada. La decisión, que se tomó sin consultar al Banco de los Estados de África Central (una entidad que regula la política monetaria de seis países del centro de ese continente), ha despertado una fuerte oposición de los partidos de la oposición.FMI. La entidad internacional ha advertido que la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal plantea importantes desafíos legales, de “transparencia y de política económica”, en uno de los países más pobres del mundo.
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