Revalorizar las pensiones con el IPC puede disparar su gasto al 14% del PIB en 2023
Cada punto de desvío del IPC cuesta 1.700 millones más en pensiones y el gasto público e prestaciones superará los 188.500 millones el próximo año
La primera fase de la reforma de las pensiones diseñada por el actual Gobierno tiene como medida estrella incluir en la Ley de Seguridad Social la revalorización de todas las pensiones según el IPC medio anual –medido entre los meses de noviembre y diciembre del año anterior–, y entró en vigor el pasado 28 de diciembre.
El objetivo de esta vinculación por ley de las pensiones a la evolución de los precios es que los pensionistas no pierdan ni una décima de poder adquisitivo aunque la inflación se desboque, que es precisamente lo que ha hecho en este arranque de la reforma de pensiones. Por ello, el impacto presupuestario que esta vinculación supondrá en las cuentas públicas de 2023 va a ser considerable, superando los 15.000 millones de euros adicionales (lo que equivaldría a una paga y media extraordinaria de la nómina de las pensiones). De esta forma, el gasto público total en pensiones se situaría el próximo año en el entorno de los 188.500 millones de euros, lo que equivaldría al 14% del PIB, 1,7 puntos por encima del nivel de 2019, cuando se encontraba en la media de los países de la zona euro.
Estas cifras son fruto de los cálculos elaborados por el economista de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de Fedea Miguel Ángel García, quien empieza analizando las cuentas del sistema en 2022 y advirtiendo de que estas estarán marcadas en el capítulo de ingresos por la incierta evolución de la economía y el empleo en España debido a los efectos de la guerra en Ucrania antes incluso de haber pasado página al grave daño sufrido por la pandemia de Covid. Pese a las consecuencias que esto pueda tener en el empleo y las bases de cotización, que marcan los ingresos, en el cálculo de esta hipótesis García ha considerado que la recaudación por cuotas subirá este año un 6,6%, como recogen los Presupuestos Generales del Estado, mientras que los gastos recogerán el alza de su revalorización del 2,5%, así como el número de pensiones y el efecto sustitución (un 5% en total).
De cumplirse estas previsiones, el saldo del componente exclusivamente contributivo de la Seguridad Social (ingresos por cotizaciones menos gasto en pensiones contributivas) cerraría 2022 con un saldo negativo de unos 10.500 millones, 0,8 puntos del PIB. Aunque se trata de una cantidad aminorada por las transferencias que realizará el Estado para costear los denominados gastos impropios. Sin ellos, este déficit se elevaría a 28.800 millones de euros (2,3 puntos de PIB). Con estos datos, el gasto público en pensiones subirá en 2022 a 174.000 millones para pagar pensiones contributivas y no contributivas, a lo que habrá que sumar otros 18.000 millones de las pensiones de las clases pasivas. En total, estas cantidades significarán destinar a pensiones el 13,6% del PIB este año ya, 1,3 puntos más que antes de la pandemia.
Pero la nueva situación de crisis y la obligación de revalorizar todas las pensiones al IPC van a empeorar más las cuentas de la Seguridad Social en 2023. Así, la hipótesis elaborada por este economista ha estimado un incremento del gasto en pensiones del 8,4% el próximo año. Este porcentaje estaría determinado por un incremento de la inflación media anual en noviembre del 6% –el Banco de España acaba de estimar que el IPC medio anual quedará en el 7,5%–, a lo que habría que sumar un 1,1% por el aumento del número de pensiones y otro 1,3% por el efecto sustitución (las pensiones que entran al sistema son mayores que las que salen). Por tanto, un incremento del 8,4% del gasto en pensiones supondría un gasto adicional de 13.923 millones hasta alcanzar los 166.700 millones de euros en pensiones de la Seguridad Social y otros 1.500 millones de las clases pasivas, hasta los 19.400 millones. En total, el gasto público en pensiones rondará los citados 188.500 millones en 2023, el 14% del PIB (este cálculo ha tenido en cuenta un crecimiento anual del PIB nominal del 6,5% en 2022 y del 5% en 2023).
Al tiempo, García destaca que, aun previendo que se cumplan las estimaciones de recaudación por cotizaciones en 2023 (considerando que las bases no absorberán toda la inflación sino solo la mitad (3%), a lo que suma ciertos deslizamientos (0,5%) y una ligera alza del empleo (1,5%), los ingresos aumentarán un 5%, 3,4 puntos por debajo de lo que subirá el gasto (8,4%). Esto elevará el déficit contributivo a 15.200 millones el próximo año (el 1,2% del PIB). Y todo esto podría ser aún más caro si la inflación fuera superior al 6% medio anual, porque cada punto de IPC cuesta 1.700 millones más.
Con todo, García concluye que la llegada de dos crisis imprevistas “ha podido servir para mostrar la inconsistencia” de la decisión de vincular las subida de las pensiones al IPC sin otras medidas compensatorias, lo que “genera importantes repercusiones negativas en la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y un deterioro de la equidad entre generaciones”, indica.
Y, junto a esta consideración, advierte también de que si las bases de cotización (asimiladas a los salarios) evoluciónan tan alto como lo está haciendo la inflación, esto generaría los denominados efectos de segunda ronda, que terminarían afectando a la competitividad de la econimía española y a su empleo: Por ello, de cara a la negociación salarial y del pacto de rentas, García conseja que "para evitar efectos negativos en el futuro próximo sería deseable que la evolución de los salarios y los márgenes empresariales se acotaran a otros parámetros disntitos a la evolución del IPC".
Concepto. El estudio El posible impacto presupuestario de la actualización de las pensiones con el IPC en 2023, elaborado por el economista Miguel Ángel García, llama la atención sobre cómo recoge la reforma de la ley el mandato del Pacto de Toledo de que las cotizaciones solo financien gastos “propios” del sistema. Ahora, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, determina qué partida de “gastos impropios” se deben costear con impuestos a través de transferencias del Estado adicionales a las que ya hacía.
Cuantía. Los Presupuestos de 2022 ya incluyen una transferencia del Estado a la Seguridad Social de 18.396 millones por este concepto. Previsiblemente, las cuentas de 2023 requerirán una partida similar. Sin ella, el déficit contributivo (o como prefiere decir García, el déficit real) se situaría en 33.600 millones. Para este economista, la forma que tiene la ley de recoger lo que son gastos impropios “más bien una agregación de partidas sin una metodología objetiva en su definición que sea coherente con el carácter contributivo del sistema”. Por ello, la lista de estos gastos o su cuantía podría ser otra si así se necesitara para cuadrar las cuentas.
Sobre la firma