Cómo acabar con el atropello de las tarifas de luz y gas

El consumidor desconoce que hay un mercado regulado y otro libre, el primero más barato en gas y más caro en luz, y que puede cambiarse cuando quiera

El Gobierno y la UE están dándole vueltas a cómo meter mano al continuo incremento de los precios de la energía. La formación de los precios de estos productos esenciales viene marcada por la dependencia del suministrador de las materias primas, por el sistema de fijación de precios mayoristas y por cómo se ha configurado la competencia en el mercado minorista. En los dos primeros pasos, España está amarrada a la UE, pero en el último, el Gobierno puede hacer mucho con poco.

Si se analiza el mercado minorista español de comercialización de luz y gas es fácil llegar a la conclusión de que es un sistema perverso/vergonzoso. El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) deberían tomar medidas para poner fin a la dinámica actual, conformada por la ignorancia del cliente, bloqueado por la opacidad comercial y facturas ininteligibles, y un sistema de persecución con llamadas telefónicas de personas que no son quien dicen ser, no saben de lo que hablan y ofrecen precios inexistentes. El resultado es un esquema propicio para el fraude y la picaresca del que participan sin rubor las grandes compañías.

Si el Gobierno y las empresas energéticas, los grandes beneficiarios, tienen voluntad real de ayudar a los consumidores la solución es muy sencilla: que las compañías estén obligadas a aplicar al cliente la mejor tarifa en cada momento y pongan fin al juego de trileros en que está instalado el sector. Según una encuesta de la CNMC de diciembre de 2020, el 74% de los clientes de luz y el 82% de los de gas no sabe la diferencia entre tener una tarifa de mercado libre o regulado. La diferencia no es menor, si estás en mercado libre en el gas pagas un 160% más que en el regulado y en la luz ocurre al revés; los de tarifa regulada soportan un coste hasta tres veces superior al libre. Todo esto por exactamente el mismo servicio.

Los consumidores de electricidad y gas tienen la opción de contratar el suministro con una compañía del mercado libre o del mercado regulado y cambiarse cuando quieran. Las que operan en el primer mercado son las grandes empresas reconocibles por cualquiera, Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol. Las del segundo, Curenergía, Energía XXI, Gas y Power, y Régsiti, no las conoce nadie y son filiales de las anteriores, respectivamente. Por tanto, estamos ante los mismos perros, pero con distinto collar.

Para entender el despropósito, basta con comprobar que hoy un cliente de Naturgy de la Tarifa por Uso Gas paga en el mercado libre por el término de potencia (por lo que consuma) 0,117492 euros/Kwh, descuentos incluidos. Su vecino, que está en el mercado regulado, en Gas & Power (filial 100% de Naturgy), está pagando 0,045201 €/Kwh. Por tanto, el cliente que está en la tarifa libre, que suena mucho mejor que regulada, dónde va a parar, paga un 160% más por kilovatio.

Son servicios idénticos prestados por el mismo grupo empresarial, uno bajo el nombre oficial de Tarifa de Acceso RL2 (mercado libre) y el otro denominado Tarifa de Último Recurso TUR 2 (mercado regulado), lo que significa que el consumo de estos clientes está entre 5.000 y 15.000 Kwh al año. Por tanto, estos dos clientes, que supongamos consumen 10.000 Kwh al año, pagan precios muy diferentes. El del piso 1ºA, el del mercado libre, gasta 1.175 euros al año en gas natural, y el del 1ºB, el del regulado, 452 euros. Luego viene el 21% de IVA, que eleva la factura del uno hasta 1.422 euros y a 547 euros al otro.

Como se aprecia, la diferencia es notable y en ella ganan las empresas comercializadoras de gas y el Estado, que con el primero se ha llevado 247 euros por IVA y con el segundo no llega a 95 euros. Al margen queda el impuesto especial sobre hidrocarburos y el alquiler de contador, que son iguales en todas las tarifas, y el término fijo, que sí varía, pero que tienen un impacto más bajo. Es fácil concluir que ni las operadoras ni el Estado tienen incentivos para sacar al cliente de la tarifa equivocada.

Si miramos el precio de la luz, nos encontramos con el mismo escándalo, pero al revés. La tarifa del mercado regulado, que se llama Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), depende de la fluctuación diaria del precio de la electricidad en el mercado mayorista. El 24 de marzo, el PVPC, que tiene precios por hora, marcaba un coste medio de 0,32606 €/Kwh. Este mismo servicio en el mercado libre, se encuentra entre 0,21 y 0,25 euros/Kwh. En enero se podían encontrar tarifas a precios entre 0,14 y 0,17 €/Kwh. Por tanto, un consumidor que gaste 10.000 kwh al año pagaría 3.260 euros en un año en el mercado regulado y 2.100 en el libre, a los que habría que añadir el IVA, que en este caso es del 10%, ya que el Gobierno lo bajó para atenuar el golpe que está soportando el consumidor.

Para colmo de males, el bono social, la ayuda a los consumidores vulnerables, se fija sobre el PVPC. Es decir, el consumidor se tiene que dar de alta en la peor tarifa y sobre esta le aplican un descuento en función de sus circunstancias económicas y sociales. Hoy no le sale a cuenta a casi nadie.

Esto es pintura realista, no hay ni un alarde expresionista. El Gobierno tendría que hacer como hace décadas con las hipotecas a tipo de interés fijo, y aquello era más complicado, puesto que había escrituras por medio. Entonces obligó a que los bancos cambiaran a los clientes de tipo fijo a variable ante la caída de tipos de interés. Ahora debería obligar a las compañías a informar al cliente de su mejor oferta real y aplicarla automáticamente. La diferencia entre tarifas supera los 2.000 euros al año y eso no se ve en los comparadores de la CNMC, que son impracticables, si no que hagan un test con Carlos San Juan, el icono frente a la digitalización de los mayores.

Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información. Profesor de la Universidad Complutense