Entrevista Presidente del Coapi de Madrid

Jaime Cabrero: "Es impensable que un profesional que gestiona miles de euros no esté regulado"

Los agentes de la propiedad inmobiliaria de Madrid pelearán para que la ley de vivienda formalice la profesión

Critica medidas como el control de precios en el alquiler

Jaime Cabrero, presidente de Coapi Madrid.
Jaime Cabrero, presidente de Coapi Madrid.

Jaime Cabrero García, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Madrid, lleva toda la vida dentro de un sector que ha sido clave en la historia económica de España y que, a raíz de la pandemia de Covid-19, está acelerando su transformación. La futura ley de vivienda, ya en el Congreso para ser debatida entre los diferentes grupos parlamentarios, es una prueba más de ello. Sin embargo, lamenta Cabrero, se ha perdido la oportunidad de regular la figura del agente inmobiliario de una vez por todas, algo que el Coapi considera “muy necesario”.

En un principio se especulaba con que la ley regulase la figura y labor del agente inmobiliario. ¿Qué ha pasado para que no sea así? ¿Lo dan por perdido?

Habría que preguntar a los responsables del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al respecto. Nosotros hemos insistido a lo largo de todo el proceso, desde que se abrió el trámite para enviar propuestas y sugerencias hasta el momento en el que se ha redactado el texto. Ahora en el Congreso se abre un proceso de enmiendas y de negociación para mejorar la ley y seguiremos intentándolo.

¿Por qué consideran necesaria esta regulación?

Somos el único país de Europa que no tiene reconocida la actividad profesional del agente inmobilario. Esto creo que parte de un liberalismo mal entendido, pero redunda en una situación caótica que principalmente perjudica al consumidor.

¿Por qué?

No es normal que una persona que vaya a realizar la mayor inversión de su vida, como es la compra una casa, pueda entregar cantidades de dinero a personas que no están registradas oficialmente, que no tienen formación y que no dan ningún tipo de seguridad jurídica. Es impensable que alguien que va a mover y gestionar inversiones de miles de euros no esté regulado. Somos el único país del entorno que da pie a que todo el mundo pueda intermediar en el inmobiliario sin tener requisitos mínimos.

¿Hay problemas graves derivados de esta falta de regulación?

Hay muchos casos de estafa. Y muchas veces son importantes porque hablamos de inversiones de dinero considerables. A veces nos encontramos con consumidores que nos transmiten sus quejas o piden información de un agente para iniciar un proceso judicial contra él y tenemos que decirles que esa persona no está colegiada.

¿Qué imprevistos o estafas son más comunes?

Para ser agente inmobiliario habría que saber cómo funciona una hipoteca, un usufructo, saber consultar el registro de la propiedad, tener un seguro de responsabilidad civil para tener cobertura en caso de negligencia, una dirección legal mínima para poder operar... como todo esto no está regulado nos encontramos con casos de estafas de una o varias mensualidades de renta en el alquiler. O con situaciones en las que cantidades de dinero depositadas por los clientes acaban temporalmente formando parte del patrimonio del agente. Por ejemplo, los agentes deberían tener un seguro de caución para que las cantidades recibidas no se incluyan en su patrimonio, y eso no siempre ocurre.

¿Pelearán para lograr esta regulación en la ley? Mientras, ¿cómo valoran el texto actual?

La intervención de precios en el alquiler no la vemos positiva. La experiencia en otros países y en Cataluña nos dice que cuando el mercado encuentra obstáculos la inversión se paraliza, se contrae la oferta y la demanda no encuentra su sitio. Son medidas que perjudican al propietario, pero también al inquilino ante una menor oferta. Tampoco nos parece bien que parte de las responsabilidades de los poderes públicos recaigan sobre el sector privado. La urgencia fundamental en el sector es agrandar el parque público de vivienda, eso es lo único que va a permitir abaratar el mercado. Vemos además un error que cada comunidad autónoma pueda decidir si aplica o no parte de la ley. La norma, aunque no estamos de acuerdo con su contenido, debería ser de carácter estatal para no crear más desequilibrios.

¿Hay alguna palanca que contemple el Gobierno que vean positiva?

El bono joven al alquiler nos parece una buena fórmula, aunque creemos que debería estar acompañada de otras medidas de carácter laboral para atajar el problema desde todos sus frentes, ya que la ayuda, por sí sola, va a llegar a muy pocos beneficiarios.

El arbitraje reduce hasta un 10% los conflictos por alquiler de vivienda

El arbitraje consigue reducir hasta un 10% los litigios por conflictos del alquiler de vivienda, según las estimaciones del Consejo Arbitral para el Alquiler de la Comunidad de Madrid tras su actividad durante más de diez años, entidad en la que colabora el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid. La solución alternativa a la vía judicial que representa el arbitraje ha cobrado vigor tras la pandemia del SARS – COV – 19, ya que en los momentos de medidas más restrictivas en lo que se refiere al confinamiento y otras medidas limitativas se han producido numerosos desajustes y alteraciones en los contratos que se están intentando paliar con medidas legislativas.

Precisamente, con este nuevo marco legislativo y el impacto de la economía provocado por la pandemia se han generado situaciones conflictivas en los contratos, relacionadas, entre otras, con los aplazamientos de pago, la suspensión de los desahucios o la actualización de la renta por las dificultades de cumplimiento. Y el arbitraje, gracias a sus ventajas de economía procesal, es una opción cada vez más ideal frente a la vía judicial, que actualmente ha visto agravada su situación de colapso y paralización debido a la pandemia.

Frente a los elevados costes procesales de los procedimientos verbales u ordinarios, el arbitraje aporta ventajas económicas – una mensualidad de renta – y de tiempo – dos meses como máximo desde la presentación hasta el laudo y una sola comparecencia – ya que en los tribunales los procesos ordinarios superan el año de duración y los honorarios son mucho más elevados. El arbitraje permite obtener un laudo fundado en derecho ejecutivo y firme.

Según datos del Consejo Arbitral, en más de diez años se han dictado 950 laudos, se han celebrado 340 sesiones, así como 950 vistas y los procedimientos han tenido una duración media de 40 días. El supuesto más habitual que se plantea en estos arbitrajes son los casos de resolución del contrato de arrendamiento de vivienda por falta de pago.

El Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid, forma parte de las entidades que colaboran con el Consejo Arbitral para el Alquiler de la Comunidad de Madrid y cuenta con la Institución Arbitral Inmobiliaria (IAI) con el objeto de administrar los arbitrajes que, libre y voluntariamente, le sometan dos o más personas para resolver los conflictos que puedan surgir como consecuencia de una relación contractual.

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