El éxodo ucraniano costará hasta 30.000 millones a los países de acogida en 2022
El gasto debe ser compartido por toda la UE, según Bruegel Polonia, Hungría y Eslovaquia reúnen al 77% de todos los refugiados
En la crisis de refugiados de 2015 un temor central entre los europeos era que la enorme afluencia migratoria pudiera trastocar económicamente a los países de acogida debido a una sobrecarga en los presupuestos públicos. Hoy ese miedo vuelve a merodear por el continente. El Banco Mundial advirtió la semana pasada que el éxodo ucraniano supondrá una enorme presión sobre las finanzas públicas y la prestación de servicios de los Estados, en particular de la atención médica, que se enfrenta al tercer año de pandemia.
Aún es pronto para dar cifras exactas, pero la experiencia demuestra que los costes pueden ser muy altos. En 2016, los gastos presupuestarios de Alemania en refugiados alcanzaron los 9.000 millones de euros para unos 750.000 solicitantes de asilo. Según el think tank Bruegel, si las asignaciones se fijan en 10.000 millones de euros por millón de refugiados al año, el coste podría alcanzar fácilmente los 30.000 millones de euros en 2022. Se trata de un desembolso que, de acuerdo con los analistas, no puede ser asumido por los países de acogida, que en este momento son mayoritariamente los de Europa del este.
Las estadísticas dan cuenta del terrible escenario que se avecina. Desde que estalló la guerra en Kiev el 24 de febrero, más de 2,5 millones de ucranianos han huido a las naciones vecinas, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Se trata de la migración más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y la agencia espera que la cifra ascienda hasta los 4 millones en poco tiempo.
Los efectos inmediatos de la llegada repentina de tantos refugiados los sentirá la región del continente que, por mera proximidad, es el primer destino de quienes huyen de la invasión rusa. Polonia, que concentra el 60,8% de todas las personas que han salido de Ucrania, destinará 8.000 millones de zloty (1.670 millones de euros) en ayuda a los desplazados, según informó el Gobierno la semana pasada. Estimaciones de Citigroup arrojan que solo en los próximos dos meses, este país gastará al menos el 0,25% del PIB en atender la crisis migratoria.
Hungría y Eslovaquia, que en conjunto concentran al 16% de los asilados ucranianos, según datos de ACNUR, no han publicado ninguna estimación oficial de los impactos fiscales, pero ambos han abierto el acceso a planes de trabajo público, atención médica y educación, lo que tendrá un impacto en las arcas públicas.
República Checa, que ni siquiera figura como uno de los principales destinos en este éxodo, está planificando ayudas en efectivo que brindarían apoyo durante tres meses y que podrían alcanzar los 5.000 millones de coronas checas (199 millones de euros). De acuerdo con Citigroup, esta cifra probablemente cubriría únicamente una parte de todos los gastos, por lo que estiman que el gasto total en ese periodo alcanzaría el 0,16% del PIB nacional.
El Banco Mundial confirma que los países más cercanos al conflicto, en virtud de sus fuertes vínculos comerciales, financieros y migratorios con Rusia y Ucrania, sufrirán el mayor daño inmediato. Pero eso no evitará que el golpe económico se propague al resto del continente, por ejemplo, a Italia o Alemania, que albergan algunas de las comunidades ucranianas más grandes de la Unión Europea. Ejemplo de esto es el anuncio que hizo ayer la ministra alemana de interior, Nancy Faeser, según el cual más de 110.000 refugiados han llegado a territorio germánico desde que estalló la guerra.
España también cuenta con un amplío padrón de ucranianos, no obstante, los analistas consideran que el número de refugiados será mucho menor, pues no es un país que se caracterice por tener un alto número de asilados. Así lo explica María Miyar, analista de Funcas y catedrática de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), quien recuerda que hasta ahora han llegado a territorio español poco más de 1.000 personas, lo que supone un impacto mínimo en las finanzas públicas.
La profesora precisa que si España recibe una gran cantidad de refugiados sería una “novedad”, aunque advierte de que eso solo se sabrá con el paso del tiempo, pues la situación actual del conflicto genera mucha incertidumbre. “No se puede determinar cuántos van a venir ni cuánto tiempo se van a quedar. Si el conflicto termina pronto, las políticas gubernamentales se limitarán a ser de recepción y acogida temporal. Pero si la guerra se prolonga, habrá que poner en práctica otras políticas que permitan trasladar las capacidades de los refugiados al mercado laboral”, detalla Miyar.
Sin importar si la guerra dura mucho o poco, Bruegel destaca que el gasto que supondrá la acogida de los millones de refugiados, incluso si se concentra en Europa del este, necesita ser mutualizado, principalmente a través del presupuesto de la Unión Europea y por agencias internacionales como ACNUR, así como organizaciones benéficas.
Ucranianos en España
Según los últimos datos del Padrón, más de 115.000 ucranianos viven en España. De ese total, alrededor de 67.000 son mujeres, es decir, el 58% de la población residente. María Miyar, analista de Funcas, explica que esta inmigración es producto de este siglo. En concreto, se agudizó en 2014, con el inicio de la guerra ruso-ucraniana y el despegue de la recuperación económica en España. La cifra máxima se alcanzó en enero de 2020, antes del estallido de la pandemia. El mayor volumen de ciudadanos ucranianos está en Cataluña, donde según el Instituto Nacional de Estadística viven casi 24.000.
El desglose de los datos demuestra que hay un predominio de mujeres de 25 a 54 años de edad. Al respecto, Miyar recuerda que cuatro de cada diez cuentan con estudios universitarios; medios el 19% y superiores el 23%. Es una proporción no solo superior a la de los hombres ucranianos residentes en España, sino también a la de las mujeres españolas, pues el 16% tiene estudios medios y el 21% superiores. A pesar de estar altamente cualificadas, suelen estar empleadas en el servicio doméstico o de limpieza, restauración y cuidados de personas. Bajo este contexto, la catedrática considera que los refugiados que lleguen a España tendrán más dificultades que sus compatriotas para librarse de la precariedad laboral.
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