Previsión social

El Gobierno aprobará el fondo colectivo de pensiones sin el respaldo de patronal y sindicatos

Escrivá, que pretende llevar el texto normativo al Consejo de Minsitros del martes próximo, ha incluido demandas sociales y de las gestoras pero no las suficientes para un pacto

El ministro de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones, José Luis Escrivá (primero por la derecha) en una reunión del Consejo de Ministros.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones, José Luis Escrivá (primero por la derecha) en una reunión del Consejo de Ministros.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, tiene la intención de llevar el próximo martes al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo. Si bien, el orden del día final tendrá aún que confirmarse definitivamente, según matizan fuentes de la Administración.

El anteproyecto que llevará Escrivá establece la creación de un fondo de pensiones de empleo (aquellos que se hacen de manera colectiva en el seno de las empresas), que tendrá promoción pública pero será gestionado por el sector privado. A este fondo podrán adscribirse planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación, incluyendo una nueva figura: los planes simplificados. Todos los trabajadores del sector público y privado, pero especialmente empleados de pymes y trabajadores autónomos podrán participar de estos planes adscritos al fondo.

Sin embargo, el texto que apruebe finalmente el Gobierno no contará, casi con toda seguridad, con el respaldo público y explícito de los representantes patronales y empresariales, quienes consideran que el diseño de esta herramienta de ahorro no servirá para fomentar el segundo pilar de la previsión social todo lo necesario, según fuentes de la negociación.

Al igual que la reforma laboral, la aprobación de este fondo forma parte de uno de los hitos comprometidos por el Gobierno con Bruselas y que debe aprobarse antes del 30 de junio. Aunque, dado que no llegará al Parlamento con el respaldo social, el Ejecutivo deberá emplearse a fondo para lograr su aprobación en el actual tablero político.

El apoyo sindical y patronal no ha sido posible a pesar de que el equipo de Escrivá ha incluido en el último texto modificaciones aportadas en la negociación con empresarios, sindicatos y otros agentes del sector financiero.

Entre estos cambios hay varios orientados a responder a las demandas empresariales que, sin embargo, no parecen suficientes para que la patronal vaya a respaldar plenamente este proyecto. Entre estas novedades, Escrivá ha decidido que una parte de las aportaciones de las empresas a los planes de pensiones del fondo de promoción pública quede excluida de la base de cotización de los trabajadores, lo que no aumentaría dicha base y, por tanto, no encarecería la cuota resultante que debe pagar el empresario.

Si bien, la propuesta del último borrador discutido limita esa exclusión de la base de cotización a unos 78 euros al mes, según la disposición final cuarta de este borrador, donde se indica que quedan fuera de las bases de cotización “las contribuciones empresariales satisfechas a los planes de pensiones de empleo [...], hasta el importe resultante de multiplicar por nueve la cuota resultante de aplicar a la base mínima diaria de cotización del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social para contingencias comunes, el tipo general de cotización a cargo de la empresa para la cobertura de las contingencias comunes”.

El texto que vaya al Parlamento recoge también medidas dirigidas a los trabajadores. Aquellos que ganen menos de 60.000 euros (de la misma empresa que hace las aportaciones) podrán superar lo que aporte el empresario. No obstante, tanto los empresarios como los representantes sindicales echan de menos algún tipo de incentivo fiscal para los empleados, sobre todo después de las últimas rebajas de las deducciones para estos productos de ahorro individuales

La norma también da respuesta a varias demandas del sector de los fondos y planes de pensiones. La primera de ellas consiste en haber eliminado del texto el límite máximo que podrán tener las comisiones de gestión, que llegó a ser inferior al 0,4%, una cuantía que las gestoras consideraron inasumible.

Igualmente, el texto final elimina requisito mínimo de patrimonio para que una entidad pueda optar a encargarse de administrar el dinero de los nuevos fondos de pensiones. En los primeros borradores las entidades interesadas debían acreditar que manejan al menos 1.000 millones en productos para la jubilación (como planes de pensiones, o planes de pensiones asegurados). Pero ante las quejas de las gestoras, la última redacción no recoge ninguna referencia al tamaño.

 

Tres colectivos diana y ninguno satisfecho

  • Dudas. La creación de este fondo está dirigido principalmente a tres colectivos diana: los empleados públicos de todas las administraciones; los autónomos; y los trabajadores, fundamentalmente de pymes, a través de la negociación colectiva. Sin embargo, ninguno de ellos parece especialmente satisfecho con el diseño de la norma por parte del Gobierno. Esto genera dudas sobre el objetivo manifestado por el titular de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien auguró que llegaría a 10 millones de partícipes (la mitad de los ocupados) en diez años.
  • Críticas. Así, fuentes sindicales y empresariales desconfían de que el fondo vaya a lograr sus objetivos. Y ambos coinciden en criticar el diseño de la gobernanza y su implantación a través de la negociación colectiva, que no tiene incentivos propios para recurrir a este fondo.
Normas
Entra en El País para participar