Nadia Calviño, el dedo del abuelo y la luna

Gobierno y empresas pueden crear centros de integración digitales que eviten que las personas ‘analógicas’ se conviertan en los parias del siglo XXI

El médico jubilado Carlos San Juan ha hecho visible la exclusión que acarrea la automatización de la banca para las personas mayores, que habitualmente carecen de habilidades digitales. Su campaña reclamando que sean tratados por personas, no por máquinas, llevó a que la vicepresidenta Nadia Calviño llamara al orden a las entidades financieras, a las que ha dado un mes para que busquen “nuevas soluciones para garantizar la inclusión financiera de nuestros mayores”.

La vicepresidenta primera, responsable de los Asuntos Económicos y también de la Transformación Digital, reaccionó rápido, pero parece que cuando oyó al jubilado valenciano solo vio a su dedo señalando a los bancos, cuando en realidad apuntaba a la luna; es decir, a los problemas que plantea la digitalización de la sociedad. La distancia que hay entre la yema del dedo de Carlos San Juan y la luna es la que sienten no solo los mayores, si no todas las personas que se han convertido en analfabetos funcionales por no saber manejar un smartphone, que hoy es el acceso a todo y muchas veces el único camino, como pasa con el certificado Covid.

La brecha que abre la digitalización en la sociedad es brutal. Su alcance va mucho más allá de la gente mayor, afecta también a personas de rentas bajas y poca formación. Según un estudio de la Fundación Cotec, el 40% de los españoles entre 16 y 74 años carece de habilidades digitales básicas, cómo será por encima de 75. Además, la exclusión digital se ha convertido en un maltrato rutinario, especialmente a raíz de la extensión del trato a distancia durante el confinamiento a servicios, como el sanitario, donde primaba lo presencial.

En una reciente encuesta de Metroscopia sobre la exclusión digital, los ciudadanos ponen de manifiesto que los trámites por internet que les resultan más problemáticos son, por este orden, las gestiones con la administración pública, seguido de las empresas de suministros básicos (telefonía, luz, gas, etc.), la solicitud de cita médica (otro servicio público), la compra de billetes de avión y los servicios bancarias. Por tanto, es un problema transversal (va mucho más allá de las personas mayores), generalizado (su alcance supera a los servicios financieros) y creciente (la digitalización acaba de empezar).

El proyecto de real decreto que regula el teletrabajo en la Administración del Estado señala que los empleados públicos podrán realizar su jornada laboral en remoto tres días a la semana. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, argumentó que con esta flexibilidad se pretende que haya funcionarios que se vayan a vivir a la España vacía. Se vayan o no, lo que evidencia es la firme voluntad del Gobierno en avanzar en la digitalización de la Administración, como queda expresado en el Plan de Recuperación, que establece su modernización como una de las diez palancas. De lo contrario el teletrabajo en el sector público es inviable. La digitalización de la Administración es un avance irrenunciable, pero que generará más exclusión. Es obvio que la innovación corre más que la capacidad de aprendizaje del común.

Hace dos meses, en este mismo espacio, planteaba la creación de una red nacional de centros de integración digital en el ámbito rural como medida para facilitar el teletrabajo de los jóvenes y, sobre todo, para acompañar a la gente mayor y analógica en sus gestiones en remoto con bancos, suministros básicos y administraciones públicas, especialmente con la sanidad.

A raíz de aquel artículo, Elena Álvarez Vázquez, directora general de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León y presidenta de la Asociación Somos Digital, me abrió los ojos a la existencia de la red de Centros de Competencias Digitales. Se trata de 2.153 centros instalados en 1.828 municipios, el 79% en pueblos de menos de 10.000 habitantes, y atendidos por 1.449 formadores o dinamizadores. Los datos suenan apabullantes, pero cuando se ve que hay 700 centros más que formadores y que una tercera parte están en Andalucía (la red Guadalinfo), se aprecia que quizás hay margen de mejora, pues algunos son un par de ordenadores con conexión a internet y sin apoyo humano.

Adicionalmente, Jesús Alique, comisionado del Reto Demográfico de la Junta de Castilla-La Mancha, me compartía la próxima apertura de cinco centros piloto, uno por provincia, en las zonas más despobladas y enfocados a facilitar las gestiones remotas, la vida al fin y al cabo, de las personas analógicas. Y esta misma semana, la vicepresidenta Teresa Ribera hacía público que va a abrir Centros Orientados al Networking Empresarial, la Cooperación y el Teletrabajo (Conect) en Cuenca, Soria y Teruel, las provincias con menor densidad de población.

Por tanto, parece que el problema de la exclusión digital ha calado en todos los niveles de la Administración, pero da la sensación de que las iniciativas en marcha se pueden completar, extender y estructurar de manera que sean más útiles, eficientes y alcancen a muchas más personas. Los fondos europeos brindan la oportunidad de crear una red nacional de centros de integración digital, en la que se desplieguen las políticas de transformación digital (Calviño), reto demográfico (Ribera) y función pública (Montero); que cuente con la participación de comunidades, diputaciones, ayuntamientos (FEMP) y grupos de acción local. Y, por supuesto, con la implicación total de las empresas privadas (bancos, telecos, energéticas, transporte, etc) que prestan los servicios.

Estos centros se pueden instalar en locales de los ayuntamientos, grandes y rurales, dar servicios de teletrabajo, formación y apoyo a las personas para las gestiones remotas con la Administración, servicios financieros, suministros básicos, compras on line, etc. Ahí se pueden instalar cajeros automáticos (los bancos han retirado 1.500 en el último año de las oficinas cerradas), zonas de recepción de paquetería. En definitiva, centros que impidan que mayores, pobres y sin formación se conviertan en los parias del siglo XXI.

 Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información. Profesor de la Universidad Complutense