El ahorro forzoso, mejor dedicarlo a la pensión

Es la palanca que mueve la economía, sobre todo cuando está en juego el bienestar futuro y el Estado se encoge de hombros

Se necesitan más de 37.000 millones de euros entre 2022 y 2024 para acabar con los números rojos del sistema de pensiones, y eso sin contar todavía con el coste de revalorizar las pensiones con la inflación. ¿De dónde proviene esta cifra? Este año parte con una diferencia entre los ingresos por cotizaciones sociales de 125.144 millones y un gasto en pensiones contributivas, las que dependen de las aportaciones de los trabajadores, de 144.335 millones, lo que supone un desfase de 20.000 millones de euros. A esta cifra hay que añadir los 17.000 millones más que costarán las pensiones en 2024.

Teniendo en cuenta que en pleno auge del mercado laboral español entre 2004 y 2008, con una tasa de paro del 8%, los ingresos por cotizaciones sociales se incrementaron en unos 27.000 millones de euros, y tras la crisis financiera, entre 2014 y 2019, esos ingresos aumentaron en unos 24.000 millones, generar esa cifra con los medios de hoy es como atacar el Everest con material de senderismo.

El artículo 50 de la Constitución establece que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Sin embargo, tal y como estableció el Tribunal Constitucional en 1994, los legisladores tienen “libertad para modular la acción protectora del sistema en atención a circunstancias económicas y sociales”. La expresión “pensiones adecuadas” no se refiere a “cada pensión o tipo de pensión” de forma individual, sino “al sistema de pensiones en su conjunto”, por lo que “las circunstancias sociales y económicas” de España no se pueden dejar nunca de lado. “Se trata de administrar medios económicos limitados para un gran número de necesidades sociales”.

Los trabajadores tienen la creencia de que el nivel de cobertura del régimen de la Seguridad Social permanecerá invariable, pero en el modelo actuarial de España los trabajadores no tienen derecho a ningún nivel predeterminado de pensiones. En las últimas reformas del sistema de pensiones realizadas para garantizar su sostenibilidad se decidió establecer uno de los mecanismos de corrección automática de los desequilibrios más duros de la UE. Ese mecanismo mantiene esencialmente constante el gasto en pensiones en los próximos 40 años, pero no aporta ningún recurso adicional al sistema por lo que España, a pesar de tener una de las poblaciones más envejecidas de la UE, tiene un nivel de gasto relativamente bajo. Se quiso entonces garantizar el equilibrio financiero, pero se olvidó asegurar el bienestar en la vejez. Es decir, que se ha garantizado una pensión, pero no está claro de cuánto será.

Cada trabajador tiene derecho a esperar, y seguro que espera, que sus prestaciones por jubilación sean similares a las que él está ayudando a pagar, sobre todo porque al calcular lo que va a aportar tras cuarenta o más años cotizados confía en que ese dinero va a estar disponible llegado el momento. De hecho, el modelo social recoge la obligación moral de un Estado respecto a unos trabajadores a los que se ha incorporado a un sistema público de pensiones de reparto, sin opción a rechazarlo y sin información sobre a cuánto ascenderá su pensión de jubilación. Un sistema público obligatorio que produce pensiones muy bajas es ineficaz e incluso se cuestiona a sí mismo. Todo el mundo se ha fiado de un Estado que, cuando hay problemas y sin haberlo advertido, recorta las pensiones y cuenta con una fatal resignación, pero lo realmente necesario se deja en segundo plano: más empleo. La evidencia y el Banco de España dicen que una mejora de la tasa de ocupación de 20 puntos porcentuales, desde el 60% actual hasta el 80% en 2050, reduciría el incremento del gasto en pensiones debido a la dinámica demográfica de entre 1,5 y 5,3 puntos porcentuales de PIB.

Es decir, una tasa de empleo del 80% —un objetivo indudablemente ambicioso dada la evolución histórica de esta variable, cuyo máximo se alcanzó en 2007 (63%)— lograría compensar solo parcialmente (entre un 50% y un 70%) el aumento del gasto en pensiones debido al incremento de la tasa de dependencia.

Hoy, dos cotizantes a la Seguridad Social sostienen la pensión de un jubilado, una tasa en caída desde el año 2007; y según las previsiones, en 2050 la tasa de dependencia será prácticamente del 100%, es decir, que cada persona en edad de trabajar sostendrá a una inactiva. La línea roja del equilibrio en los sistemas de reparto se alcanza cuando la relación entre afiliados y pensionistas es menor a dos. Para mantener las tasas de beneficio y reemplazo actuales se necesitaría que los afiliados a la Seguridad Social crecieran en 10 millones hasta superar los 27 millones en 2050. En definitiva, el mercado de trabajo necesitaría generar 3,4 millones de empleos nuevos, una cifra que implicaría, de facto, llegar al pleno empleo en España. Aumentar el empleo y la productividad permitiría que las bases imponibles de los impuestos (renta, consumo, etc) crecieran también y que el sistema pudiera recaudar más sin subir impuestos. Es obvio que cuanto más crezcan el empleo y los salarios más aumentarán las pensiones.

Como algunos dirán que esto no es realista y todo lleva a pensar que la opción política volverá a ser repartir los recursos menguantes de los que dispone el Estado, lo más recomendable, ahora que el ahorro ha aumentado y tanto el forzoso como el preventivo se acerca en total a 100.000 millones de euros, es dedicarlo a crear o reforzar cada uno su propia pensión. El ahorro es la palanca que mueve la economía y no tanto el consumo, sobre todo cuando lo que está en juego es el bienestar futuro y el Estado se encoge de hombros.

 Carlos Balado es Profesor de OBS Business School y Director de Eurocofín