A Fondo

La fatiga eléctrica

El término “histórico” para definir la escalada de los precios de la luz se ha agotado, casi tanto como la paciencia del consumidor

La fatiga eléctrica
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El año 2021 podría pasar a la historia por el abuso de los medios de comunicación del adjetivo “histórico” en lo que se refiere a los precios de la electricidad. Prácticamente cada día, desde el pasado agosto, se ha venido registrando algún récord histórico (redundancia, pues todo récord lo es) en las cotizaciones del mercado mayorista de la luz: cuando no ha sido el mayor precio de la historia en un día, lo ha sido en un fin de semana, en una noche, en determinadas horas del día, en cualquier día de la semana, en varias jornadas consecutivas o en cualquier tipo de efeméride.

Aunque el término histórico debería reservarse para grandes acontecimientos y su calificación esperar a que el tiempo lo determine, en el mundo de la electricidad en España se “ha pulverizado” (último grito de titular) un diccionario que no da más de sí. Y teniendo en cuenta que el precio no tiene visos de mejorar en el primer semestre de este año (incluso podría empeorar en los primeros meses), el síndrome de la ansiedad eléctrica tampoco encontrará remedio a corto plazo.

¿Por qué ocurre esto en España? ¿La gravedad de los precios de la luz se corresponde con el nivel de padecimiento de unos consumidores sometidos a los datos diarios del precio del mercado mayorista de la electricidad (pool)? Y, ¿por qué lo sufren tanto los afectados directamente por las cotizaciones del mercado mayorista (los casi 11 millones acogidos al precio regulado o PVPC), como los que están en el mercado liberalizado (los más de 16 millones que mantienen contratos bilaterales con sus comercializadoras), a los que no les afectaría directamente aunque sí indirectamente.

Es ya conocido que el sistema español para fijar el precio regulado con el que se pretende paradójicamente proteger al pequeño consumidor (el que tiene contratada una potencia inferior a 10 kW), y especialmente a los vulnerables, utiliza como referencia el precio del pool, que se fija mediante subastas de un día para otro y para cada hora del día. Un mecanismo heredado del primer Gobierno de Mariano Rajoy, que ha resultado infernal: no solo por la volatilidad sin precedentes de los precios por motivos políticos (el empeño de Bruselas de mantener el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 en su lucha contra el cambio climático) como geopolíticos (la reducción de la oferta del gas de Rusia, en medio de su conflicto con Ucrania), sino porque somete al consumidor a una información del precio en tiempo real, cuando el que paga es el promedio en un mes en su factura mensual.

Aunque la gravedad de la situación sería la misma, conozca o no el precio cada día, la fatiga psicológica del usuario sería menor. Otros productos energéticos, como los carburantes, también se han encarecido, y el efecto no es el mismo: no hay saturación informativa y no están sometidos a las volatilidad de la electricidad, el bien más esencial. Además, el afán de mezclar la situación de los pequeños consumidores que siguen en el mercado regulado y a los que han optado por el mercado libre hace que estos, sin ser conscientes de que tienen un precio fijo para todo el día, se angustien buscando las más baratas que marca un pool, cuando no va con ellos.

En plena vorágine, el Gobierno no puede cambiar el PVPC por un mecanismo de precios a medio o largo plazo con un margen de coberturas, porque los futuros, a los que podrían adquirir hoy la energía las comercializadoras de referencia, están disparados. Teniendo en cuenta los fordwards de enero, la factura de los usuarios con PVPC podría subir este mes más de un 40%. Esta subida incluye los cambios de la parte fija de la factura que han entrado en vigor el 1 de enero: una bajada media de los peajes de acceso a las redes del 4,6% que ha determinado la CNMC y un ajuste al alza del recorte que el Gobierno aprobó en septiembre para los llamados cargos, que pasan del 96% al 30%. A ello se une la prórroga por cuatro meses del recorte de los impuestos que gravan la factura: el IVA, del 21% al 10%; el impuesto de la electricidad, del 5% al 0,5%, y la eliminación del impuesto del 7% a la generación hasta marzo.

Con estas medidas, el Gobierno da por agotadas las herramientas que le han permitido contrarrestar el tsunami de los precios de la electricidad (eso sí, podría prorrogarlas más allá de abril o bajar más el IVA) y más teniendo en cuenta el poco rédito político que le han proporcionado. Cuando intentó que las grandes eléctricas contribuyeran a una bajada de la factura reduciendo los beneficios llovidos del cielo de su nuclear e hidráulica, se resistieron duramente.

Atrás quedaba aquel espíritu benefactor de Iberdrola, Endesa o Naturgy de los comienzos de la pandemia, cuando se convirtieron en hermanas de la caridad regalando las mascarillas o respiradores o por aplazar sin recargo el cobro de los recibos. Un espíritu que habría sido más necesario ahora, en plena crisis de precios. También las renovables se han puesto de perfil al negarse a aplazar parte de los ingresos por sus retribuciones específicas, cuyo sistema le está permitiendo duplicar y triplicar su rentabilidad gracias a los altos precios del pool.

El Gobierno parece haber tirado la toalla, más aún después del circo que el presidente Pedro Sánchez levantó a cuenta de su promesa de que los hogares pagarían este año lo mismo que en 2018. Un año lejano y una promesa de complicado cálculo para unos consumidores que tienen claro que, sea como sea, pagan más, dígalo quien lo diga. Para el Ejecutivo la crisis eléctrica va más allá de la protección de la factura de los hogares y se ha convertido en un grave problema macroeconómico.

La inflación provocada por los precios de la energía, que ha llevado al IPC a niveles de hace 29 años, es el gran reto de este Gobierno, pues amenaza el necesario crecimiento económico, el empleo y la pérdida de poder adquisitivo, con el consiguiente germen de cultivo de un profundo malestar social, todavía enmascarado por las medidas de protección laboral en el marco de la incesante pandemia de Covid. Muchos desean que lo que se ha calificado como una situación coyuntural (para empezar, la Comisión Europea y otros países del norte) lo sea o que, al menos, esta no deje secuelas estructurales.

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