Tribunales y reestructuraciones

El administrador de Abengoa, partidario de no sumarse a la querella contra Urquijo

La votación a favor en la junta no obliga al administrador concursal; el gran peligro está en que la propia compañía acabe imputada

Felipe Benjumea, presidente de Inversión Corporativa, y Gonzalo Urquijo, expresidente de Abengoa.
Felipe Benjumea, presidente de Inversión Corporativa, y Gonzalo Urquijo, expresidente de Abengoa.

Abengoa no se sumará a la querella que Inversión Corporativa (IC), sociedad controlada por los Benjumea, mantiene contra el consejo de administración presidido por Gonzalo Urquijo. EY, el administrador concursal, tiene la última palabra en todas las decisiones de la empresa, y especialmente en esta, que puede implicar consecuencias directas en los procesos simultáneos de concurso de la matriz y de Abenewco 1. Fuentes financieras señalan que la empresa ha decidido no adherirse a la querella por varios motivos, entre los que destaca que la propia compañía pueda acabar imputada, como publicó CincoDías el pasado 28 de octubre.

La querella fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla el 16 de octubre de 2020, y fue ampliada posteriormente en julio de este año, por los indicios de que el segundo rescate de Abengoa, firmado en 2019, fuera parte de un plan preconcebido que habría dado comienzo ya en el año 2016. Inversión Corporativa (con un 1,5% de la matriz), aliado con otros accionistas de Abengoa, presentó un completo de convocatoria de junta, al sumar más del 3% del capital, y la reunión del pasado martes se pronunció a favor de “la adhesión de Abengoa a la querella inicial y a su posterior ampliación”.

Los investigados son Gonzalo Urquijo, Manuel Castro, José Luis del Valle, José Wahnon, Ramón Sotomayor, Pilar Cavero, Josep Piqué y Christian Anders. La junta también votó a favor de interponer una acción social de responsabilidad contra todos ellos, así como contra Juan Pablo López-Bravo, presidente de la compañía de diciembre del año pasado al 1 de octubre de este ejercicio, y contra Margarida de la Riva. Ninguna de estas votaciones es, sin embargo, vinculante para EY, de manera que Abengoa no se adherirá a la querella ni tomará medidas contra sus exconsejeros, según las fuentes consultadas.

Personarse, en estudio

Otra cuestión diferente es que el administrador concursal de Abengoa estudie personarse en la causa. Esto permitiría al grupo tener ojos, oídos y boca en el procedimiento penal. Tendría abierta la posibilidad de recurrir las resoluciones que considere dañinas para sus intereses. Cierto es que el mismo juez podría denegar la personación de la compañía en la causa.

De entrada, esta fórmula no supondría impacto alguno sobre el concurso de la matriz ni sobre el rescate de la filial operativa y sí permitiría a la compañía tener un estricto control del proceso.

El propio presidente de Abengoa y líder de la sindicatura de los minoritarios AbengoaShares (con un 21% del capital), Clemente Fernández, se pronunció en contra de distraerse en cuestiones judiciales en la junta que la empresa celebró el pasado martes. “Voy a seguir procesos constructivos en la compañía, no me voy a meter en líos de demandas ni a levantar alfombras [...]. Yo he venido aquí a gestionar y a levantar un proceso que de por sí creo que va a ser bastante complicado”, afirmó. Y derivó la responsabilidad sobre este punto en el administrador concursal.

El asunto crucial ahora es rescatar a la filial operativa, Abenewco 1, de la mano de la SEPI, que ha de inyectar 249 millones, y un tercer inversor. La única oferta en firme, de momento, es la del fondo estadounidense Terramar, pero Clemente Fernández confía en que se presentará otra en breve, más favorable para los accionistas de la matriz.

Un proceso paralelo contra Santander y HSBC

En marcha. Todavía hay recorrido judicial hasta llegar al Supremo, pero Santander y HSBC ya se han apuntado una victoria. El pasado enero un juzgado de Madrid desestimó la demanda interpuesta por Inversión Corporativa, que reclama más de 1.000 millones a las entidades por la crisis de Abengoa. La sentencia razona que el plazo de prescripción expiró un año después de los hechos que relata la demanda, correspondientes a septiembre de 2015. Inversión Corporativa aduce que los bancos adujeron como “condición indispensable e inexcusable” para asegurar una ampliación de capital que Felipe Benjumea abandonara su cargo “para mejorar la imagen de eficiencia en la gestión de la sociedad”. Así, a juicio de IC, “mataron a Abengoa”.

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