Reestructuración

Estocolmo se declara incompetente para resolver el laudo por el que Abengoa pide 1.180 millones a España

El grupo de ingeniería había solicitado la indemnización por el cambio en la retribución de la energía verde de 2013.

Una de las Torres de la Plataforma solar Solúcar,
Una de las Torres de la Plataforma solar Solúcar, EFE

Abengoa, en el día de una junta de accionistas clave, ha recibido noticias sobre su laudo sobre renovables por 1.180 millones contra España, justo cuando el grupo de ingeniería está pidiendo socorro al país. El veredicto del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo es que no hay veredicto: declara que "carece de competencia" para decidir sobre esta cuestión, según ha informado la compañía a la CNMV.

La cámara no entra al fondo del asunto, y Cuatrecasas estudiará ahora si es conveniente seguir litigando. Pero Abengoa sí tendrá que asumir el 75% de las costas del arbitraje por 1,25 millones de euros, más el mismo porcentaje de los costes asumidos por España, que suman 6,78 millones. En total, la factura de Abengoa es de unos seis millones de euros. La compañía señala al supervisor que "está analizando el citado laudo, sus efectos, y las posibles acciones que puede emprender en relación con el mismo".

El Gobierno de Mariano Rajoy, con una situación ciertamente complicada desde el punto de vista presupuestario, decidió sustituir el sistema de primas a las energías verdes por otro de una rentabilidad mínima garantizada del 7,398%. En junio de 2013, Abengoa presentó la solicitud de arbitraje por seis plantas termosolares.

La empresa recabó entonces los servicios del bufete Cuatrecasas para pelear por el caso. La Abogacía del Estado, entretanto, representó a España. Abengoa no aceptó la retribución garantizada mejorada en 2019 a cambio de no reclamar y prefirió seguir adelante con el arbitraje. Este martes se ha conocido que, al menos en esta instancia, no ha obtenido una respuesta.

Ambos signos

Otras empresas también acordaron ir a organismos especializados para discernir quién tiene la razón: si el inversor o el país. Los veredictos, que en todo caso son recurribles, han sido para todos los gustos a lo largo de este tiempo.

Precisamente, el pasado marzo, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Estocolmo –el mismo que se pronunciará sobre el caso de Abengoa– rechazó que el fondo Freif, que fue comprado por BlackRock en 2017, tenga que ser indemnizado con 124 millones de euros por el recorte a las renovables en España. El organismo ha condenado, además, al fondo a pagar 2,7 millones de euros por las costas judiciales.

En cambio, en septiembre del año pasado se conoció que España perdió parcialmente otro de los laudos del medio millar de arbitrajes presentados por inversores afectados por el recorte de las renovables. Fue por una reclamación presentada por la portuguesa Cavalum SGPS ante el Ciadi (organismo arbitral del Banco Mundial) contra España.

El número de reclamaciones contra España ascendió en un principio a 50 por unos 10.000 millones de euros. Las dos primeras decisiones sobre estas disputas fueron favorables a España, pero después se produjo un aluvión de resoluciones contrarias a sus intereses. La buena noticia, para el país, es que las expectativas de indemnización de los reclamantes se reducen de manera notable, en torno a un 60%, una vez que se ponen a pactar el importe.

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