¿Es sostenible un Estado que paga 16 millones de nóminas al mes?

El gasto en pensiones, empleo público y parados suma 300.000 millones al año, más que los ingresos previstos en cotizaciones sociales, IRPF e IVA

En estos días se está produciendo el debate público y la negociación de dos temas claves para el presente y futuro de este país y sus ciudadanos: el nuevo marco laboral y las cotizaciones a la Seguridad Social; es decir, la regulación de las personas en activo y sus futuras pensiones. Sin embargo, pese a su importancia, el nivel de la discusión pública es muy pobre, centrada en cuestiones semánticas (derogación o reforma), en lugar de poner encima de la mesa los datos con los que construir una normativa realista y sostenible. En juego están el bienestar de las familias y la viabilidad de España.

El punto de partida es que España tiene 47,4 millones de habitantes, de los que solo la mitad (23,4 millones) son activos, que están en edad de trabajar (16 años o más) y podrían hacerlo. Pero si dividimos España entre los que trabajan en el sector privado y los que dependen del Presupuesto General del Estado, encontramos dos mitades casi con el mismo número de personas. Las empresas privadas pagan el sueldo a 16,5 millones de trabajadores, mientras que el sector público abona cada mes la nómina a 15,9 millones de personas, cifra que se va a casi 16,2 millones si se suman los trabajadores en ERTE, cuyo sueldo es pagado entre el Estado y su empresa.

Ese volumen de nóminas públicas generó un gasto de más de 25.200 millones de euros en el mes de septiembre pasado (ver cuadro). Por tanto, el gasto anual que asume el Estado se eleva a 300.000 millones, importe que se distribuye entre 10,3 millones de pensionistas, 3,48 millones de empleados públicos, 1,8 millones de parados que cobran prestación y 316.000 que perciben el ingreso mínimo vital (IMV).

¿Puede este país soportar ese gasto corriente? Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 que ha llevado el Gobierno al Congreso dirían que no. El conjunto de ingresos del Estado previsto para el próximo año es de 376.000 millones, que prácticamente proceden de cotizaciones sociales (168.000 millones) y por impuesto sobre la renta (74.000 millones) e IVA (43.000 millones). Estas tres partidas (cotizaciones, IRPF e IVA) no alcanzan para cubrir las nóminas del sector público, que una vez pagadas, dejarían 80.000 millones para el resto de políticas.

¿Quiere esto decir que hay que recortar esas nóminas? No parece que haya margen. Pensionistas y parados cobran poco más de mil euros al mes de media, de manera que poco se puede tocar, y el coste medio del trabajador del sector público (3.580 euros), aunque supere en 700 euros a la media del privado, tampoco parece que sea un despropósito si se tiene en cuenta que incluye cotizaciones sociales y el IRPF, que superarán más de 1.500 euros al mes y vuelvan a retornar al Estado. Igualmente, es difícil de cuestionar la necesidad del IMV (436 euros al mes) o de la renta activa de inserción (451 euros), dado que sería mandar a la marginalidad absoluta a muchas familias.

Por tanto, si por el lado del gasto es difícil meter mano, solo queda el camino de los ingresos, y ahí se abren dos rutas: subir impuestos y cotizaciones o ensanchar la economía. La primera es la fácil, solo depende de la decisión del Gobierno, pero puede frenar la actividad, lo contrario de lo que se necesita, y, además, es muy impopular, ya que resta recursos a las clases medias, las que deciden quién gobierna. La segunda opción, hacer crecer la economía, es tan obvia como difícil de aplicar. Además de la voluntad del Gobierno de turno, que debe contribuir con un clima social, político y laboral para sembrar las mejores condiciones, necesita de una buena coyuntura.

Los problemas de las cuentas de España se resolverían de un plumazo si el sector privado empleara a 18,5 millones de personas, en vez de 16,5 millones. El impacto sería aún mayor si esos dos millones de nuevos empleos salen de la lista de 3,5 millones de parados. Esta creación de empleo, que requiere de varios años de fuertes tasas de crecimiento, multiplicaría los ingresos por cuotas a la Seguridad Social, con lo que se salvarían las pensiones a corto y largo plazo, aumentaría los ingresos por impuestos directos (renta) e indirectos, más consumo, y además reduciría el gasto en prestaciones sociales, paro e IMV. Sin embargo, la última encuesta trimestral de coste laboral señala que en el segundo trimestre de este año se dejaron de cubrir 119.212 vacantes de puestos de trabajo, de las que el 88,6% eran en el sector servicios. En un país con 3,5 millones de personas que dicen que buscan empleo, resulta llamativo que haya centenares de miles de puestos sin cubrir.

¿A qué se debe esta tremenda contradicción? Quizás la respuesta esté en que el salario mínimo interprofesional (965 euros al mes) está por debajo de la prestación media por paro (1.047 euros) y no lo suficientemente lejos de los 451 euros de la renta activa de inserción, que cobran 138.485 personas. Por tanto, no es extraño pensar que los salarios que se ofrecen sean demasiado bajos y no incentivan a abandonar el subsidio. Además, es probable que la normativa laboral no ayude.

Hay consenso en que el camino es más sector privado, pero con sueldos y condiciones que resulten atractivos a empleador y empleado. Más sector privado reduciría la carga asistencial del sector público, que podría invertir más en digitalización y eficiencia. Este es el círculo virtuoso, querido Gobierno.

Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información. Profesor de la Universidad Complutense