'Data Mining' contra la corrupción en los fondos europeos
Gracias a herramientas basadas en datos es posible detectar situaciones de conflicto de intereses en la gestión pública
No a la corrupción en los fondos europeos. Ese fue el mensaje claro que enviaba la Comisión Europea a España a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y ahora podemos afirmar que el mensaje ha sido escuchado. Escuchado y traducido al BOE por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en forma de exigencia de planes antifraude a todas las entidades gestoras del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Con esta regulación se da un gran paso, un significativo avance en la introducción de las técnicas de compliance en la gestión pública, que algunos llevamos tantos años promoviendo. Una cuestión previa. La norma señala expresamente que los requerimientos exigidos en la lucha contra el fraude y la corrupción no se contemplan con el alcance requerido en la dinámica de gestión tradicional, de ahí que deba exigirlos ex novo en el caso del plan. Una elegante forma de decir que estos requisitos no se exigen con carácter general en la gestión de los demás fondos públicos.
La pregunta es ¿por qué no? Según el Barómetro global de la corrupción UE 2021, en España el 34 % de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en los últimos 12 meses, mientras que un 40 % cree que se ha mantenido el nivel y solo un 23 % cree que la corrupción ha disminuido en el último año. Parece que la corrupción es un problema que es necesario afrontar en la gestión de todos los fondos públicos, no solo en la gestión de proyectos que financia Europa.
En este planteamiento (parcial) de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción cobra especial importancia el papel de las nuevas tecnologías. La tramitación electrónica del conjunto de los procedimientos administrativos, de contratación, de subvenciones, etc., facilitan enormemente la utilización de procesos de automatización, RPA, el establecimiento de banderas rojas a través de sistemas de alertas electrónicos.
Gracias a herramientas de prospección de datos (data mining) o de puntuación de riesgos, como la europea Arachne, desarrollada por la Comisión Europea, es posible detectar las situaciones de conflicto de intereses ya que permite mostrar los vínculos jurídicos entre empresas y personas, y, en consecuencia, es capaz de detectar los riesgos, son solo algunas de las posibilidades que permite la tecnología como aliada de la integridad ofrece ante esta nueva necesidad de gestionar los riesgos de corrupción.
Porque en las nuevas exigencias presenta especial interés el protagonismo de los conflictos de intereses, la confusión entre intereses públicos y privados tan típica en el país del Lazarillo de Tormes. Hasta un 40 % de los españoles admiten haber utilizado contactos personales para acceder a servicios públicos, es decir, la falta de estándares de integridad y ética es un problema sistémico (y el porcentaje es solo el de los que lo reconocen). Por eso, las políticas de prevención y lucha contra la corrupción deberían formar parte de los sistemas de integridad institucional de todas (todas) las administraciones públicas.
Bienvenido pues el mensaje. No a la corrupción en la gestión de los fondos europeos. Pero debemos enmendarlo, no a la corrupción en general. No olvidemos que el último informe sobre el Estado de Derecho en España en 2021, elaborado por la Comisión Europea, afirma de un modo concreto que España carece de una estrategia anticorrupción específica. Parece que, lamentablemente, seguirá siendo así, salvo para los Fondos Europeos. Aprovechemos la oportunidad y extendamos los planes de compliance al conjunto de la gestión pública. Hagamos de la necesidad virtud.
Concepción Campos Acuña, doctora en Derecho y codirectora de Red Localis.