Abogados jóvenes, supervivientes de la precariedad

Son empleados como falsos autónomos, con sueldos inferiores a mil euros mensuales y más de 40 horas de trabajo a la semana

Una mujer firma un documento jurídico. Getty Images
Una mujer firma un documento jurídico. Getty Images

Se buscan abogados júnior y juristas para incorporarse de forma presencial en un bufete de Orihuela (Alicante). Experiencia en redacción de demandas, contestaciones, recursos y otros escritos de carácter procesal. También en la preparación y celebración de vistas. Jornada completa y contrato como autónomo con una retribución de entre 600 y 900 euros al mes.

Así rezaba una oferta de trabajo publicada este año en el portal Infojobs. No es la única. Basta con hacer un recorrido por Internet para encontrar propuestas similares, aunque se basan en una práctica ilegal: la contratación de letrados como falsos autónomos cuando en realidad son personal laboral.

Según los últimos datos extraídos de una encuesta realizada en 2017 por la Confederación Española de Abogados Jóvenes, se trata de una técnica que en España han sufrido más del 50% de los abogados con hasta cinco años de ejercicio profesional. Su jornada laboral superaba entonces las 60 horas semanales. Además, un 40% de ellos recibía una remuneración que apenas alcanzaba los 6.000 euros al año, o lo que es lo mismo, los 500 euros al mes; mientras que otro 10% prestaba sus servicios de forma gratuita. Cuatro años después, y a pesar de que no se ha realizado otra estadística nacional de seguimiento, muchos de estos letrados se encuentran en una situación parecida.

Así lo pone de manifiesto una encuesta realizada por la Agrupación de Abogados Jóvenes de Madrid para este reportaje. El 68,5% de los letrados madrileños confiesa que el principal problema al que se enfrentan es la “precariedad laboral”. Un 39,8% recibe menos de 13.300 euros brutos al año y el 41,2% trabaja más de 40 horas a la semana sin compensación de las extraordinarias.

“El problema es que, si no aceptas que te contraten como falso autónomo, te quedas sin trabajo. Y eso no es una opción cuando te estás abriendo camino en la profesión. En España hay muchísimos abogados. Si no coges tú el empleo, vendrá otro que lo hará por ti. Y cuando vienes de una familia con un nivel económico normal, que ha invertido todo y más en tu formación, no puedes decir que no porque los recursos son limitados”, explica Rosa, una abogada joven que prefiere no revelar su nombre real para no quedar marcada profesionalmente. “Para ser abogado, además de estudiar cuatro años de Derecho, hay que superar el máster de acceso a la abogacía, que cuesta varios miles de euros, y aprobar después el examen nacional. Además, si vives en Madrid, donde se concentra buena parte del trabajo, y tienes que pagar unos 400 euros más gastos por una habitación en un piso compartido, no estás para muchas renuncias”, apostilla.

Estos letrados conocen mejor que nadie sus derechos laborales, pero ceden porque no pueden “vivir del aire”. Los despachos que acuden a la figura del falso autónomo, vulnerando la ley, lo hacen porque les abarata significativamente los gastos de contratación: no tienen que pagar el salario mínimo ni que respetar las jornadas máximas de trabajo que prevé el Estatuto de los Trabajadores. Tampoco seguros sociales ni indemnizaciones en caso de despido. Sin embargo, los abogados son a todas luces empleados, aunque sin protección, ya que están sujetos al ámbito de dirección y organización del titular del bufete.

Volver al armario

Roberto, otro abogado júnior que prefiere emplear un nombre ficticio, explica que, aun estando contratado laboralmente, sus condiciones son abusivas. “Estoy trabajando con un contrato de ocho horas por el salario mínimo”, 965 euros, pero la jornada se suele alargar más. “Mi actual jefa se excusó para contratarme así en que no tenía mucha experiencia en sala. Circunstancia que no le importó para mandarme a un juicio a los dos días de empezar y, a los cuatro, a otro”. Tras adquirir práctica en los juzgados, su sueldo no ha mejorado.

En su caso, además, tiene que lidiar con los comentarios homófobos de su jefa, razón por la que no se ha atrevido a confesar su homosexualidad. No es una excepción. Según el Proyecto ADIM desarrollado por los Gobiernos de España y Portugal y por la Universidad Complutense de Madrid, en 2020 siete de cada diez empleados pertenecientes a la comunidad LGBT+ tenían que volver al armario cada día en su trabajo. Y ello por miedo a las burlas, a dejar de ser valorados por su talento profesional o a perder el empleo. Por eso, Roberto pone en valor las iniciativas de firmas de abogados “más potentes” que buscan que todos los trabajadores se sientan incluidos con independencia de su orientación sexual. Y ello porque es “muy duro tener que renunciar cada día a ser uno mismo”.

Laura, que lleva pleiteando más de cuatro años, también ha sentido discriminación dentro de la abogacía. Unas veces de forma sutil y otras más evidente. “Lo típico de ir a un juicio y que por ser mujer y joven ninguno de tus colegas piense que eres la abogada contraria, sino la procuradora. O que los propios clientes duden de tu valía por estas circunstancias. Mal que pasa también con los letrados júnior, no con la misma intensidad”. Aunque reconoce que las mujeres ascienden profesionalmente, “lo solemos hacer en departamentos legales administrativos u organizativos, para llevar temas de plazos, por ejemplo. Pero es raro ver a abogadas jóvenes en los departamentos encargados de diseñar la estrategia jurídica de los asuntos”, explica.

Brecha de género

Según el último estudio de Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía Española sobre igualdad de género, “los abogados poseen una mejor situación que las abogadas para ascender en la profesión”. De hecho, se estima que ellas son apenas un 20% de los socios de los grandes despachos. Con casi cinco años de ejercicio, Lorena pone el foco en “la maternidad”, que “frustra que muchas mujeres puedan llegar a puestos de responsabilidad. Si no tienes una buena conciliación con tu pareja u horarios flexibles, es muy difícil poder dedicarte absolutamente a tu trabajo, que es lo que se exige para ascender. Creo que el techo de cristal no es provocado de manera directa por el hecho de ser mujer, sino por todo lo que conlleva ser mujer”. Por eso, la letrada pide que se trate a los hombres y a las mujeres igual porque ellos sí “pueden compatibilizar ser padres con llegar a los puestos de responsabilidad”.

Una demanda a la que también se suma Santiago, que explica que las cosas están cambiando en los profesionales de su generación. Los abogados jóvenes ya no demandan tanto los puestos en grandes despachos o consultoras de relumbrón a cambio de perder “calidad de vida”. Muchos de ellos prefieren trabajar con niveles de estrés o ansiedad que no perjudiquen su salud mental en bufetes más pequeños o medianos. Y dando preferencia a las soluciones tecnológicas que permiten combinar presencialidad con teletrabajo. En definitiva, no quieren tener que “engullir la comida delante del ordenador del despacho”, sino “mayor flexibilidad horaria para conciliar vida personal y profesional, así como poder desconectar digitalmente”.

Prácticas abusivas dentro de la profesión

Becarios precarios. Antes de llegar a colegiarse, los jóvenes juristas tienen que desempeñarse como becarios en despachos para adquirir experiencia. El problema llega cuando, tras superar el máster habilitante y el examen de acceso, siguen prestando servicios en esta situación sin ningún tipo de salario. Y ello bajo la excusa de que reciben formación en concepto de retribución, cuando realizan las actividades propias de un trabajador. Se trata de una situación fraudulenta, pues como ha dicho el Tribunal Supremo, la finalidad de la beca es facilitar la formación del becario, y no la de incorporar los frutos del estudio al patrimonio de la persona que la otorga.

Contratos de formación. Algunos abogados júnior son empleados mediante contratos temporales de formación, donde una parte de la jornada es de trabajo efectivo y otra de teoría. Sin embargo, no son pocas las denuncias de fraude, especialmente en firmas que se dedican a temas masivos como el Bancario. Son utilizados como mano de obra muy rentable para sacar adelante grandes volúmenes de expedientes de manera idéntica que los abogados con más antigüedad. Asumiendo funciones similares, cobran el salario mínimo. Y cuando deben hacerlos indefinidos, les dicen adiós.

Convenio colectivo. Una de las eternas reclamaciones del sector es el convenio colectivo al que se remite el real decreto que regula la relación laboral de carácter especial de los abogados, pero que no existe. El tipo de contrato o el periodo de prueba se refieren a esta norma. Como no hay un convenio de aplicación exclusiva a los despachos, suele regir el de oficinas, aunque el trabajo de administrativos y abogados no sea el mismo.

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