A favor de un presupuesto a la contra

Los países que cuidan el equilibrio presupuestario ahorran en épocas de bonanza para tener un colchón de gasto. Eso no se cumple en estas cuentas

Cervantes recordaba en el Quijote que “el que no sabe gozar de la ventura cuando le viene, no debe quejarse si se pasa”. Algo parecido sucede con los Presupuestos Generales del Estado que ayer se presentaron en el Congreso de los Diputados. Ya venían algo trastabillados por las dudas y contradicciones que habían afectado a la evolución del cuadro macroeconómico. En España no aprendemos y el signo político pocas veces tiene que ver. Las economías que mejor protegen su estabilidad presupuestaria y niveles de deuda –que es la de todos y marca buena parte de la protección y el devenir de familias y empresas– tratan de ahorrar en épocas de bonanza para tener un colchón de gasto cuando vienen mal dadas. En España, sin embargo, llevamos tiempo gastando cuando se crece y cuando no.

En la maraña mental, convertida en enfermedad social, que es crear leyendas sobre buenos y malos y difundirlas como si fueran hechos contrastados, el trasfondo de unas cuentas públicas con excesivo gasto es que hay que apoyar para salir de la crisis de la Covid-19 de forma contundente. Para dar mayor soporte a esta consideración, se recuerda que en la crisis financiera la UE y muchos países particularmente afectados –como España– no ofrecieron suficiente apoyo fiscal y eso hizo que la salida de aquel embrollo y sus negativas consecuencias se prolongaran mucho más de lo que hubiera sido preciso. Es una verdad a medias. Por un lado, es cierto que la UE tuvo que haber actuado de forma unida mucho antes y no sucedió, lo que hizo que el Banco Central Europeo acaparara un papel casi exclusivo, aunque algo tarde (a partir del verano de 2012). Sin embargo, es difícil argumentar que países como España estuvieron atados por la austeridad. A pesar del control de Bruselas, venimos registrando déficit por encima del crecimiento del PIB muchos años. Si usted gasta más de lo que genera, está endeudándose, no siendo particularmente austero. A un país le pasa lo mismo.

Sucede también que precisamente ahora la UE va a dar fondos que suponen un importante apoyo fiscal, en gran parte de manera solidaria y que, por lo tanto, solo van a afectar parcialmente al debe de las cuentas públicas españolas. Sin embargo, el presupuesto se ha subido a esa ola, con una proyección de equilibrio de ingresos y gastos preocupante y con la deuda disparada. Podría haberse aprovechado la circunstancia de un apoyo comunitario inusitado para guardar un poco la cartera, pero no… se ha apostado por aumentar fuertemente el gasto social en un contexto de crecimiento –que soluciona por sí muchos desarreglos–, y que puede quedar en gasto sin contrapartida productiva. Ni tan siquiera con el efecto de apoyo social que se presuponía.

En lo que respecta a la distribución, a los economistas nos gusta recordar cada año una restricción difícil de salvar: hay partidas más que comprometidas porque forman parte de la estructura del sector público y de la cobertura del Estado del Bienestar. Entre las que han engordado y lo seguirán haciendo están las partidas sociales. Aunque las destinadas a desempleo (costes parciales de los ERTE incluidos) reducirán algo su impacto –porque el próximo año debe ser más favorable que éste o el anterior– sigue siendo una buena porción de la tarta, en la que las pensiones son un bizcocho cada vez más grueso. Respecto a éstas últimas ya nadie –en el hemiciclo– parece discutir la inconveniencia de su indexación a la inflación, algo casi imposible años atrás. Hoy cualquier reconsideración de las pensiones parece tener un coste electoral demasiado alto.

Si realmente el cambio está en la innovación y la ciencia –supuestamente habíamos aprendido algo de la pandemia sobre el valor de esas inversiones–, puestos a soltar las riendas del gasto, podría haberse dejado correr algo más a estos caballos. El gasto en investigación y ciencia ha aumentado, pero sigue siendo un invitado de poca categoría en la fiesta. La comunidad científica ya ha advertido que ese objetivo de llegar al 1,25% del PIB en 2030 en gasto en I+D es pírrico. Nos condena a seguir en los vagones de cola.

La gran pregunta es en qué medida el apoyo de la UE podrá paliar los problemas de sostenibilidad y falta de transformación que se traducen de los Presupuestos. La música no sonaba mal porque la implicación del sector privado y la elaboración de proyectos tractores podrían articular algún avance coordinado que elevara la capacidad tecnológica y la productividad. Sin embargo, persisten muchos interrogantes sobre el destino final de los fondos. Los que se van liberando no siempre parecen ir en la dirección esperada y de la parte fundamental que deberá llegar a partir de 2022 hay que esperar más coordinación y trascendencia reformadora. Mala señal sería que parte de los fondos no pudieran gastarse por problemas de articulación y burocracia, una desgracia que, por ejemplo, se observa con el gasto en I+D.

Siempre cabe alabar la parte social de las cuentas públicas. Todos los gobiernos deben aspirar a la equidad y se les presupone, pero se echa de menos la orientación a una verdadera transformación productiva. No obstante, ser anticíclico, o sea, ir a la contra implica ser ahorrador cuando estamos creciendo y gastar más cuando la economía se desacelera. Esto no se cumple con estos presupuestos.

Santiago Carbó es Catedrático de Economía de la Universidad de Granada, Director de Estudios Financieros de Funcas y colaborador de CUNEF