Buenas intenciones y despropósitos en el sector eléctrico

El Gobierno debería rectificar para centrarse en ayudar a los consumidores vulnerables, que son quienes realmente lo necesitan

No cabe duda de que estamos viviendo una situación de tensión sin precedentes en el mercado eléctrico. El Gobierno reaccionó con buenas intenciones, aprobando un real decreto-ley (RDL) destinado a limitar el impacto de la subida de los precios sobre los hogares, pero lo hizo de forma precipitada, con efectos no previstos y no deseados.

Una de las medidas aprobadas fue la creación de nuevos impuestos a los generadores (disfrazados de “minoraciones de ingresos”) para retirarles supuestos “beneficios no merecidos” derivados del incremento en los precios. Las empresas eléctricas no tardaron en señalar que venden electricidad bajo contratos con precio fijo y que el importe del impuesto excedía el precio de esos contratos, lo cual es un absurdo. El Gobierno reaccionó emitiendo una nota aclaratoria eximiendo del impuesto a los generadores independientes si venden su electricidad bajo contrato y a precio fijo.

La nota aclaratoria es de dudosa validez jurídica (carece de rango legal para modificar un RDL) y, además, es discriminatoria, porque no exime a los generadores de empresas verticalmente integradas que venden su electricidad a precio fijo por medio de un comercializador. Como consecuencia, consumidores industriales que habían celebrado contratos a precio fijo han recibido burofaxes de sus comercializadores para renegociar sus contratos e incrementar sus precios. Así, el RDL tendrá como resultado un mayor coste para los grandes consumidores industriales, que puede llegar a amenazar su viabilidad.

Otro efecto es que los generadores que no han sido eximidos incorporan el impuesto a sus ofertas en el mercado de generación para evitar incurrir en pérdidas si son llamados a producir electricidad. Como resultado, ha habido plantas eólicas que han dejado de funcionar porque el precio del mercado era insuficiente para pagar el nuevo impuesto, llevándonos a importar electricidad no renovable desde Francia y Marruecos.

El RDL también tendrá efectos a medio y largo plazo, ya que la minoración sienta un peligroso precedente. Los generadores invierten en nuevas centrales, amplían capacidad o extienden sus vidas útiles precisamente porque esperan poder recuperar parte de su inversión cuando los precios se incrementan. Pero si anticipan que el Gobierno va a intervenir cada vez que ello ocurra, dejarán de invertir y cerrarán centrales, y el resultado será un mayor precio en el mercado.

Este conjunto de despropósitos tiene su origen en un diagnóstico equivocado del problema pues, salvo los consumidores vulnerables, los que están expuestos al precio spot es porque así lo han decidido, porque consideran que a largo plazo es la opción de menor coste. Y, si cambian de opinión, pueden simplemente celebrar un contrato a precio fijo en el mercado libre, sin necesidad de que el Gobierno intervenga. Porque, aunque el precio de los contratos en el mercado libre también ha subido, lo ha hecho en mucho menor medida que en el mercado spot y apenas supone unos 15 euros al mes en la factura del hogar medio, algo asumible por la mayoría de los hogares.

Los únicos consumidores a los que había que proteger son los consumidores vulnerables porque, incomprensiblemente, la normativa no les permite contratar su suministro a un precio fijo en el mercado libre si quieren recibir el descuento del bono social eléctrico o el cheque calefacción. No tiene ningún sentido condicionar la percepción de estas ayudas a que los consumidores vulnerables acepten estar expuestos al precio del mercado spot, como si fuera un castigo para desincentivar las solicitudes de ayuda.

¿Qué debería haber hecho el Gobierno? Lo primero, incrementar el importe y adelantar el envío del cheque calefacción a los consumidores vulnerables, para compensar el incremento en sus facturas energéticas, como se ha hecho en otros países. La mayor recaudación de las subastas de derechos de emisión que está obteniendo el Gobierno sería más que suficiente para financiar estas ayudas sin necesidad de nuevos impuestos ni intervenciones adicionales.

En este sentido, resulta incomprensible que el Gobierno haya decidido regalar un cheque cultura de 400 euros a los que cumplen 18 años en lugar de usar ese dinero para incrementar las ayudas a las familias en situación de pobreza energética. ¿Permitirá el Gobierno que los receptores del cheque cultura pertenecientes a familias en situación de pobreza usen esos cheques para comprar comida o disponer de calefacción?

Segundo, el Gobierno debería permitir a los consumidores vulnerables contratar su suministro en el mercado libre a precio fijo con los comercializadores que deseen. Para ello, el bono social debería dejar de estar definido como un porcentaje de descuento en sus facturas, y se les debería eximir de tener que pagar impuestos y cargos ajenos al suministro (que históricamente representan la mitad de la factura doméstica). No tiene sentido que las facturas de los consumidores vulnerables incluyan costes ajenos al suministro, que no son sino impuestos encubiertos.

Además, el Gobierno debería asumir la tramitación de las solicitudes de bono social (y cheque calefacción), en lugar de dejar esos trámites en manos de las empresas eléctricas, cuyo objeto social no es la ayuda a consumidores vulnerables y cuyos incentivos son a rechazar las solicitudes porque son ellas quienes asumen el coste del bono.

El Gobierno ha sido mal aconsejado, y su reacción al incremento en el precio del mercado eléctrico ha sido desproporcionada: ayudando a consumidores que no lo necesitan (porque tienen un suministro a precio fijo o pueden contratarlo si lo desean), perjudicando a grandes consumidores industriales (cuyos contratos están siendo renegociados) y distorsionando el funcionamiento del mercado (lo cual reduce la oferta e incrementa los precios). El Gobierno debería rectificar para centrarse en ayudar a los consumidores vulnerables, que son quienes realmente lo necesitan y quienes están expuestos al incremento en el precio del mercado spot no por voluntad propia, sino por imposición regulatoria.

Oscar Arnedillo Blanco/Jorge Sanz Oliva son Director Gerente/ Director Asociado en NERA Economic Consulting. Expresidente del Grupo de Expertos para la Transición Energética.