La España vaciada, la España comunicada

La liberalización de las líneas ‘rentables’ que sostienen el sistema haría que el conjunto de la red se viniera abajo

La movilidad es una condición básica para la calidad de vida. De ella depende el acceso a los servicios públicos esenciales y de proximidad, pero también sirve para poder cubrir necesidades de la vida cotidiana. Y ahí el transporte en autobús, que supone más de la mitad de todos los desplazamientos de modos colectivos, juega un papel clave para la vertebración territorial y cohesión social de un país de peculiar orografía, dispersión y densidad poblacional como es España. En nuestro país el 70% de la población se concentra en 398 de los más de 8.000 municipios existentes y con alrededor de dos millones de personas que viven a más de 45 minutos de viaje de la localidad más próxima.

Esta situación afecta especialmente a las zonas rurales, escasamente pobladas y con baja densidad de población. El 42% de los municipios rurales de España se consideran remotos pues requieren que sus habitantes empleen un tiempo de viaje superior a 45 minutos para acceder a las ciudades más próximas y en ellos reside el 30% de la población rural (cerca de dos millones de personas).

En la lucha contra la despoblación del medio rural, no cabe duda que el transporte en autobús juega un papel destacado, además de ser el modo más respetuoso con el medio ambiente en términos de viajero transportado. La dispersión del hábitat que caracteriza a gran parte del medio rural español, implica mayores demandas de movilidad. Es ahí donde el autobús, paradigma de la movilidad colectiva y compartida, se configura como la solución más eficiente y de más bajo coste para la sociedad y para las administraciones a la hora de conectar poblaciones y llevar diariamente a personas para acceder a los servicios básicos del Estado del bienestar y a otros necesarios para vivir. El transporte en autobús es, claramente, la forma más común de llevar a grupos de personas en todo tipo de entornos y de distancias.

España cuenta con la red más tupida y eficiente de transporte de viajeros en autobús de toda Europa, conectando más de 8.000 municipios a diario. Los servicios son prestados por empresas privadas y prácticamente no hay ningún núcleo de población con más de 50 habitantes que no sea atendido al menos por una línea interurbana de autobuses con una tarifa media asequible para todos los usuarios, en unas condiciones de calidad y seguridad únicas y con un bajísimo coste presupuestario para el Estado en términos de compensación dineraria o fiscal por las obligaciones de servicio público impuestas al contratista.

Esto se debe al modelo concesional de transporte en autobús en España en el que se combinan en una misma ruta los tráficos que son rentables con otros que no lo son, de forma que el resultado es positivo para el operador, permitiendo atender las demandas de movilidad de colectivos con menores recursos, así como manteniendo el carácter estratégico de este transporte para la cohesión y el equilibrio territorial. La colaboración público-privada en el transporte de viajeros por carretera es un modelo de éxito en España y, por eso, desde nuestra organización pensamos que hablar de liberalización en un sector tan estratégico como el del transporte de personas es una cuestión que hay que tratar con sumo cuidado porque afecta a una parte muy importante de la población, y ha hecho que, en otros países europeos, los operadores hayan abandonado las conexiones rurales y entre pequeñas poblaciones por su falta de rentabilidad. La liberalización de las líneas rentables, que sostienen el sistema, haría que el conjunto de la red se viniera abajo y se precisarían fuertes subvenciones (más de 500 millones de euros al año en el caso de las líneas de titularidad estatal) para contrarrestar un progresivo aislamiento, incomunicación y pérdidas de conexiones de muchas poblaciones de la España vaciada.

Todo esto nos lleva a pensar y a insistir en que el sistema concesional de transporte interurbano en autobús es clave para garantizar el derecho a la movilidad y accesibilidad universal en nuestro país. Eso sí, es fundamental una actualización coordinada y ambiciosa de los mapas concesionales de todas las administraciones y que las licitaciones públicas de estos servicios sean equitativas y equilibradas, de manera que los aspectos económicos no sean el requisito principal, sino que se prime la sostenibilidad desde el punto de vista social, medioambiental y económico, destacando siempre la seguridad, la innovación y la calidad.

Estamos hablando de un sector importante para nuestro país. Con datos prepandemia, el transporte en autobús suponía el 50% de los viajes interurbanos en transporte colectivo y en 2019 lo usaron más de 3.115 millones de personas. Además, según datos de la Comisión Europea, la ocupación media por autobús en España era de 26,2 viajeros frente a los 12,7 de la Unión Europea. Ahora estamos en pleno proceso de recuperación para volver a esas cifras. En verano de 2020, se registraron un total de 23,3 millones de viajeros en autobús en los meses de julio y agosto, un 70,5% inferior al verano previo a la pandemia, en el que se movieron en autobús casi 80 millones de viajeros.

En definitiva, la movilidad no es solo poder ir de un sitio a otro: es un elemento clave en el desarrollo social y económico de nuestro país, en donde el autobús cumple una función social esencial. Vivimos una época en la que su característica principal es el cambio, la innovación constante. Todo debe cambiar y rápido. Pero es importante contar con un sistema de transportes equilibrado, que sea suficientemente atractivo y rentable para que las empresas privadas asuman dar un servicio competitivo y con competencia de alta calidad, a un precio asequible, que asegure la cohesión territorial de un país extenso y con orografía difícil como el nuestro y que además suponga escaso coste para las administraciones públicas.

Rafael Barbadillo es Presidente de Confebus