Bruselas presiona a España para que la reforma laboral sea pactada

La Comisión permitiría que el pacto se retrasase más allá de fin de año a cambio de perdurar en el tiempo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz en una imagen de esta semana en La Moncloa.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz en una imagen de esta semana en La Moncloa. EFE

Una decena de representantes de la Comisión Europea examinaron el miércoles a responsables de las patronales CEOE-Cepyme y de los sindicatos CC OO y UGT acerca del estado de las negociaciones para las reformas de pensiones y del mercado de trabajo. La importancia de esta evaluación por parte de Bruselas radica en que el desembolso a España de 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation EU en la segunda parte del año depende del éxito de estas reformas antes de que acabe el año.

Fuentes conocedoras de las reuniones mantenidas por separado con patronal y sindicatos aseguran que los examinadores de la Comisión dejaron muy clara su insistencia en que la reforma laboral fuera acordada entre la patronal y los sindicatos, con el objetivo principal de que dure en el tiempo.

De hecho, en un momento dado los responsables comunitarios explicaron que el pacto era sumamente importante porque, a su entender, se trata de una “reforma de país” que debe llevarse a cabo y perdurar en el tiempo aunque el Gobierno cambie de color.

Otras fuentes consultadas aseguran que este interés de la Comisión porque la reforma laboral se haga con el respaldo social haría que Bruselas esté dispuesta a flexibilizar el plazo fijado y llevarlo más allá de fin de año si las negociaciones prosperan y llegan a buen puerto. Si bien, este retraso en los plazos conllevaría también un aplazamiento del ingreso de los 10.000 millones prometidos para antes de que termine el ejercicio.

No obstante, todo apunta a que el Gobierno no estaría de acuerdo con retrasar el ingreso de estos fondos, sobre todo en un escenario de recuperación mundial y nacional aún incierto y con un repunte inflacionista, además de un elevado endeudamiento de la economía española. Esto explicaría que, preguntados por la posibilidad de que Bruselas haya comunicado a los negociadores que tienen más plazo para seguir negociando, en el Ministerio de Trabajo aseguren que no les consta.

La preocupación de la Comisión Europea entronca con los pocos detalles que el Gobierno trasladó a Bruselas acerca de la reforma en ciernes. Los cambios planteados hasta la fecha pasan por reducir a tres los tipos de contrato (indefinido, temporal justificado y formativo); transformar los ERTE en una herramienta de flexibilidad estructural con formación a los afectados, o potenciar las políticas activas de empleo. Hasta ahí, ningún problema aparente. Más espinoso resultará consensuar la revisión de la última reforma laboral en lo relativo a negociación colectiva, donde se plantea recuperar la ultraactividad de convenios; devolver la prevalencia de la negociación sectorial sobre la de empresa y endurecer la modificación de condiciones.

El Ejecutivo comunitario, en una misiva enviada antes de verano a Trabajo, fijó algunos objetivos que debe cumplir el sistema de negociación colectiva. Bruselas, en concreto, pide que los grandes cambios previstos en el componente 23 se lleven a cabo con respeto al diálogo social y con “un enfoque integral que equilibre la necesidad de flexibilidad y la de seguridad en el mercado de trabajo”.

En el documento, además, la Comisión pide al equipo de Yolanda Díaz un informe ex ante, es decir, previo a que se presente la reforma oficial sobre la negociación colectiva, en el que se muestren “las carencias de la legislación vigente en materia de convenios colectivos”, esto es, en la reforma laboral de 2012 del Partido Popular (PP).

Los miembros de la Comisión tuvieron oportunidad de constatar el miércoles que el acuerdo entre patronal, sindicatos y Gobierno no está ni mucho menos cerca. Las partes mantienen sus posturas respectivas desde el documento de propuestas enviado por Trabajo en julio y que ya en su día despertó fuerte rechazo de los empresarios por el modelo de contratación que propone el Ejecutivo y por la vuelta atrás en la flexibilidad interna logrados en la reforma de 2012, que afectan a la modificación sustancial de las condiciones laborales y a otras cuestiones relativas a la negociación colectiva.

Yolanda Díaz ha reiterado que perseguirá el acuerdo hasta el final, aunque, al mismo tiempo, también ha sugerido que el Ejecutivo sacaría adelante la reforma laboral igualmente en el caso de que no hubiera pacto. Y esto es precisamente lo que parece temer Bruselas, que en su último informe sobre España ya pedía, entre otras cosas, que se conservasen los mecanismos de flexibilidad interna en las empresas de la reforma de 2012.

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