A fondo

La crisis energética, un asunto de Estado de la Unión Europea

La escalada de los precios del gas va a amargar el invierno a los países occidentales tras una situación inesperada de más defecto de oferta que exceso de demanda

Instalaciones del gasoducto de Medgaz
Instalaciones del gasoducto de Medgaz

Alguien aseguraba la semana pasada que la actual crisis energética no es un problema de mercado, sino geopolítica. Llamémoslo equis. Esa apreciación es un modo de defender el actual mercado marginalista y de eximir de culpa a España, víctima adelantada del desaforado incremento de los precios internacionales del gas natural (por encima de los 90 euros MWh) y de los derechos de emisión de CO2 (por encima de 60 euros la tonelada), un impuesto enmascarado bajo control de la Comisión Europea, que carece de atribuciones fiscales. De hecho, los ingresos de las subastas de estos derechos van a parar a las haciendas nacionales.

Hace poco más de un año una gran flota de metaneros vagaba por los océanos del mundo con sus cargas de GNL que no tenían dónde colocar. El hundimiento de la demanda de energía derivada de los confinamientos por la pandemia había llevado a la correspondiente depresión de los precios, hasta el punto de que en abril el West Texas registró precios negativos, la friolera de -40 dólares el barril. Un situación que resulta ahora tan inimaginable como la de creer que a mediados del próximo año el mercado mundial se habrá vuelto a estabilizar inundado de gas, tal como auguran muchos expertos, que ponen en cuestión la fe ciega en los mercados de futuros.

Por el momento, la crisis es una realidad mostrenca y amenaza con amargar el invierno a los países occidentales. Cuando se abra la espita del gasoducto ruso que enlaza directamente con Alemania, el Nord Stream II, la capacidad de transporte de gas hacia Europa aumenta en 55 bcm (mil millones de metros cúbicos). Por comparar, el gasoducto del Medgaz Argelia-España tiene 8 bcm de capacidad nominal. Se dirá que una cosa es la capacidad del tubo y otra la de Rusia para extraer el hidrocarburo y la voluntad de su presidente, Vladimir Putin, de favorecer a Europa. Putin ha optado por cerrar el grifo del gasoducto que transcurre por Bielorrusia y Ucrania, por el que fluye el mínimo técnico, y ha optado por desviar su producción a ese gran sumidero que es China.

La pandemia y la batalla que en medio de la misma libró Donald Trump con China está resultando muy onerosa: los productores de gas quieren recuperar las pérdidas derivadas del hundimiento del consumo en 2020 y el gigante asiático, que hasta ahora compraba a Estados Unidos el carbón sobrante de las centrales térmicas de este país, ha decidido frenar también su consumo de este material optando por el aprovisionamiento masivo de gas.

El Gobierno ensaya una reforma de la tarifa PVPC, que no llegará a corto plazo, y la UE da los primeros pasos para una solución común

Si la crisis responde más a un defecto de oferta, como todo apunta, que a un exceso de demanda es algo en lo que siguen enfrascados los analistas. Lo cierto es que la ralentización del suministro de Rusia, a la que se apuntará Argelia a partir del 31 de octubre con su amenaza de cancelar el transporte de gas por el gasoducto Magreb-Europa que transcurre por territorio marroquí, hace recordar aquel superpoder que queriendo o sin querer adquirieron los países de la OPEP en 1973, cuando decidieron cortar el suministro a los países que habían apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur contra Egipto. Los precios del crudo se dispararon y los ciudadanos occidentales aprendieron para siempre la palabra inflación.

Para aplacar el temor a un posible problema de suministro de gas este invierno, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hizo la semana pasada una visita oficial (léase, retórica) a Argel para hacerse un foto con el mandatario argelino, Abdelmadjid Tebboune, Albares se llevó con él al presidente de Enagás, Antonio Llardén, en calidad de gestor del sistema y, a regañadientes, a un representante de Naturgy, compañía que se considera un agente más del mercado y prefiere quedar al margen del conflicto, pese a que su papeles relevante: es el contratista de la mayoría del volumen de gas del Magreb y opera el tubo en los 500 kilómetros de Marruecos y en su capital participa con un 5% el coloso energético argelino, Sonatrach. Todo ello, si nadie lo remedia, hasta fin de este mes.

El único mensaje oficial del viaje, ya conocido, es que Argelia, que ya había recalcado que España es un país amigo, es que queda garantizado el suministro. Pero no se ha dicho cómo, más allá de la ampliación de la capacidad del gasoducto de Medgaz. Ampliación iniciada hace dos años, que sería efectiva a finales de este, y que se daba por descontada en una supuesta garantía del suministro invernal. Hay quien considera que más que tranquilizar, ese mensaje resulta preocupante, pues pone en lamesa que no hay solución posible para el tubo del Magreb.

La UE toma cartas

Si el suministro queda garantizado, la subida de los precios también. Para paliar el efecto de un gas disparado, el Gobierno ha optado por topar las subidas de la TUR de los domésticos y pymes este trimestre y el próximo,generar un déficit y cobrar la subida real (más de un 36% entre octubre y diciembre) de manera aplazada y con intereses a partir de abril. Por tanto, se cobraría a los consumidores la deuda generada en los meses de menor consumo, a partir de la primavera.
Mientras tanto, el mercado mayorista de la electricidad sigue imparable (llegó a superar los 216 euros MWh la semana pasada), empujado por los precios oportunistas del gas.En cierto modo por sorpresa, Transición Ecológica lanzó el viernes una consulta pública previa para la reforma del la tarifa de los consumidores, PVPC, hoy embridada con el precio del pool. El ministerio ensaya varias opciones, que se pueden resumir en un precio más elevado pero asegurado por un periodo determinado o un precio más arriesgado ligado al mercado spot pero que puede beneficiarse de las posibles bajadas. Demasiadas opciones con las que no resolverá que los consumidores paguen más, o que se tranquilicen y dejen de achacar las subidas (o supuestas subidas) al Gobierno, una cultura arraigada en España.

Una buena noticia es que la Unión Europea ha dado los primeros pasos para tomar medidas comunes. Ya las ha reclamado la propia presidenta del BCE, Christine Lagarde, asustada por el efecto pernicioso de la crisis energética en la inflación. Otra cuestión es la rapidez que exigen esas medidas: el diferencial entre los precios de España y Alemania (que, según los expertos reaccionará cuando afecte de verdad a su industria), sigue siendo elevado, algunos días de más de 100 euros/MWh.

Normas
Entra en El País para participar