El Salvador, el bitcóin y la lucha contra el blanqueo de capitales

La pregunta del millón probablemente es si la iniciativadel Gobierno salvadoreno será un fracaso o un nuevo impulso a la disrupción tecnológica

Hace unas semanas se publicaba la noticia de que El Salvador se había convertido en el primer país del mundo en adoptar una criptomoneda como moneda de curso legal. Esta medida, que llevaba meses fraguándose y que fue aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador el día 9 de junio, supone que la economía dolarizada del país centroamericano tenga un nuevo actor principal, el bitcóin.

Para impulsar este proyecto, el Gobierno salvadoreño ha desarrollado una billetera digital oficial llamada Chivo Wallet y ha ido emitiendo diferentes órdenes de compra hasta la adquisición de un total de 550 bitcóins (cerca de 25 millones de dólares según la cotización actual). El objetivo es fomentar su uso proporcionando a cada ciudadano que se registre en la aplicación un bono equivalente a 30 dólares.

Uno de los principales argumentos para adoptar la medida que ha defendido Nayib Bukele, presidente de El Salvador e impulsor de la idea, ha sido el de ofrecer una alternativa económica que haga frente a los elevados porcentajes de comisión que actualmente se aplican en remesas procedentes del extranjero. El Salvador, con una población aproximada de seis millones y medio de habitantes, cuenta con una diáspora de alrededor de 1.6 millones de emigrantes totales, la cual, según el Banco Central de Reserva, ha enviado más de 1700 millones de dólares en concepto de remesas familiares durante el primer trimestre de 2021 .

Según las estimaciones del propio gobierno salvadoreño, el sector proveedor de servicios monetarios, que incluye a compañías como Western Union, podría dejar de ingresar hasta 400 millones de dólares en concepto de comisiones por remesas si la adopción y uso de la plataforma se extendiese entre la población del país.

Sin embargo, desde el anuncio de la llamada Ley Bitcóin su acogida ha suscitado el rechazo y numerosas críticas entre la población salvadoreña, la cual desconfía sobre su uso y teme un posible colapso financiero.

El Gobierno, por el contrario, ha provisto al país de una infraestructura de 200 cajeros automáticos para facilitar la realización de transacciones de intercambio, ha creado un fondo de 150 millones de dólares para garantizar la convertibilidad entre el dólar y el bitcóin y, amparado por la Ley de Protección al Consumidor, ha advertido a todos los empresarios del país que, tanto las pymes como las grandes empresas deberán contar con la plataforma tecnológica que permita el pago digital con la criptomoneda bajo amenaza de sanción si incumplen esta norma.

En lo que respecta a las organizaciones financieras, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha anunciado su preocupación, y desde junio de 2021 lleva advirtiendo de los problemas que pueden surgir en materia legal, financiera y macroeconómica. Por su parte, el Banco Mundial se ha negado a ofrecer asistencia técnica a El Salvador en la implementación y regulación del bitcóin como moneda de curso legal debido a las deficiencias medioambientales y de transparencia asociadas.

La pregunta del millón probablemente sea si la iniciativa de El Salvador será un fracaso, o un nuevo impulso a la disrupción tecnológica provocado por las criptomonedas y todos los desarrollos tecnológicos que orbitan en ese ecosistema. A nivel técnico, el inicio de la actividad operativa ha supuesto un caos, debido a que la aplicación que debía actuar como garante en el envío y recepción de bitcóins, Chivo Wallet, ha experimentado numerosos errores. Este hecho ha provocado que los servicios de soporte estén saturados ante la demanda de soluciones por parte de los usuarios que reportan fallos en los registros de perfil, errores al realizar transacciones, problemas de privacidad e incluso denuncias de pérdida de fondos asociados a fallos del sistema.

Por otro lado, la reacción del mercado de las criptomonedas no ha ayudado a apaciguar los ánimos de los nuevos usuarios. Recordemos que en las últimas semanas el precio del bitcóin ha experimentado caídas que han oscilado entre el 10% - 16%. En nuestra opinión, es muy difícil que movimientos como el de El Salvador puedan replicarse en España. Cabe recordar que el 9 de febrero de 2021 la CNMV, junto con el Banco de España, emitieron un comunicado alertando del riesgo de usar criptomonedas como vehículo de inversión, enfatizando, desde un punto de vista legal, la no consideración de dichos activos como medios de pago, el no respaldo del banco central ni de las autoridades públicas y el hecho de que estos complejos instrumentos de inversión no son cubiertos por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores. En abril de este mismo año, el Gobierno, a través de la publicación del Real Decreto Ley 7/2021, incluía nuevas obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, con el objetivo de llevar un registro y aumentar la transparencia y disponibilidad de información, se consideraron como nuevos sujetos obligados a los proveedores de servicios de criptomonedas (exchanges). Además, el Banco de España tiene hasta el 29 de octubre para dar a conocer los mecanismos necesarios para que los exchange puedan formalizar con éxito su inscripción en el nuevo registro de proveedores de servicios de criptomonedas, y así, evitar ser sancionados con multas que podrán oscilar entre cien mil y diez millones de euros.

La irrupción del bitcóin en El Salvador ha generado preguntas de interés relacionadas con la lucha y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCyFT), dada la creciente popularidad de las criptomonedas como vínculo entre organizaciones criminales a la hora de realizar transacciones económicas procedentes de actividades ilícitas. Una de las más urgentes es la cuestión de si el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) deberá incluir a El Salvador como país de alto riesgo (lista negra), como país bajo mayor vigilancia (lista gris) o permitir que siga manteniendo su estatus a nivel internacional. En España, una vez que el regulador nacional tenga un registro de todos los proveedores de servicios de criptomonedas, ¿qué tipo de información deberán incluir las entidades financieras en su Know your Customer (KYC)? Y por último, pero no menos importante: ¿qué nuevos escenarios exigirá el Sepblac tener en cuenta a la hora de alertar sobre operativa sospechosa?

Manuel Marín/ Jorge Mañanas son Managing Director/ Senior Consultant de Data Science & Analytics de FTI Consulting