Certeza jurídica para la inversión que financie la transición energética

Cambiar las reglas de juego a mitad de partido puede torpedear la idea de que España podría convertirse en la meca de los inversores en renovables

La energía ha sido una megatendencia inversora durante todo el siglo XX y seguirá siéndolo también el XXI. Si hace 130 años la expectativa de la democratización de la energía eléctrica en los núcleos urbanos disparó el valor de las incipientes eléctricas, al igual que la búsqueda de petróleo atrajo la curiosidad del dinero, hoy es la exploración de alternativas energéticas no agresivas con el medioambiente la que imanta la codicia de los inversores. Dar un vuelco completo al modelo energético, un empeño en el que está comprometido el planeta, precisa de una ingente cantidad de recursos financieros y tecnológicos, que se supone que devolverán con creces el esfuerzo. Pero por el camino de una transición verde para combatir el cambio climático hay que proporcionar un retiro no traumático a la actual generación a la vez que se incrementa la oferta por la obligada electrificación de todos los procesos productivos, de los hogares y, ahora, de la movilidad.

Esta transición está en marcha y a velocidad de crucero ya, y está teniendo un efecto muy intenso sobre los precios de la energía, poniendo en guardia a los consumidores y al borde de un ataque de nervios a los Gobiernos, que saben de la sensibilidad de la población con este asunto. Y de cómo se afronten ambas cosas puede resultar un tránsito ordenado, o agitado. En el caso de España, los precios de la luz, condicionados por fórmulas que maneja la oferta y la demanda, ha alcanzado niveles de alerta y han empujado al Gobierno a buscar arreglos temporales de atajarlos, que, entre otras cuestiones, reduce notablemente los beneficios de las grandes compañías tradicionales.

La semana que ahora termina, el mercado bursátil ha ajustado severamente las valoraciones de las empresas, que con la normativa gubernamental, en parte improvisada, no podrán mantener los niveles de beneficio clásico que esperaban los accionistas. Un cambio a mitad de partido en las reglas que deja fuera de juego a los inversores, que consideran el ajuste una vulneración de la seguridad jurídica. No es la primera vez que pasa algo parecido (el recorte de las renovables de hace una década tiene denunciada a España en las instituciones de arbitraje) y contribuye a minar cada vez la confianza en el país como destino de los flujos de los grandes fondos. Una señal que puede torpedear gravemente la imagen proyectada de que España podría convertirse en la meca de la inversión en energías renovables. Seguramente la formación de precios y su traslado al recibo necesitan una buena revisión para que cada energía sea remunerada por lo que cuesta y un determinado margen; pero más necesario es dejar claro que cuando se haga, será definitivo para que inversores, empresas y consumidores sepan a qué atenerse en el largo plazo.