España mete la pata en el primer test de las cero emisiones

Otros pueden poner también trabas a las firmas que lideran la descarbonización a la primera señal de problemas

Contadores eléctricos en un edificio de Barcelona.
Contadores eléctricos en un edificio de Barcelona. reuters

Los políticos europeos están metiendo la pata en su primer gran test de las cero emisiones. Los precios de la electricidad casi se han duplicado desde que la Comisión Europea se comprometió en julio a reducir en un 55% las emisiones de carbono del bloque para 2030. En lugar de admitir que son parte de los motivos, el Gobierno español ha recurrido a un conveniente chivo expiatorio: las empresas de servicios públicos.

Proteger a los españoles más pobres de los precios del gas por encima de los 60 euros por megavatio-hora (MWh), tres veces su nivel de 2018, es comprensible. A primera vista, las utilities con grandes operaciones de energía renovable o nuclear, como Iberdrola y Endesa, constituyen huchas tentadoras. Tienen menores costes de entrada que los combustibles fósiles, pero pueden vender la energía a la misma tarifa inflada por el gas. Pedro Sánchez quiere que los ciudadanos paguen un precio implícito de no más de 20 euros por MWh.

Eso está bien, salvo porque las empresas de servicios públicos europeas no tienen la culpa de los altos precios del gas. Las culpables son las exportaciones rusas, más bajas de lo esperado, la fuerte demanda asiática de gas natural licuado y el aumento del coste de la compensación del carbono que emiten los productores de energía. Las empresas eléctricas tampoco están disfrutando de un banquete gratis: gran parte de su energía se ha vendido previamente a precios inferiores a los 60 euros por MWh. Por lo tanto, los 2.600 millones de euros que el Gobierno espera recaudar son en realidad una confiscación.

Gravar unos dudosos beneficios inesperados es cuestionable en cualquier contexto. Lo es doblemente cuando Bruselas quiere duplicar con creces la capacidad eólica de la Unión Europea para 2030. Si grandes empresas como Enel e Iberdrola van a triplicar la capacidad eólica y solar hasta casi 250 gigavatios en 2030, los Gobiernos no solo deben defender el libre mercado, sino inclinarlo a su favor. Un ejemplo obvio es la decisión de la UE de recortar el número de créditos en su sistema de comercio de emisiones (SCE, o ETS, por sus siglas en inglés), el motor clave del aumento de los precios del carbono que, a su vez, ha hecho subir los precios del gas.

Desgraciadamente, esto requiere décadas de disciplina política y una compensación coordinada para los perdedores de la transición energética financiada por los impuestos generales. Si otros siguen el ejemplo del Ejecutivo español y empiezan a poner trabas a las empresas que lideran la descarbonización a la primera señal de problemas, es fácil imaginar que Bruselas ceda a la presión de países como Polonia para diluir también el sistema de comercio de emisiones. Y entonces el cero neto no se producirá.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías