La verdadera causa del costoso recibo eléctrico

Una transición energética mal gestionada políticamente le puede salir muy cara a España, pero no solo a los hogares, sino también a las empresas

Achacar el imparable precio actual de la energía eléctrica en España al coste del gas y de los derechos de emisión no es acertado. La verdadera causa hay que hallarla más allá, en la sustitución de la función de las centrales térmicas de generación eléctrica por los ciclos combinados dentro del sistema eléctrico español y en la manera en que se ha llevado a cabo esa denominada transición energética.

Si para la misma producción eléctrica se utilizase carbón en lugar de gas no se estaría en esta situación y lo del coste de los derechos de emisión es una entelequia ya que las empresas eléctricas, propietarias también de los ciclos combinados de gas, han percibido cantidades millonarias de euros por la venta de los derechos de emisión debido al cierre de sus centrales térmicas, porque, realmente, no cambiaron los dueños del negocio, sino que se cerraron unas para que entraran en funcionamiento otras. Por tanto, la causa real se debe a una decisión de política energética gubernamental al introducir esa disfunción en el método marginal de fijación de precios de la electricidad.

El cierre acelerado de las térmicas para dar vida a la costosa infrautilización de los ciclos combinados de gas no solo sustituyó el carbón por el gas como recurso o materia prima para la generación eléctrica, sino que los ciclos combinados pasaron de ser generadores de energía de último recurso (es decir, entrar en funcionamiento en casos excepcionales de demanda energética o déficit de producción) a constituir el respaldo de las renovables (entrar en producción de modo cuasi permanente en función de la capacidad instalada de aquellas, por la falta de viento y cuando no luce el sol y, así, suplir su oferta eléctrica) trasladando esa disfunción a la fijación de precios. El ciclo combinado pasó de determinar el precio de la electricidad de modo excepcional a serlo con asiduidad con las consecuencias actuales siendo una energía tan costosa.

No solo queda en eso el error, sino en reemplazar una energía procedente de una materia prima disponible en España, el carbón, por una de importación y sin control, el gas. Además, en lugar de realizarse esa transición de forma escalonada, se ejecutó mediante la política de hechos consumados y de manera acelerada impidiendo atemperar una situación de constante incremento de los precios de la electricidad. De tal modo, ese encarecimiento permanecerá en el tiempo y no consistirá en un hecho puntual o temporal.

Echar la culpa a las eléctricas… El oligopolio eléctrico se ha limitado a aprovechar las bondades del Gobierno. Con la misma celeridad y esas facilidades gubernamentales ha paralizado y dinamitado las torres de refrigeración de sus térmicas impidiendo la vuelta atrás, han hecho caja millonaria vendiendo los derechos de emisión innecesarios (las térmicas eran las mayores compradoras de derechos de emisión) y ni siquiera han de descontaminar los suelos de esas instalaciones mediante la creación de empresas de corto recorrido que se hagan cargo de la continuidad de las mismas y contando con el agradecimiento sindical por el trabajo temporal y subvencionado de la mano de obra requerida para su desmantelamiento y todo ello enmascarado por el marketing ecologista. A su vez, han desembalsado el agua de los pantanos hidroeléctricos bajo su gestión (pantanos no consuntivos) para vender esa energía de recurso barato a precios de máximos históricos en la confianza de que los embalses reguladores, dependientes de las Confederaciones Hidrográficas, una vez finalizados los riegos y trasvases, los vuelvan a llenar con las previsibles lluvias y las nieves del invierno.

Lo de crear una empresa pública de electricidad… No parece que la solución sea esa cuando las confederaciones (organismos estatales) no controlan y sí favorecen las ganancias eléctricas con ese bien público que es el agua.

Una transición energética menos contaminante, mal gestionada políticamente, le puede salir muy cara a los españoles, porque no es solo que los hogares paguen mucho más por su recibo de la luz o pasen frío o calor por no poderlo pagar, es que el elevado coste de la energía impide la competitividad de sus empresas. Ahora, el elevado coste de la luz les hará más pobres y después, aún más por su efecto inflacionista, pero, además, esa falta de competitividad cronifica el déficit comercial empobreciendo España ahora y, por tanto, también después.

Efectivamente esos ciclos combinados estaban sobredimensionados y se puede echar la culpa a políticas erróneas anteriores, pero quien debiera pagar ese exceso de capacidad son las sociedades propietarias a las que, no obstante, se fue compensando por su paralización con el recibo de la luz a costa de los ciudadanos. Lo que no es de recibo y es mucho peor es que, para solucionar el problema de esas empresas, se haya aplicado un remedio con consecuencias nefastas.

Bueno, al fin y al cabo pudiera ser que la única solución a tal desastre en lo que viene pase porque sea el agua de los pantanos reguladores de cuenca destinada a producir energía hidroeléctrica la que se utilice como respaldo del resto de las renovables y generación de último recurso y no, como se ha aprovechado, de cobertura para incrementar el beneficio de las empresas de producción hidroeléctrica y que, los ciclos combinados, hagan la función que en el sistema eléctrico realizaba con anterioridad la generación de origen térmico, que con esa alternativa se cerraron las centrales térmicas.

Algo lógico desde el punto de vista de la eficiencia energética ya que, el gas, al no ser almacenable debería ser una fuente de generación permanente en tanto el agua embalsada (almacenada) un recurso de utilización extraordinaria. Obviamente los beneficios de las sociedades eléctricas no serían tan cuantiosos, pero conviene tener en cuenta que los pantanos los construyó el Estado con dinero público y siempre con el pretexto de que se destinaban a regadíos. Acuérdense de Riaño.

Francisco Javier González Rojo es Licenciado en Derecho y Graduado en Ciencias Empresariales por ICADE