Las constructoras cotizadas del cártel de la carretera se juegan 400 millones al año en España

La petición de la inhabilitación para contratar afecta al 5,5% de sus ventas locales por obras

Cartel carreteras
Operarios de API durante labores de reparación del firme en una carretera.

Los siete grupos cotizados de construcción e infraestructuras implicados en el cártel de la conservación de carreteras, que la CNMC sancionó el viernes con 61,3 millones de euros, se juegan un negocio anual de 406 millones en España.

Competencia ha pedido una prohibición para contratar con administraciones públicas para la docena de empresas que amañaron los 101 contratos licitados por el Ministerio de Fomento entre 2014 y 2018, de los que ganaron 71 concursos. API (ACS), Matinsa (FCC) Ferroser (Ferrovial), Sacyr Conservación (Sacyr), Elsan (OHLA), Audeca (Elecnor) y Acciona Mantenimiento (Acciona) deben al cuidado de carreteras un 5,5% de los algo más de 7.000 millones que ingresaron en 2020 por la construcción y servicios a infraestructuras en España.

Desde el Gobierno se viene sosteniendo que la conservación se va a imponer habitualmente a la construcción en los Presupuestos Generales del Estado. Y una prueba es que este año hay consignados 2.340 millones para carreteras, de los que 1.240 millones son para el mantenimiento de la red, con un alza del 58% sobre lo previsto en 2020.

Las empresas sancionadas pidieron rebajas en las multas, por la incorporación de mecanismos de cumplimiento normativo, que fueron negadas por la CNMC

El líder de este sector, API, facturó el año pasado 129 millones, cifra que tiene un peso del 9,5% sobre las ventas de ACS en el mercado doméstico de la construcción (1.366 millones), y del 2,6% sobre lo cosechado en total por el grupo en este país. API acarrea la mayor sanción de la CNMC en este expediente, con 11,8 millones de euros.

Cercana al 10% también es la participación de Elsan, con 34,7 millones ingresados, sobre las ventas locales de OHLA por obras el pasado ejercicio. La compañía ha sido multada por Competencia con 3 millones.

En el caso de Matinsa, su facturación de 73,6 millones, supuso un 8,7% de los 849 millones que declaró FCC Construcción en España. Sobre la totalidad de las actividades del grupo en este país, la filial de conservación de carreteras pesa un 2%. Su multa es de 8,5 millones.

Algo menor es la exposición del resto de cotizadas a una eventual inhabilitación para acudir a concursos de conservación vial. Sacyr tiene en juego el 5,5% de sus ingresos domésticos por Servicios, que es el área en que se encuadra Sacyr Conservación. El grupo logró el año pasado 900 millones por su servicios en España, de los que 49,5 millones estuvieron relacionados con el mantenimiento de viales.

ACS, OHLA y FCC deben el 9% de sus ingresos por obras en España a la conservación de carreteras

Ferrovial tiene en venta la filial multada por la CNMC, cuya cifra de negocio alcanzó los 60,1 millones en 2020. Sobre el volumen de actividad de Ferrovial Servicios en España, los trabajos en la carretera aportaron un 3%.

Para Acciona, el brazo de mantenimiento supone un 1,8% de la facturación española del área de Infraestructuras: 27 millones sobre 1.473 millones. Y respecto a la totalidad de los negocios de Acciona en España, uno de cada 100 euros proceden de la conservación vial.

En el caso de Audeca, aportó 32 millones el año pasado a Elecnor, el 2,6% de los 1.228 millones que la compañía declara por su actividad en territorio español.

Sin clemencia

A lo largo de los cuatro años investigados por la CNMC, el cártel se llevó adjudicaciones por 530 millones, el 63% del importe total contratado por Fomento para preservar las carreteras. En el grupo también estaban integradas Copasa, Aceinsa, Alvac, Elsamex e Innovia. Tras ser investigadas por la CNMC, todas ellas pidieron una rebaja en la sanción exponiendo como atenuante la incorporación de programas internos de cumplimiento normativo, tal y como prevé la Guía de Compliance del organismo que preside Cani Fernández.

Competencia observa, sin embargo, que la activación de estos mecanismos sirvió de poco: “Las empresas no han aportado evidencias de que la implantación de sus respectivos programas de cumplimiento normativo haya resultado eficaz para prevenir, detectar o poner fin antes de que se iniciara la instrucción, a las conductas sancionadas. No se observa tampoco la inclusión de medidas reactivas en lo que se refiere a la colaboración activa y eficaz con la CNMC desde el inicio de la investigación ni el reconocimiento de los hechos constatados por esta autoridad una vez detectada la infracción”, sentencia la resolución.

El veto a concursos públicos

Dedicado a infracciones graves. La Ley de Contratos contempla la prohibición de contratar con entidades del sector público en su artículo 71.1.b). El veto está dedicado a empresas que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de la competencia.

Medidas cautelares. Las 12 compañías de conservación han incumplido, a ojos de la CNMC, el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. La resolución agota la vía administrativa para el recurso, que sí puede presentarse ante la Audiencia Nacional. Y es ante los tribunales donde las constructoras pedirán cautelares para frenar tanto la sanción económica como la inhabilitación para acudir a concursos públicos.

En manos de Hacienda. La prohibición como medida de castigo entró en el ordenamiento jurídico español en la Ley 40/2015, que modificó los artículos 60 y 61 del entonces texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La conducta ilícita detectada por la CNMC alcanza hasta 2018. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, deberá determinar la duración y alcance de la prohibición de contratar.

Normas
Entra en El País para participar