Construcción

La CNMC quiere a ACS, FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr y Acciona fuera de la conservación vial

Las denunciadas recurrirán ante la Audiencia Nacional para frenar un posible veto a la contratación publica, reclamado por Competencia

Un empleado de Matinsa realiza trabajos de conservación en una carretera.
Un empleado de Matinsa realiza trabajos de conservación en una carretera.

Una docena de las mayores empresas de conservación de carreteras del país, entre las que se incluyen filiales de las cotizadas ACS, FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr, Acciona y Elecnor, se enfrenta a la petición de una prohibición para contratar con la Administración por parte de la CNMC.

El órgano de la Competencia anunció el viernes que ha cerrado una investigación que viene de 2018 con la acusación de actuación en cártel para ganar concursos de conservación y explotación de carreteras de la red del Estado. La multa es de las históricas: 61,28 millones. En lo económico, ACS es la que sale peor parada, a través de su filial API, con una sanción de 11,8 millones.

El cártel se hizo con 71 de las 101 licitaciones de conservación que el Ministerio de Fomento puso en marcha entre 2014 y 2018, según el relato del supervisor. El montante de las adjudicaciones a estas referencias superó los 530 millones, el 63% del importe total contratado en los cuatro años.

Las implicadas, según cree probado la CNMC, pactaban ofertas ganadoras y otras de cobertura para ofrecer la sensación de pugna en los concursos.

Las compañías señaladas son Acciona Mantenimiento y solidariamente Acciona (2,3 millones); Aceinsa Movilidad (3,2 millones); Alvac (5,8 millones); API Movilidad y solidariamente su matriz ACS (11,8 millones); Audeca y por extensión su matriz Elecnor (2,6 millones de euros); Copasa (5,6 millones); Elsamex (4 millones), Elsan y solidariamente su grupo madre OHLA (3 millones de euros); Ferroser Infraestructuras y solidariamente su matriz Ferrovial Servicios (5,7 millones); Innovia Coptalia y su grupo Copcisa (3,3 millones); Matinsa y solidariamente FCC (8,5 millones), y Sacyr Conservación, que arrastra a Sacyr (5,1 millones).

Sin precedentes de veto

Competencia advirtió el viernes que ha activado el citado mecanismo de prohibición de contratar con la Administración. La solicitud ha sido cursada ante la Junta Consultiva de Contratación del Estado, que es quién debe determinar el alcance del posible veto.

Pese a existir peticiones previas de la CNMC en este sentido, como fue la derivada de la acusación de cártel en contratos de electrificación de la red ferroviaria, la Junta de Contratación no ha llegado a instruir inhabilitación alguna para participar en concursos públicos.

La judicialización de las resoluciones de la CNMC y la petición de cautelares congelan no solo la multa impuesta sino también la solicitud de apartar a las empresas sancionadas de la contratación con las administraciones públicas.

El órgano que preside Cani Fernández se apoya en la Ley de Contratos del Sector Público y advierte en su fallo que “las conductas anticompetitivas sancionadas se han prolongado más allá de la fecha de entrada en vigor de la prohibición de contratar, el 22 de octubre de 2015, por lo que se aplica a las empresas participantes en el cártel”.

Ahora es la citada Junta Consultiva de Contratación del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, quien ha de determinar si cabe tal medida de castigo, y la que determine su duración y alcance. Sobre el último aspecto, fuentes jurídicas explican que de haber prohibiciones afectarían a las filiales sancionadas y no al resto de empresas de las matrices. De este modo, ninguna de las constructoras multadas quedaría apartada de la obra pública en España.

La CNMC también ha demandado a la Dirección de Competencia que vigile el cumplimiento íntegro de la resolución y “analice la posible responsabilidad de los directivos implicados en la infracción”.

En las reuniones entre empresas, de las que ha tenido prueba la CNMC, figuran altos ejecutivos de las empresas involucradas.

Habrá recursos

Contra la resolución conocida en la mañana del viernes cabe recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses. Se da por descontado que las constructoras van a llevar el caso al juez. De hecho, las hay que hablan ya de acusaciones falsas y sanciones desproporcionadas, iniciando el análisis de las apelaciones.

La CNMC recibió información anónima sobre la existencia de esta asociación prohibida en octubre de 2017. Ahora considera probado que lo más granado de la conservación de carreteras participaba por sistema en todas las licitaciones acordadas, restringiendo el número de ofertas con bajas superiores a un estándar que era prefijado por el cártel.

Las inspecciones en las sedes de alguna de las denunciadas se llevaron a cabo en diciembre de 2018. Entonces hubo registros en dependencias de Elsamex, Aceinsa, Audeca, Ferrovial Servicios y su filial Ferroser. Ya en julio de 2019 fue abierto el expediente sancionador.

De forma paralela, la CNMC también investigó en 2018 a las mayores constructoras del país por el presunto reparto obra pública. Y un año después muchas de ellas fueron multadas por participar en el referido cártel relacionado con obras de electrificación del AVE.

Aceinsa aportó pruebas clave

Programa de Clemencia. La investigación ha tenido un actor fundamental, Aceinsa, que decidió colaborar en las pesquisas. Entre la docena fue esta empresa la que se acogió al Programa de Clemencia. A través de la aportación de pruebas se libra de la circunstancia agravante, ve reducida en un 50% su multa, a 1,6 millones, y queda exenta del veto para contratar con la Administración. La infracción de las denunciadas es calificada como “muy grave” por la autoridad de Competencia, estando recogida en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y en el 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

15 años de experiencia. La madrileña Aceinsa, fundada en 2005, cuenta con presencia en buena parte de España y sus ingresos en 2020 se aproximaron a los 50 millones de euros. Entre sus mayores contratos, por 25 millones, figura el de la conservación de firmes, señalización y atención de emergencias de tráfico en la M-40 y A-3.

Adjudicaciones. La CNMC ha dictado que Aceinsa obtuvo contratos por 42,6 millones entre 2014 y 2018 actuando en cártel. La cifra supone el 8,2% de los 530 millones adjudicados en fraude por el colectivo.

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