Recuperación y resiliencia: una oportunidad nunca vista
Fondos europeos: hay mucha financiación y poco tiempo, y puede haber cuellos de botella por la elevada burocracia
La irrupción de la Covid-19 ha impactado en la actividad productiva española y puesto fin a más de cinco años de crecimiento por la reducción de la demanda y las restricciones a la movilidad. Pero esta situación de impacto negativo en la economía tiene diferencias con respecto a crisis pasadas. No ha sido provocada por un ciclo recesivo, sino por una pandemia. Así, las medidas y capacidades para afrontarla (como los instrumentos de financiación comunitarios para contrarrestar sus efectos y abordar reformas estructurales) son distintas.
La falta de inversión no supondrá un obstáculo y será posible inyectar fondos que permitirán activar rápidamente la economía sin abocarnos a una crisis como la de 2008, con las consecuencias que conocemos. El capital europeo pretende facilitar la realización de acciones para modernizar la economía a corto, medio y largo plazo: apoyar la recuperación, impulsar una transformación integral y propiciar un desarrollo y modelos productivos más sostenibles y resilientes desde una perspectiva económica, social, territorial y medioambiental.
Así, un proceso que, posiblemente, habría llevado una década en un contexto normal, se podrá acometer en un plan a cinco años, no solo por la necesidad de tomar medidas para recuperar/transformar/digitalizar la economía, sino por la disponibilidad de fondos, como el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, que tiene la mayor partida de los 750.000 millones de euros del programa Next Generation. Estos fondos ya han sido aprobados por los 27 Estados miembros, por lo que la primera parte llegaría antes de septiembre. Jamás ha existido antes una ayuda de esta magnitud y es probable que no la vuelva a haber. Sin duda, habrá un antes y un después de la Covid-19.
El 30 de abril España envió a Bruselas para su evaluación el texto del Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia tras aprobarse en Consejo de Ministros. El vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, expresó su satisfacción al “verlo estructurado en torno a transformaciones verdes y digitales, cohesión social y territorial e igualdad de género”. Dicho plan está diseñado para articular la gestión de los fondos Next Generation. De aplicarse correctamente, podrían tener un impacto similar a la entrada de España en la CEE.
Antes de 1986, el país tenía una notable demora en su desarrollo económico, altas tasas de paro, bajo PIB y menor productividad que otros países de la zona. Su adhesión supuso la introducción de productos en un nuevo mercado y el compromiso de realizar políticas para modernizar sectores como la agricultura, el comercio o el transporte. Esfuerzo que, como ahora, contaría con importantes ayudas encaminadas a favorecer la convergencia de España (como los Fondos Feder) con el resto de los miembros, estando desde 2010 por encima del 75%. Del mismo modo, las reformas hicieron que la incorporación de España y Portugal aumentase el PIB europeo en un 8%.
Para acelerar el nuevo proceso de transformación y recuperación, el país ya ha empezado a lanzar diferentes programas y los Presupuestos Generales de 2021 prevén una inversión de 25.000 millones de euros (de los casi 70.000 millones de transferencias correspondientes al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia). La movilización de los créditos, otros 70.000 millones, se producirá a partir de 2022 para cubrir instrumentos financieros. Este verano se prevé el pago de la prefinanciación del 13% (9.000 millones) del total de España, así como el primer pago semestral, que respondería a los hitos y objetivos alcanzados desde febrero de 2020 hasta junio de 2021.
El plan español tiene cuatro ejes: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. El segundo, en línea con la estrategia europea y la Agenda España 2025, fija la ruta para acelerar una transición tecnológica. Dada su naturaleza transversal, la transformación digital se desplegará a través del conjunto del plan: desde la educación (1.600 millones) y el turismo (3.400 millones), a la modernización de la Administración Pública (4.300 millones), la economía de los cuidados (2.500 millones) y las competencias digitales (3.600 millones).
En este contexto, no es extraña la importancia de las compañías tecnológicas (que llevan la innovación en su ADN), pues juegan un papel relevante al abordar estos planes. Tienen la responsabilidad y el compromiso de asumir un rol fundamental y aportar capacidades y conocimientos que permitan avanzar en este proceso. Su razón de ser es acompañar a sus socios de cualquier sector a la hora de buscar soluciones innovadoras para superar esta situación y salir reforzados.
Hay mucha financiación y poco tiempo. Los retrasos en la identificación de proyectos o la elevada (aunque necesaria) burocracia, pueden crear cuellos de botella, haciendo peligrar la agilidad y demorando el impacto. Apoyarse en parte del sector privado puede ser útil para solventar esta situación sin caer, en ningún caso, en la laxitud de requisitos.
En este contexto, establecer órganos de gobernanza y control que coordinen la actividad de diferentes áreas dentro de un grupo empresarial a la hora de articular los fondos puede ser de gran ayuda. Permiten usar la mejor tecnología y establecer unos objetivos claros a los planes, ya que hay multitud de opciones (robotización, inteligencia artificial, internet de las cosas, etc.), por lo que hay que identificar qué es lo mejor para cada empresa y aplicarlo correctamente.
Las tecnológicas tenemos el deber de acompañar a nuestros clientes en todo ese proceso en ámbitos como la ciberseguridad, la transformación digital del sector público y de empresas privadas, la digitalización sectorial y la transición hacia una economía del dato y el uso de la inteligencia artificial, promoviendo esta transformación integral e histórica de la sociedad.
Diego Mora es director de administraciones públicas y ‘retail’ de Sopra Steria
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