Calviño: “La reforma laboral debe europeizar el mercado de trabajo y limitar el contrato temporal”

Aboga por “retomar la senda de subida del salario mínimo, pero sin poner en riesgo el crecimiento y el empleo” 

Defiende que el Gobierno ha evitado otra crisis financiera y el cierre innecesario de miles de empresas

Nadia Calviño, vicepresidenta económica, en Madrid.
Nadia Calviño, vicepresidenta económica, en Madrid.

"Como ministra de Economía, mi objetivo no es lograr un frío número en una u otra macromagnitud, sino mejorar la calidad de vida de mis conciudadanos, reforzar el Estado del Bienestar y seguir con la línea de progreso que España ha logrado desde la llegada de la Democracia”, asegura Nadia Calviño (A Coruña, 1968), recién ascendida a vicepresidenta primera del Gobierno. La titular de la cartera de Asuntos Económicos y Transformación Digital defiende que el Ejecutivo ha acertado en su respuesta a la pandemia, lo que explica la “fuerte recuperación” económica que ha comenzado. “Hemos dado una respuesta distinta a esta crisis y eso explica que la salida sea diferente de la anterior”, sostiene, avisando de que ahora toca abordar reformas que nos acerquen más a la UE.

¿Su reciente disposición a subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en otoño es firme?

El Gobierno está comprometido con la mejora de las condiciones laborales y la subida del SMI. En tres años lo hemos subido un 30% y en la legislatura el objetivo es alcanzar el 60% del salario medio. Esa senda se ha visto lamentablemente truncada por la pandemia. Mi deseo es que cuanto antes podamos retomarla, pero sin poner en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo. Tenemos que seguir tomando las decisiones correctas en el momento adecuado.

¿Está consolidada la generación de empleo como para aprobar una nueva subida del SMI?

Todos los datos apuntan a que desde marzo se aceleró el crecimiento y que la economía española está claramente en una fase de fuerte recuperación, de manera muy especial en el ámbito del mercado de trabajo. Se han recuperado nueve de cada 10 puestos perdidos por la pandemia y quedan unos 450.000 trabajadores por reincorporarse de los ERTE o por encontrar un trabajo. Vamos a ver cómo evoluciona la campaña de verano, si en el otoño recuperamos el nivel de empleo previo a la pandemia sería el momento para ver si podemos continuar la senda de aumento del SMI.

El comité de expertos propuso un alza de 12 a 19 euros en 2021. ¿Lo ve una cifra prudente?

Consultaremos a los agentes sociales, a los representantes de los trabajadores pero también a los de los empresarios.

La CEOE ha sido muy crítica con una posible subida, ¿no temen que un alza del SMI complique la relación con la patronal?

La sociedad, incluyendo a los empresarios, es consciente de que tenemos que aprovechar la recuperación económica para reducir la desigualdad. La creación de empleo de calidad y la mejora de las condiciones laborales y salariales, empezando por el SMI, es la combinación más potente para reducirla. Los agentes sociales han dado muestras de una gran responsabilidad. Vamos a seguir con un diálogo positivo, aunque eso no quiere decir que las negociaciones no vayan a ser complejas. Son temas muy importantes y sensibles, pero hay una ventana de oportunidad histórica para hacer las reformas que nuestro país necesita, y los agentes sociales son conscientes. El Plan de Recuperación exige que todos rememos en la misma dirección. Es el momento de la unidad.

La unidad del diálogo social parece lejana en la reforma laboral, ¿qué límite hay para pactarla?

Tenemos que llegar a un acuerdo de aquí a final de año. Es urgente porque necesitamos encauzar bien la recuperación económica para que se cree empleo de calidad y ello requiere que tengamos seguridad jurídica para trabajadores y empresas. El objetivo general ha de ser europeizar el mercado laboral español, terminar con las anomalías que nos sitúan por detrás del resto de países europeos en desempleo juvenil, temporalidad, precariedad, rotación de contratos... Un mercado laboral precario no incentiva la inversión en capital humano, lastra la productividad y el crecimiento.

¿Qué medidas concretas prevé?

Tenemos que llegar a acuerdos que simplifiquen los contratos laborales, limitando el uso de los temporales a las actividades que de verdad tengan ese carácter y haciendo del contrato indefinido el habitual. Hay que regular para eliminar la precariedad, como con los repartidores de las plataformas digitales, las subcontratas, etc. Y modernizar la negociación colectiva.

¿Abarataría el coste del despido?

En nuestra hoja de ruta, el tema del coste del despido no es uno de los elementos prioritarios desde el punto de vista de la negociación.

¿Habrá otra prórroga de los ERTE en septiembre? ¿Se enlazará con los nuevos ligados a formación?

En este momento tenemos unos 340.000 trabajadores cubiertos. Vamos a ver cómo está el mercado laboral en septiembre para estimar las necesidades. En todo caso, las medidas extraordinarias de respuesta a la pandemia se van centrando cada vez más en los sectores todavía limitados. Tendremos que encauzar el fin de los ERTE para que haya una transición hacia un régimen permanente que proporcione flexibilidad y estabilidad.

¿Cuándo retirarán los escudos desplegados para que la economía vuelva a caminar sola?

El mensaje unánime de todos los organismos internacionales es que hay que evitar retirar de forma prematura las políticas de impulso a la recuperación. Esto no quiere decir que no tengamos que ir adaptando esas medidas y es lo que hemos hecho en los ERTE, incentivando la recontratación de trabajadores; en los avales del ICO, ampliando los periodos de madurez y carencia; con las ayudas directas, para prevenir un deterioro de los balances de las empresas; o con la reforma concursal. Hemos tomado medidas ágiles y eficaces en el corto plazo pero sin perder de vista el medio y el largo plazo, con la convicción de que España saldría de esta pandemia de la mejor forma posible.

¿Hay riesgo de que las medidas mantengan vivos empleos y empresas que no sobrevivirán?

Tenemos que encauzar la transición de manera que se proteja a los trabajadores y a las empresas que todavía lo necesitan sin frenar la necesaria reestructuración económica de las empresas inviables a largo plazo. Pero la magnitud de los asuntos pendientes es incomparable con la que podría haber sido de no haber tomado todas estas medidas desde marzo de 2020.

¿Es alta la morosidad en los créditos avalados por el ICO?

Por ahora estamos viendo niveles de mora muy poco significativos. Entre avales del ICO, moratorias y ayudas directas se ha conseguido prácticamente contrarrestar el potencial impacto negativo de la pandemia sobre la solvencia empresarial. La mejor muestra es que no se ha producido una crisis financiera.

¿Habrá una avalancha de concursos cuando venza la moratoria vigente hasta fin de año?

La moratoria de la obligación de declaración de concursos no ha impedido la restructuración y los concursos de las empresas que no son viables pero ha evitado una sucesión de quiebras o cierres empresariales artificiales o innecesarios de empresas solventes, que hubiesen destruido valor económico y social. En los próximos meses tenemos que impulsar la reforma concursal, que espero salga a audiencia tras el próximo Consejo de Ministros, para tener un marco más moderno que agilice trámites.

¿Por qué el paquete de ayudas directas no llega a las empresas?

Nosotros hemos transferido los 7.000 millones a las comunidades autónomas y no hay ningún obstáculo que dificulte la canalización de los fondos a las empresas. Las comunidades que más fondos han recibido, Baleares y Canarias, van muy avanzadas y su previsión es ejecutarlas plenamente. Se espera que los fondos empiecen a llegar a las empresas la próxima semana.

¿Cuándo recibirá España las primeras ayudas europeas?

Estamos pendientes de la firma del acuerdo de financiación antes de final de mes, para que en verano se produzca la primera transferencia de 9.000 millones de prefinanciacion. Pero no hemos dejado de actuar esperando los fondos. Se han transferido 7.000 millones a las comunidades; se han abierto licitaciones, como en el ámbito ferroviario; hemos lanzado manifestaciones de interés; y en la segunda parte del año se acelerará el despliegue de las inversiones. Y no hemos parado el ritmo de las reformas con la ley de cambio climático; la de formación profesional; la reforma de la justicia; la ley de startups; o la de creación de empresas y crecimiento empresarial.

¿Cuánto aportará la ayuda europea al crecimiento del PIB?

Unos dos puntos porcentuales anuales en el periodo de ejecución. A medio plazo, un crecimiento potencial incluso por encima del 2%.

El PIB español ya crecía un 2% anual antes de la pandemia, ¿no es un objetivo poco ambicioso?

Sí, pero no era sostenible en el tiempo, que es el objetivo central del Plan de Recuperación. Eso nos daría margen para tener un crecimiento fuerte y sostenido en el medio plazo y, con ello, seguir avanzando en términos de bienestar.

“La carrera fiscal a la baja nos empobrece”

Impuestos. “La carrera fiscal a la baja nos empobrece a todos”, advierte la vicepresidenta económica del Gobierno, que confía en que el G-20 llegue a un acuerdo definitivo en octubre para impulsar un nuevo marco tributario internacional. Este incluirá un tipo mínimo de Sociedades del 15% que el Ejecutivo decidirá si impulsar ya en 2022 en función del calendario de avances. En cuanto a la supresión de la tasa Google nacional a la que obliga el pacto, Nadia Calviño asume que no se abordará hasta que esté en marcha “un sistema realmente eficaz” para que los gigantes digitales tributen donde operan.

Inflación. Nadia Calviño, que ve el alza de la inflación como un fenómeno transitorio, defiende como solución a corto plazo la rebaja de la factura de la luz y, a largo, confía en “una transición ecológica justa que no haga recaer los costes sobre los ciudadanos”

El frente empresarial: De Plus Ultra a Naturgy

El fondo de la SEPI. La relativamente baja demanda de ayuda a los fondos de recapitalización de grandes empresas, que gestiona la SEPI, y pymes, que lleva Cofides, no ha sorprendido a Nadia Calviño. La vicepresidenta económica recuerda que se trata de “instrumentos de último recurso”, a los que en muchos casos se hace innecesario llegar gracias a otras ayudas como los avales del ICO. En todo caso, Calviño asegura que todas las peticiones conllevan un “análisis cuidadoso” que “garantiza la igualdad de trato entre todas las empresas”, incluyendo el polémico caso del préstamo a la aerolínea Plus Ultra, en vilo por orden judicial. “Cumpliremos las sentencias judiciales, pero no prejuzgaría”, pide, defendiendo que “de acuerdo con todos los informes que obran en el expediente, reunía los requisitos para el crédito”.

La OPA de IFM. En cuanto a la decisión pendiente del Ejecutivo sobre la OPA del fondo australiano IFM sobre Naturgy, Nadia Calviño se limita a decir que “el Gobierno decidirá en tiempo y forma”. “La empresa no está paralizada, como demuestra el hecho de que ha presentado plan estratégico”, aduce.

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