Es la transición, amigos
El Gobierno se enfrenta a la rebelión de los consumidores, favorables a la lucha contra el cambio climático, pero no a asumirla en su factura de la luz
Los consumidores españoles observan desconcertados cómo el precio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) ha escalado a cimas hasta ahora desconocidas (más de 106 euros MWh en un día). Una “subida histórica”, tal como proclaman los voceros del nublado; habrá que ver a qué adjetivos recurrirán cuando a finales de año el precio llegue a superar los 120-150 euros MWh, tal como señalan los pronósticos.
El misterio del kilovatio (una medida de difícil abstracción para la mente por la propia naturaleza de la energía), es la punta del enorme ovillo que los distintos Gobiernos, incluido el europeo, han devanado en torno a la regulación eléctrica en las últimas décadas y del que se han perdido casi todos los cabos. Para evitar cefaleas innecesarias, el pequeño consumidor debe obviar su comprensión y centrarse en reglas tan sencillas como contratar con una comercializadora de referencia (filiales de las cinco grandes empresas del sector) el precio regulado que la norma le ofrece como protección frente las compañías: el llamado precio de venta al pequeño consumidor, o PVPC; bajar la potencia contratada al mínimo que les sea posible (la regla: si nunca les ha saltado el automático, es que tienen de más) y adaptar sus hábitos a las nuevos peajes por tramos horarios decididos, no por el Gobierno, como se ha hecho creer, sino por la CNMC, el organismo competente en fijar las tarifas de acceso a las redes que conforman una parte importante de la factura. El afán por cumplir con una dudosa liberalización del mercado (solo apta para grandes consumidores) ha convertido al regulado en un mercado vergonzante: las empresas no lo publicitan (prefieren contratar a un precio libre, con el que ganan más) y el Gobierno no quiere entorpecer ni contradecir el desarrollo de una supuesta liberalización.
El PVPC ‘made in Spain’, modelo único en el mundo, liga sin anestesia la factura del pequeño consumidor al precio del mercado mayorista
Se refutará, y con razón, que es precisamente el mercado regulado el que está sufriendo los azotes de las subidas del pool (sin olvidar que el efecto se trasladará también al liberalizado), ya que el PVPC está indexado a los precios del mercado mayorista cada hora. Una anomalía, herencia del exministro José Manuel Soria, que optó por un experimento único en el mundo que liga sin anestesia el precio de los pequeños usuarios a un mercado espamódico. El problema para el Gobierno es que, pese a ser ajeno al funcionamiento de dicho mercado (no a su regulación), se le culpa siempre de las subidas de precios y, por contra, no le benefician las bajadas, por cierto, muy frecuentes en 2020. Y es que los mínimos no merecen ni un titular en prensa.
El PVPC made in Spain explicaría por qué los consumidores europeos, con precios mayoristas elevadas y facturas de la luz superiores a la española, no se hayan inmutado. Por su propio bien político, el Gobierno debería mejorar este mecanismo, filtrando o laminando las subidas (en electricidad, lo importante es el consumo medio anual).
Sea como fuere, es el sistema en vigor y la alternativa al mismo, la del mercado liberalizado, es menos halagüeña. Las comercializadoras libres están aprovechando el río revuelto del pool para lanzar supuestas gangas, pero hay que tener en cuenta que ellas compran en el mercado mayorista (o a precios referenciados al mismo o los futuros) la energía que luego suministran a sus clientes con un plus margen añadido, a veces vía servicios innecesarios, para obtener su margen de ganancia.
Las razones de las actuales subidas son conocidas: la recuperación de la demanda de gas, que se hundió con la pandemia; las restricciones de los productores (léase, Rusia) para hacer subir los precios y recuperar las pérdidas del año pasado, a lo que contribuyen los cierres del carbón en Alemania y Polonia y su sustitución por centrales de gas, y, sobre todo, a la subida del precio de los derechos de emisión del CO2, sobre 50 euros/tonelada.
Las comercializadoras libres están aprovechando el río revuelto del pool para lanzar supuestas gangas
Tras la firma del Protocolo de Kioto, la Unión Europea impuso a las compañías contaminantes la obligación de comprar este tipo de derechos para encarecer y disuadir su producción. Para ello, creó un mercado en el que las industrias pudieran vender los derechos no utilizados (en principio, reciben una parte de asignaciones gratuitas) por mejoras tecnológicas o reducción de su actividad. El mercado no cumplió sus objetivos y languideció durante años con precios por debajo de los 20 euros por tonelada de CO2, por un exceso de oferta, según la UE, y porque los derechos caducaban a los tres años. La decisión de la Comisión Europea en enero de 2019 de recortar las asignaciones hizo subir poco a poco el precio y así seguirá porque el objetivo comunitario es la retirada anual de asignaciones (unos 10 millones de toneladas), lo que podría disparar el precio del CO2 hasta los 70 euros/tonelada. A ello se suma la eliminación de la caducidad de los derechos ha atraído al mercado a un aluvión de inversores ajenos.
El precio de los derechos de emisión se convierte así en uno de los principales costes de la transición energética hacia una economía descarbonizada, para beneficio de los Estados, recaudadores del dinero obtenido en las subastas, y perjuicio del usuario, que los paga en su la factura por ser un coste más de la producción eléctrica. La sustitución de tecnologías emisoras (carbón) y otras desahuciadas (nuclear) por energías renovables o hidrógeno verde, tendrá un coste muy elevado que los ciudadanos deben conocer.
El quid es si el Gobierno puede, debe o quiere restituir al sistema eléctrico lo recaudado en las subastas CO2 y evitar que sean los consumidores quienes paguen la minuta, o lo destina a otros fines medioambientales. El fuerte incremento de esta recaudación (hasta 3.000 millones de euros previstos para 2021, casi 1.500 millones más respecto a 2020) ha permitido que la decisión del Gobierno de reducir el IVA temporalmente del 21% al 10% no tendrá ningún coste para Hacienda. Una nueva operación parche para el sistema eléctrico, que servirá para compensar las subidas coyunturales del pool, pero que complica más el ovillo.
El precio de los derechos de emisión se convierte así en uno de los principales costes de la transición energética hacia una economía descarbonizada
Detrás de este escenario inflacionista se encuentran también las renovables, que requerirán durante años, en tanto se desarrollan las baterías, del respaldo del gas, un combustible sometido a las reglas de los mercados internacionales. Por mucha potencia verde instalada, cuando el viento no sopla (precisamente, cuando más se le necesita: durante los habituales anticiclones de enero y julio) y el sol no ilumine, la producción con estas tecnologías no tira.
El lobby renovable, nada despreciable pero con la ventaja, frente a la vieja Unesa, de tener a la opinión pública a su favor, insiste en apuntar hacia el mercado marginalista para desviar la atención de la responsabilidad directa e indirecta de las energías verdes en las subidas de precios. En la inquina casi genética hacia el mecanismo de precios marginales (habitual, por cierto, en Europa) subyace más el deseo de perjudicar a las grandes eléctricas que de beneficiar al consumidor. La decisión del Gobierno (otro remiendo para el sistema) de restar 1.000 millones a los llamados beneficios llovidos del cielo de la hidroeléctrica, la nuclear y cierta eólica, tendrán un efecto en la tarifa ya en 2022, cuando entre en vigor la norma que la incluye. Mientras tanto, el precio seguirá volando.
En cualquier caso, con un mercado (sin duda, mejorable) u otro, la transición no será gratuita para el ciudadano, al que hay que advertir que les esperan otras facturas, como la de pagar derechos de CO2 por sus calderas de gas y sus automóviles. Todo se andará.
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