Una economía circular requiere un mayor compromiso nacional

Queda un gran recorrido donde se especifiquen medidas concretas sobre todos los actores intervinientes

Europa ha iniciado el camino hacia un modelo de economía circular. El pasado 4 de julio entró en vigor la directiva europea que prohíbe comercializar determinados productos de plástico, y en España se encuentra en trámite parlamentario el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

La existencia de una regulación que permita la erradicación del plástico de un solo uso supone un gran avance y es la respuesta a una necesidad social que viene impulsada por la normativa europea y los objetivos 2030. Sin embargo, a esta ley le falta concreción para el desarrollo de lo que debe ser una verdadera transición hacia la economía circular. España está cada vez más preparada y cuenta con empresas y tecnología para desarrollar proyectos de economía circular y solucionar los problemas de acumulación de residuos en vertederos, pero la ley de Residuos y Suelos Contaminados no desarrolla de manera suficiente medidas dirigidas a minimizar la generación de residuos, mejorar los sistemas de gestión de estos o fomentar el reciclaje y el uso de materiales reciclados.

Las administraciones deben facilitar el camino siendo más ágiles y simplificando los procedimientos administrativos que no queda solucionado en esta ley. Por ejemplo, los ayuntamientos, diputaciones y autonomías deberían incorporar en las bases de sus concursos de gestión de residuos de manera general cláusulas específicas sobre la reutilización de plásticos para evitar enterrarlos. La ley debería instaurar de manera ágil el impuesto a vertederos de manera armonizada en todas las comunidades autónomas, de manera que se penalice el despilfarro de los materiales plásticos destinados a vertederos y los viajes de residuos para ser enterrados en algunas comunidades más permisivas. Igualmente, se deberían establecer medidas que impulsen las infraestructuras de reciclaje necesarias y establecer incentivos para invertir en nuevas instalaciones si se quiere cumplir con los objetivos de 2030.

El Gobierno debería tener en cuenta el desarrollo de una normativa específica que regule el mercado del plástico reciclado, todavía incipiente, antes de que sea muy complejo hacerlo. Es fundamental tener una clara definición de lo que es materia prima secundaria y potenciar todas las vías tecnológicas de reciclado de residuos e incentivar con exenciones y bonificaciones las rutas de reciclado y la producción de plásticos reciclados de alta calidad.

Por supuesto que esta ley es un primer paso. Pero aún queda un gran recorrido donde se especifiquen medidas concretas sobre todos los actores intervinientes para la transición hacia una economía circular, más allá de consumidores y productores. De esta forma, la industria del reciclaje de residuos plásticos se puede convertir en una realidad industrial innovadora de acuerdo con los principios establecidos en la estrategia europea para el plástico en una economía circular.

Juan Baena es presidente de Preco