Bonos verdes, un ‘boom’ de financiación presente y futuro

La fuerte demanda de los inversores de este tipo de deuda está facilitando a los emisores un menor coste de financiación, aunque el reto está en demostrar que los recursos tienen finalidad sostenible.

La revolución verde necesita de cientos de millones de euros para lograr su objetivos de neutralidad de emisiones contaminantes y ha encontrado en el mercado de capitales una poderosa fuente de financiación. La emisión de bonos verdes y sostenibles está experimentando un auténtico boom y si bien todavía supone una parte muy pequeña sobre el total de colocaciones de deuda, su crecimiento es exponencial y se prevé fulgurante para el futuro. Emisores e inversores lo saben y defienden el auge de un activo para el que este año se prevé un volumen de emisiones por más de 400.000 millones de dólares (339.250 millones de euros), según cálculos de Standard & Poor's. Si a las emisiones verdes se le añaden las de carácter social, el conjunto de emisiones con sello ESG podría superar en 2021 los 700.000 millones de dólares. Una cifra que supone superar en un tercio el total de emisiones sostenibles de 2020 y duplicar el de 2019.

El auge de la financiación sostenible se explica sin duda en las políticas climáticas impulsadas desde el Acuerdo de París en 2016 y en la transición a una economía baja en carbono y también en "el impulso de los instrumentos de deuda social y sostenible a medida que la pandemia destacó la necesidad de ello ante el aumento del desempleo, la desigualdad de ingresos y las tensiones en los sistemas de vivienda, atención médica y educación", señala Luisina Berberian, associate director, sustainable finance de S&P Global Ratings. La pandemia ha supuesto de hecho un punto de inflexión en la financiación sostenible, hasta el punto de que las emisiones con sello ESG –las siglas que se identifican con el compromiso social, con el medioambiente y con el buen gobierno corporativo– han comenzado a resultar más baratas para los emisores que las que no lo son.

A diferencia de lo que sucedía con anterioridad a la crisis, la fuerte demanda por parte de los inversores permite a menudo lo que se conoce en la jerga financiera como greenium, una prima sobre el precio del bono que se traduce en menor rentabilidad a pagar por parte del emisor. Según un estudio de la Iniciativa de Bonos Climáticos publicado el pasado marzo, el 58% de los bonos verdes emitidos en la segunda mitad de 2020 registraron esa prima. Además, la demanda superó en 4,2 veces la oferta en las emisiones de los bonos verdes analizados, frente a las 2,9 veces de las emisiones convencionales. "Existe una creciente evidencia que muestra que podría existir un greenium", asegura Berberian.

Mejora del perfil de riesgo

Desde la agencia de rating Scope señalan que el sello ESG no es en todo caso garantía de un mayor precio para una emisión sostenible. Y advierten a los emisores de que los bonos con fines de sostenibilidad ayudan a las compañías a mejorar su perfil de riesgo para el largo plazo "aunque ello depende en gran parte de lo bien que se inviertan los fondos captados". "La sobresuscripción puede influir en el precio pero no hay que dar por hecho que exista una prima en los bonos verdes", sostiene Sebastian Zank, responsable de rating corporativo de Scope.

El distintivo ESG bien puede ser promesa por tanto de menor coste de financiación para los emisores y ante la fuerte demanda inversora, las instituciones han comenzado a intervenir para asegurar que los bonos que se publicitan como verdes realmente lo sean. La Comisión Europea ha lanzado este mes una propuesta regulatoria en la que pone el foco en uno de los eslabones más sensibles de toda la cadena de las finanzas sostenibles, los asesores externos que asignan los rating ESG.

Su labor consiste en la concesión de una calificación en materia de sostenibilidad al emisor, que sirve de referencia para los inversores. Y la UE aspira a controlar que esta tarea refleje fielmente la política ESG del emisor, de modo que estos asesores externos van a estar supervisados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA por sus siglas en inglés). Aquellos que avalen de forma intencionada o negligente una emisión verde que en realidad no lo sea podrán sufrir sanciones de hasta 200.000 euros.

Con esta regulación, Bruselas pretende establecer un sello de calidad para todas las emisiones verdes, aunque tendrá carácter voluntario. Su objetivo último es consolidar a la UE como referente de las finanzas sostenibles a nivel mundial, sin olvidar que el 30% de los 800.000 millones que emitirá la Comisión Europea hasta 2026 para financiar el fondo europeo tendrá sello ESG.

Con un marco regulatorio aún en construcción, las emisiones verdes están ganando cuota sobre el total emitido a nivel global, con un récord del 17,4% en junio en la deuda corporativa, según señala Bank of America. Aunque a un ritmo muy desigual: si el 30% de la deuda de las eléctricas tiene sello sostenible, apenas el 2% de las emisiones de automovilísticas o petroleras lo tiene, sectores para los que la transición energética es sin duda más desafiante.

El papel crucial de los bancos centrales

Compras de deuda. Los poderosos programas de deuda de los bancos centrales, con los que han hecho frente a la crisis desatada por la pandemia, no tienen por el momento ningún sesgo específico en favor de la sostenibilidad, pero sí se espera a futuro, con el inevitable impacto que ello podría tener sobre los precios. El BCE es el primero que ha dado un claro paso al frente y ha incluido los compromisos de sostenibilidad en la revisión de su estrategia de política monetaria. Analizará sus riesgos ESG en balance y exigirá criterios de sostenibilidad en sus compras de deuda corporativa y en los colaterales que acepte a cambio de liquidez. Aunque estos requisitos no tendrán plena aplicación hasta 2024.

Inversión pública y privada. La transición energética supone un desafío financiero que el BCE no pasa por alto. Bruselas calcula que la UE necesitará al menos 350.000 millones de euros adicionales en inversiones cada año para cumplir sus objetivos climáticos, que pasan por reducir un 55% sus emisiones contaminantes para 2030 en relación con 1990 y por alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono en 2050, de modo que se emita solo lo que se pueda absorber.