Deslegitimar al Tribunal de Cuentas, deslegitimar al Estado

El organismo no pretende limitar al Gobierno de Cataluña en su acción política, sino corregir un caso de corrupción en el gasto público

Con motivo del procedimiento jurisdiccional seguido en el Tribunal de Cuentas para dirimir la exigencia de responsabilidad contable a los dirigentes de la gestión del dinero público utilizado en la acción exterior del Gobierno de la Generalitat, se ha puesto en marcha un carrusel de declaraciones y manifestaciones ciertamente incisivas que, mediante la desacreditación del tribunal, aspiran a desactivar las consecuencias del procedimiento. Conviene recordar brevemente los hechos para analizar después los motivos y argumentos con los que se pretende desacreditar la actuación del reseñado organismo.

Tras ser compelido para ello por la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, la entidad realizó una fiscalización de la gestión económica de los responsables de la acción exterior de la Generalitat en el periodo 2011-2017. El informe resultante, que fue aprobado por una inmensa mayoría del pleno del tribunal –solo hubo un voto en contra–, constata que los auditores descubrieron la existencia de serias y graves irregularidades. Así, se realizaron pagos sin que exista la correspondiente acreditación documental (factura, recibo…) de la contraprestación recibida, se concedieron subvenciones infringiendo los requisitos exigidos por la Ley de Subvenciones y se fraccionaron fraudulentamente contratos públicos simulando la contratación de múltiples contratos menores –de exigencias legales más livianas en publicidad, concurrencia y transparencia– cuando en realidad se estaba contratando solo uno –disimulado– por el importe agregado de todos los simulados.

Estas actuaciones ilegales (fueron violentadas la citada Ley de Subvenciones, pero también la de Contratos y la Ley General Presupuestaria) determinaron que el tribunal, en el ejercicio de su función jurisdiccional, iniciara un procedimiento de enjuiciamiento que ahora ha supuesto la exigencia de la fianza de 5,4 millones de euros a los responsables del fraude. Con ello ha dado comienzo la feria de ataques al supremo órgano fiscalizador del Estado y de las cuentas públicas, atribuciones de rango constitucional.

Se dice en primer término que el tribunal está pretendiendo limitar al Gobierno catalán su acción política, penalizando aquella faceta que no es del gusto del citado órgano. Es completamente falso. Nada exige el tribunal a los responsables catalanistas por los otros 413,4 millones de euros gastados en su acción exterior (el total fue 416). Tan solo les exige el afianzamiento de los 5,4 millones gastados al margen de las leyes aplicables. Se trata de corregir un caso de corrupción en el gasto público. Se alude en segundo lugar a la falta de independencia de los miembros del tribunal, circunstancia que sería consecuencia de su elección por el Parlamento a propuesta de los partidos políticos. Es una falta de respeto al organismo y a los consejeros, pues su independencia –consagrada a nivel constitucional– es un derecho y una obligación, de manera que su incumplimiento supondría violar un mandato de la Constitución. Además, es un argumento con poco peso que resulta fácilmente desmontado con la historia reciente. Basta con recordar que, formando parte del pleno del tribunal miembros propuestos por el Partido Popular, políticos como Álvarez de Manzano o Alfonso Alonso –ambos del PP– fueron obligados por el tribunal a restituir a las arcas públicas el importe de lo que gastaron sin amparo legal. Ciertamente por cifras menores a los de la fianza ahora exigida a los responsables del Gobierno y Administración catalanes, como menor fue también el importe de las infracciones que cometieron.

Se arguye que resulta escandalosa la amenaza de un embargo en el supuesto de no hacerse efectiva la fianza impuesta argumentando que esta no es firme y, por tanto, es susceptible de ser recurrida. Olvidan los que argumentan tal cosa que a diario miles de españoles ven embargar cautelarmente sus bienes o derechos por organismos administrativos como la Agencia Tributaria o la Tesorería de la Seguridad Social. Y que, además, estos embargos tienen lugar, no ya sin que exista una sentencia que los decrete, sino incluso antes de que exista deuda alguna. Así, cuestionar la legitimidad del Tribunal de Cuentas para realizar los embargos previstos en las disposiciones que regulan su funcionamiento llevaría inevitablemente a cuestionar la acción recaudatoria de nuestra Administración tributaria y de nuestra Administración laboral. En definitiva, a dejar al Estado y a su brazo ejecutivo –la Administración– sin su actual capacidad de obtención de ingresos.

En definitiva, deslegitimar al Tribunal de Cuentas, cuyas competencias y normas de funcionamiento y decisión son absolutamente homologables con las de los países de nuestro entorno político y económico, es atacar uno de los pilares de nuestro Estado. En concreto, el que vela de manera independiente por la legalidad en la gestión del dinero público. Mal mensaje se daría a la multiplicidad de cuentadantes –gestores que gestionan recursos públicos– si, de una u otra forma, se validara la utilización ilegal de 5,4 millones de euros con absoluto desprecio a la legalidad que ha de cumplirse para utilizar el dinero de los contribuyentes.

En función de todo lo expuesto, estoy convencido que, a esta altura del partido, la incontestable inteligencia política del ministro Ábalos le habrá hecho ver que no estuvo especialmente afortunado al calificar al Tribunal de Cuentas como piedra en el camino, y menos aún de manifestar la conveniencia de desempedrar este. Precisamente por la inteligencia aludida, estoy convencido que el ministro, y con él el Gobierno, serán los primeros defensores de las decisiones que ha adoptado y que adopte el tribunal en el obligado ejercicio de sus competencias legales.

Ignacio Ruiz-Jarabo es economista y exdirector general de la Agencia Tributaria