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Reestructuración

La SEPI exige a Terramar un proyecto a medio plazo para el rescate de Abengoa

El fondo con sede en California debe comprometerse a no trocear la firma; hay intereses contrapuestos y la participación del Estado es difícil

Trabajadores de Abengoa se manifiestan en la sede de la empresa, en Sevilla.
Trabajadores de Abengoa se manifiestan en la sede de la empresa, en Sevilla. EFE

Las patadas hacia adelante en la crisis de Abengoa son habituales desde 2015. Pero el absoluto limbo en el que está desde hace más de un año no puede durar eternamente, y los acreedores, el posible rescatador (Terramar), el ICO, la aseguradora Cesce y la SEPI, tratan de forjar un acuerdo para lograr su salvación. El final feliz es, en todo caso, complicado y está condicionado a que el fondo con sede en California ponga negro sobre blanco un plan de viabilidad a medio plazo, según varias fuentes conocedoras de la situación. No sirve que la rescate para después venderla a trozos.

Son muchas las partes con intereses en Abengoa, y cada una de ellas tiene su propia agenda de peticiones y condiciones. Es necesario un mínimo común denominador para que se pueda ejecutar el rescate, y esto es harto complicado dadas las circunstancias. La próxima fecha marcada en rojo es el 16 de julio, cuando vence el waiver concedido por un grupo de acreedores a Abenewco 1, la filial operativa del grupo de ingeniería y de la que penden la mayor parte de los alrededor de 13.000 empleados de la compañía.

Una vez que los Amodio se retiraron de la oferta que presentaron de manera preliminar junto a la energética Ultramar y a la sindicatura de accionistas AbengoaShares, solo está encima del tapete la del fondo Terramar. El rescate está condicionado a que participe la SEPI con la inyección de 249 millones y a que los acreedores –entre los que destacan Banco Santander, Bankia, CaixaBank, Crédit Agricole y los fondos Blue Mountain, KKR, Alden y Melqart– concedan nuevas líneas de avales por importe de hasta 300 millones. Los blindajes de Cesce y del ICO también son requeridos.

El fondo de rescate creado para evitar la caída por el Covid de empresas estratégicas para España ha instado a Terramar que le explique el plan de viabilidad para la empresa. Su participación es imprescindible para la empresa, pero el objetivo de este vehículo público es que las compañías a las que asiste sobrevivan, no que sean troceadas y que las piezas se vendan al mejor postor.

La situación de la empresa que cotizó hasta julio de 2020

 

La deuda. El último balance disponible de Abengoa SA, que fue suspendida de cotización el 14 de julio de 2020, revela que su pasivo ascendía a 1.007 millones, de los que 354 eran deudas con empresas del grupo. Las cifras se refieren a cierre del ejercicio 2019. A la hora de llegar a un acuerdo con los acreedores, es previsible que se ofrezca una gradación del porcentaje que podrán recuperar en función del tiempo que estén dispuestos a esperar: menos cantidad cuantos más rápido quieran cobrar.

Los proveedores. La bula que permite a Abenewco 1 no devolver el dinero a los dueños de una parte de su deuda expira el 16 de julio. Pero también está en juego otro acuerdo. Los proveedores también son pacientes. La filial les debe cerca de 400 millones de euros, pero esperarán al menos hasta el 30 de julio para ver si se logra una solución. En el acuerdo planteado en agosto de 2020 se les ofreció participar en un crédito sindicado que se devolvería en 20 años, con el compromiso de recibir el 6,25% del mencionado préstamo de manera inmediata. Este sumaría más de 300 millones.

 

Terramar ofrece préstamos a Abenewco 1 por 150 millones y también está dispuesta a inyectarle capital por otros 50 millones, según comunicó Abengoa a la CNMV el 4 de abril. Así se quedaría con alrededor del 70% de la filial con los activos valiosos del grupo de ingeniería, mientras que el restante 30% iría a parar a los actuales acreedores.

La última petición encima del tapete es de EY, administrador concursal de la matriz. Solicita al juez de lo mercantil que los consejeros pierdan casi todo poder de gestión en Abengoa SA. El objetivo, según fuentes financieras, es dar estabilidad a los simultáneos procesos de concurso de acreedores, para Abengoa SA, y de refinanciación, para Abenewco 1. Otro de los efectos es que una junta extraordinaria de accionistas para cesar a los consejeros, como solicitan desde AbengoaShares, con un 21% del capital de Abengoa SA, tendría un efecto casi nulo, una vez restringidos los poderes del consejo.

La matriz se quedará hasta con el 15% de la filial operativa

 

Abengoa SA está en concurso de acreedores desde finales de febrero, en preconcurso desde agosto de 2020 y suspendida de negociación en la Bolsa por la CNMV desde el 14 de julio del año pasado. Las fuentes consultadas señalan que el objetivo para que pueda lograrse un convenio en la matriz es lograr que el plan de refinanciación de Abenewco incluya la propiedad de un porcentaje de la filial operativa muy superior al 2,7% propuesto en el plan de rescate que acordara hace ahora un año. Se baraja entregar a la matriz del 8% al 15% de Abenewco 1.

Los accionistas de la empresa cotizada, entre los que destacan los minoritarios que agrupa Abengoa­Shares y que controlan más del 21% del capital, tendrían argumentos para firmar la paz. Si bien, en teoría, cobrarían primero los acreedores de la matriz.

Que la situación se resuelva implica un contrapeso de intereses, puesto que cuanto más recursos se destinen a la empresa en concurso menos atractiva será Abenewco 1 de cara a su salvamento. En el caso más extremo, significaría que Terramar y los acreedores renunciaran al 15% de la propiedad de la filial.

La hoja de ruta para tratar de contentar a todos los interesados incluye también que se destine una cantidad de dinero en efectivo para la matriz. Varias fuentes señalan que el importe requerido para poder cerrar un acuerdo con los acreedores se sitúa en los 25 millones.

Que se inyecte o no el dinero implicará que se incluya una salvedad en las cuentas del año pasado, aún no presentadas, por parte del auditor del grupo, PwC. En el peor de los casos, podría suponer incluso que se negara a incluir su informe de auditoría, como publicó CincoDías el pasado 25 de mayo. Y esto podría tener efectos secundarios sobre el plan de salvamento.

 

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