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La economía verde y digital acelera su ritmo de llegada

La condicionalidad del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea para hacer llegar fondos a los Estados es que prioricen reformas que transformen la sociedad en más sostenible y más digitalizada

Sede de la Comisión Europea, en Bruselas.
Sede de la Comisión Europea, en Bruselas.Getty Images
Marta Yoldi

Con la pandemia de Covid-19 en plena efervescencia, el Consejo de Europa aprobó el 21 de julio de 2020 el mayor plan de estímulos de la historia europea: el Next Generation EU, dotado con 750.000 millones de euros. Una poderosa palanca de ayuda para paliar los devastadores efectos de la crisis económica provocados por la epidemia.

Este plan nació con la pretensión de impulsar un inmenso cambio socioeconómico hacia sociedades más sostenibles y digitalizadas. Su mismo nombre es toda una declaración: Próxima Generación Unión Europea.

Casi el 90% de este paquete, 672.500 millones de euros, lo compone el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinado a apoyar la inversión y promover reformas en los Estados miembros para transformar sus economías de una forma duradera. Para la UE, salir de la crisis pandémica es la oportunidad de oro para dar valor a las prioridades ecológicas y digitales.

“Vivimos en la parte más desarrollada del mundo, con sociedades que requieren muchos excedentes y con economías muy sofisticadas. La sostenibilidad estaba ya ahí, desde un punto de vista ético pero también competitivo”, señala el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich.

El nombre de Next Generation es toda una declaración de intenciones

Si en la anterior crisis económica la Unión Europea exigió cuadrar cuentas y no generar deuda, en definitiva, tener austeridad, la gran condicionalidad esta vez es dedicar los fondos a los objetivos de transformación hacia sociedades más verdes y más digitales.

Toni Roldán, director del Centro de Políticas Económicas de Esade, define este momento “como una gran oportunidad para cambiar el modelo de desarrollo”, y asegura que muestra también “la coherencia política de la UE”.

Así las cosas, España que recibirá 140.000 millones de euros en los próximos seis años procedentes del Next Generation, ha elaborado un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para cumplir con sus exigencias.

Los tres primeros objetivos que menciona dicho plan, como no podía ser de otra manera, son “impulsar la transición verde, impulsar la transformación digital y un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo”.

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El 59% de la agenda española

El 59% de los recursos que recibirá España de los fondos Next Generation se va a destinar a políticas relacionadas con la sostenibilidad y la digitalización, según el plan elaborado por el Gobierno.

El plan del Gobierno español contiene diez políticas “tractoras”. La agendas urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura recibirán el 16% de los recursos, con lo que se pretende mejorar la habitabilidad de los entornos urbanos y cubrir las necesidades del entorno rural.

El 12% de los fondos recibidos se destinará a impulsar infraestructuras y ecosistemas resilientes, y el 9%, a la transición energética. La modernización y digitalización “del ecosistema de nuestras empresas” detraerá el 17% y la transformación de la Administración pública “en motor de los cambios tecnológicos”, el 5%. En total, las reformas en sostenibilidad y digitalización acaparan el 59% del total de recursos, lo que pone de manifiesto la importancia que se les presume.

Una transformación ambiciosa que Valentín Pich no duda en calificar de “difícil”. “No es fácil para los Gobiernos europeos la tarea impuesta, ya que hay que cumplir con lo establecido y después demostrarlo, pues se medirá lo realizado”, declara.

Lo mismo se puede decir en relación con las empresas, que además deben luchar contra el panorama económico que ha dejado la pandemia. Pich añade que, por otra parte, hay que seguir avanzando en “la economía, digamos, tradicional, porque no todo es sostenibilidad y digitalización”.

Las cifras

672.500 millones de euros es la cantidad con la que está dotado el Mecanismo de Recuperación.

140.000 millones de euros recibirá España en los próximos tres años del Next Generation EU.

Como ejemplo, el economista cita una industria esencial en la economía española como es el turismo: “Es encomiable trabajar sobre el cuidado de los parajes y de las aguas o buscar las playas perfectas, pero no hay que olvidarse del sector que ya existe, el tradicional”. Lo fundamental, para este experto, es no perder de vista que la economía, aunque tienda a ser cada vez más verde y más digital, tiene que ser “competitiva”.

Toni Roldán apunta que el proceso de cambio económico en España cuenta con tres dificultades sobre las que hay que actuar en profundidad: el ámbito educativo, el institucional y el laboral. El problema que teme este experto es que “se ponga el acento más en las inversiones que en las reformas necesarias”.

El punto de partida para lograr una sociedad más ecológica y más digital es positivo. La conciencia verde está muy asentada en Europa, y se venía trabajando en este campo desde antes de la pandemia.

En España, se acaba de aprobar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que viene a dar cobertura legal a los compromisos del país respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y a las agendas internacionales en esta materia.

Asimismo, se encuentra actualmente en tramitación el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que actualiza la normativa de 2011, y está sobre la mesa el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. Estas normas son ejemplo de que, antes de la crisis, el medioambiente ya estaba presente en las agendas oficiales.

Respecto a la digitalización, la pandemia ha servido para darle un impulso considerable. La transformación tecnológica es un hecho imparable que todos vivíamos antes de 2020, pero las restricciones a la movilidad impuestas por la crisis sanitaria han acelerado la implantación del entorno digital.

Como factores positivos hay que destacar la elevada preparación digital de la juventud y los medios con los que ya se contaba en el mundo económico. Sin embargo, el escollo es, precisamente, la rapidez del proceso, que afecta sobre todo a las pequeñas empresas y microempresas, que constituyen la mayoría del tejido empresarial español.

Cambios para el transporte en los próximos 30 años

El transporte se ha convertido en el gran objetivo de la transformación verde de la economía y la sociedad. Medios como el avión o el automóvil generan gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono y la tendencia es actuar en este campo.

El Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha elaborado un informe, llamado España 2050, en el que se recogen análisis y propuestas de trabajo para los próximos 29 años y en el que el transporte tiene mucho protagonismo.

Una de las medidas que más han llamado la atención es la recomendación de prohibir los trayectos en avión que tengan una duración menor a 2,5 horas y que cuenten con alternativa por ferrocarril. En Francia ya se ha aprobado una ley en este sentido.

La idea es convertir al ferrocarril en el medio de transporte del futuro debido a su menor impacto medioambiental. Así, se proyecta mejorar la red ferroviaria española para sustituir en lo posible al transporte por carretera tanto de viajeros como de mercancías.

“En lo que respecta a mercancías, es necesario ampliar la electrificación de la red ferroviaria, utilizar trenes híbridos con hidrógeno renovable para los tramos no electrificados, aumentar la eficiencia de las terminales intermodales e incorporar vía férrea en aquellos puertos y aeropuertos que carecen de ella”, expone el informe.

Y para conseguir estos propósitos se plantea recurrir también a la vía impositiva. El texto abre la posibilidad de gravar con una tasa a los viajeros frecuentes de líneas aéreas, así como crear un impuesto sobre los billetes de avión según esté el destino más o menos próximo al punto de partida.

En cuanto al transporte por carretera, podría aprobarse un nuevo impuesto sobre el uso medido real del automóvil, atendiendo a la potencia de este, a su peso y a las emisiones de gases de efecto invernadero que libera a la atmósfera.

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