Telefónica y los sindicatos firman la prórroga del convenio que se abre a la semana de cuatro días
Incluye la subida salarial del 1% y la apuesta por el teletrabajo
Telefónica España y los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, han firmado hoy la prórroga del II Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas (CEV) 2019-2021, que se extenderá un año más, hasta final de 2022. La empresa presentó la pasada semana la oferta final, que ha sido analizada y votada por los órganos de decisión de ambas centrales sindicales.
En un comunicado, los sindicatos destacan que la prórroga desarrolla el sistema de teletrabajo universal y voluntario, al ampliarse a dos días el mínimo de jornadas teletrabajables, pudiendo incrementarse, distribuirse o acumularse hasta llegar a una semana completa en periodos quincenales, a criterio de las unidades de negocio, lo que supone una considerable mejora. Además, recuerdan que la empresa se ha comprometido a proveer el equipamiento informático adecuado a cada teletrabajador, una silla ergonómica y la conectividad necesaria (tarjeta inteligente SIM y datos ilimitados), incluyendo un terminal móvil, para garantizar dicha prestación laboral desde el lugar designado por el interesado.
“Paralelamente al logro del teletrabajo universal en nuestras empresas, hemos introducido nuevas medidas que abundan en la conciliación, como la potenciación del Smart Work o trabajo en movilidad y la denominada jornada laboral flexible bonificada”, dicen los sindicatos. Con esta última implantación, la operadora abre la vía a la jornada de cuatro días semanales, si bien con reducción salarial, tal y como adelantó Cinco Días el pasado 16 de junio.
La jornada laboral flexible bonificada establece la fórmula de distribuir 32 horas en cuatro jornadas de ocho horas, con una bonificación del 20% cuya implantación se realizará a partir de una prueba piloto de tres meses.
Además, la prórroga incluye una subida salarial del 1%, y el abono de un plus de 300 euros con la garantía adicional de la cláusula de revisión salarial que, según los sindicatos, permitirá, en caso de necesidad, mantener el poder adquisitivo.
“En lo que representa en cuanto a seguridad y futuro para las personas trabajadoras hemos conseguido mantener un año más las garantías de no movilidad interprovincial e interinsular y segregaciones de personas trabajadoras forzosas y la garantía de empleo”, han señalado los sindicatos.
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