Una recuperación fiscalmente sostenible para el futuro de España
La OCDE tiene razón al priorizar el crecimiento, aunque ello no tiene por qué excluir la tarea de diseñar un itinerario de vuelta a la senda de la consolidación fiscal
La economía española ha sido duramente golpeada por la crisis del Covid-19, que dejará cicatrices que perdurarán, así como riesgos latentes que habrá que vigilar, pero España ha invertido importantes recursos públicos en paliar el daño infligido a las empresas y a los hogares, se ha puesto al día en los objetivos de vacunación y tiene ante sí la oportunidad histórica de transformar su modelo económico con los fondos europeos para la recuperación. Ese fue el diagnóstico que realizó ayer el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, en la presentación del informe anual del organismo junto a la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Gurría, que fijó las previsiones de crecimiento de la economía española en un 5,9% en 2021 y del 6,3% en 2022 si la pandemia continua en retroceso, desgranó la hoja de ruta de la OCDE para España, que aconseja, entre otros aspectos, centrarse primero en la recuperación y afrontar después la consolidación fiscal, así como abordar medidas clave para la sostenibilidad de las cuentas públicas y de las prestaciones sociales, como ligar la jubilación “no a una cifra mágica”, sino a la esperanza de vida.
El consejo de la OCDE no es nuevo, como tampoco es nueva la resistencia de España a adoptarlo. Pese a arrastrar un ritmo de envejecimiento de la población que constituye una bomba de relojería para el país, como recordó ayer el Banco de España al señalar que en 2050 por cada tres personas en edad de trabajar habrá casi dos mayores de 65 años, España sigue sin afrontar con realismo la necesidad de una reforma profunda de su sistema de pensiones. La suspensión del factor de sostenibilidad, cuya introducción estaba inicialmente prevista para 2019 y que ligaba la jubilación a la esperanza de vida en línea con lo recomendado por la OCDE, finaliza en 2023, pero a día de hoy es más que improbable que se active en esa fecha. Así, la propuesta de reforma de la Seguridad Social que el Gobierno ha enviado recientemente a Bruselas se limita a una serie de ajustes técnicos que cambian partidas de gastos de lugar, pero no coge por los cuernos la insuficiencia financiera que roe y roe inexorablemente el sistema español de protección de la vejez.
La OCDE tiene razón al priorizar la recuperación de la economía, aunque ello no tiene por qué excluir la tarea de diseñar un itinerario de vuelta a la senda de la consolidación fiscal que transmita a los mercados la firme voluntad del Gobierno español de recuperar la cintura financiera. Pero esa vuelta a la ortodoxia fiscal no podrá llevarse a cabo de forma efectiva si España no afronta de una vez por todas una reforma del sistema de pensiones que no hipoteque el futuro del país.