Costes administrativos y pérdida de eficiencia en un estado descentralizado

Las ayudas dirigidas a personas y empresas aprobadas en marzo por el Gobierno son un caso claro de mala práctica que perjudica a los ciudadanos

La función del sector público es facilitar servicios a la ciudadanía cuando la sociedad ha considerado que este tiene que intervenir para solucionar fallos de mercado, mejorando la eficiencia en la generación de riqueza y la equidad en su distribución. La pandemia ha mostrado de forma evidente la necesidad de disponer de políticas públicas suficientes, pero también eficaces en la elección del destino del gasto y su rápida traslación a sus destinos.

En una democracia representativa, el gobierno es el encargado de poner en práctica los encargos trasladados por la sociedad a través de las elecciones. En el caso español, al tratarse de un estado muy descentralizado donde conviven varios niveles de gobierno y administraciones, hay que hablar de varios gobiernos, de manera que deben entenderse entre ellos para cumplir las funciones encomendadas, porque de otra manera puede incurrir, y de hecho pasa así en demasiados casos, en fallos de gobierno que pueden tener incluso un coste superior a los efectos negativos de los fallos de mercado que se han pretendido corregir.

Las ayudas dirigidas a las personas y empresas aprobadas en marzo por el Gobierno de España por valor de 7.000 millones de euros (2.000 millones dirigidas a Baleares y Canarias), a gestionar por las comunidades autónomas, es un caso claro de mala práctica que perjudica a los ciudadanos.

La primera cuestión que merece precisión es haberlas presentado como ayudas directas ante la opinión pública, cuando se trata de subvenciones y, por tanto, el dinero tiene un destino obligado y verificable (acreedores, deudores y deudas). No se trata, por tanto, de una prestación sin contrapartidas dirigida a quienes los han pasado mal, sino de una ayuda que hay que justificar, y no de forma fácil, precisamente.

El RDL 5/2021, parece que redactado por el Ministerio de Economía, establece un periodo de generación de facturas y deudas objeto de subvención (marzo 2020 a mayo 2021) y otro distinto para proceder a su pago (a partir del 1 de junio de 2021). Esta elección no parece tratar bien a quienes han realizado un esfuerzo ímprobo en estos tiempos de pandemia cumpliendo con sus pagos en tiempo y forma. La demoníaca regla que diferencia temporalmente el momento de emisión y el pago de la factura, incluye, además, la obligación de respetar el orden de generación de la deuda, complicando severamente la gestión, y afectando el tiempo necesario para el pago de la ayuda y posibles reclamaciones posteriores de reintegro ante incumplimientos de las retorcidas normas.

Ante la total falta de respuesta del Ministerio de Economía a nuestras preocupaciones y propuestas alternativas de redacción, la Junta de Andalucía, a la que se le han asignado 1.109 millones de euros de estas ayudas, cumplirá con sus obligaciones, pero para hacerlo está obligada a complicar la vida a los potenciales beneficiarios al solicitarles un montón de papeles. Adicionalmente se ve obligada también a asumir un coste administrativo de millones de euros para diseñar el procedimiento, tramitar la ayuda y realizar las posteriores comprobaciones para cuadrar cada factura emitida y el posterior pago (hablamos de millones de facturas), con riesgo cierto de bloqueo de los órganos gestores.

El coste administrativo es extensible a 17 comunidades autónomas, quienes, literalmente, se han tenido que buscar la vida para hacer frente al perverso encargo recibido, de quienes se han limitado a apuntarse el tanto de conceder las ayudas, mientras otros asumen el (muy elevado) coste administrativo. Privilegio para la propaganda, mientras las comunidades autónomas deben gastar millones de euros y un gran esfuerzo de los empleados públicos, que podían ser utilizados en otros destinos mas necesarios. Un coste por otra parte, que se podría haber reducido sensiblemente si se hubiera realizado el encargo a la Agencia Estatal Tributaria al disponer de oficio de una buena parte de la información que se requiere para su gestión.

Al final, ¿cuál será el coste real de aplicar una política valorada inicialmente en 7.000 millones de euros? Quienes consideramos que el dinero es de los ciudadanos y no de quienes nos debemos a ellos, nos interesa bastante la respuesta, de ahí la necesidad de evaluar correctamente las políticas públicas.

La necesaria mejora de la eficiencia en la economía española, a la que no son ajenas las administraciones públicas, forma parte del debate instalado en la opinión pública. Sin ir más lejos, está recogido en el documento España 2050. La mejora en el desempeño de las administraciones aumenta la productividad de la economía y la calidad de vida de las personas. De hecho, la mejora de su eficacia es un valor básico y central para mejorar la valoración de los ciudadanos y su percepción respecto al pago de impuestos.

Escuchando las reiteradas declaraciones del presidente parecería que comparte este objetivo; sin embargo, su Gobierno no lo practica. Apuesta por la plurinacionalidad, aunque muy posiblemente no sea capaz de definir su contenido más allá de considerar moderno el uso de un palabro que en realidad esconde un empeoramiento de la equidad entre territorios, pero es incapaz de practicar la cogobernanza en un modelo descentralizado como es el Estado de las autonomías. Desgraciadamente, el caso que he comentado en esta tribuna no es una excepción en su comportamiento sino más bien la representación de una (mala) práctica demasiado habitual.

Miguel Ángel García Díaz es Viceconsejero de Empleo, formación y trabajo autónomo de la Junta de Andalucía