Un país para jóvenes: trabajo estable, salario digno y vivienda

España encara el peligro de que toda una generación que ha soportado dos crisis históricas se quede descolgada

El futuro de la población joven pinta mal. Los que se incorporaron a la actividad laboral tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 tuvieron que esperar siete años hasta que la economía empezó a recuperarse en 2014. Tras seis años de crecimiento, una densa niebla vuelve a formarse sobre su futuro como resultado de la crisis económica y social desatada por la pandemia. Llueve además sobre mojado. España ofrece por defecto a los jóvenes vidas inestables, aplazadas y sin recompensa por el esfuerzo en los estudios.

La deficiente regulación laboral les transfiere el riesgo que tendrían que asumir las empresas cuando contratan. La elevadísima rotación laboral les obliga a caminar sobre tierras movedizas dificultando que acumulen conocimientos y habilidades en el empleo. Esta alta rotación también anima la subcontratación, que las empresas se rompan en unidades más pequeñas y que crezcan como hongos los negocios de bajo valor añadido, donde el beneficio se obtiene sin arriesgar, limando las condiciones de trabajo. Estas son, junto a la baja inversión, las principales razones del bajo desempeño de la productividad nacional.

Treinta y cinco años con esta regulación ni siquiera han conducido al pleno empleo precario y España tiene una de las tasas de paro más altas y permanentes de la Unión Europea y la más elevada inestabilidad en el empleo. Los jóvenes se defienden de la primera acumulando estudios, aun sabiendo que muchos no lograrán rentabilizarlos. El 36% de los asalariados trabaja en un empleo por debajo de su nivel de cualificación. Este es también uno de los motivos del alto fracaso escolar. El título de Enseñanza Secundaria Obligatoria no tiene recompensa en el mercado de trabajo español.

Los jóvenes no solo pagan un alto peaje a los propietarios de los medios de producción, también a los de la vivienda. Los rentistas les cobran a ellos, y a muchos otros que hace tiempo dejaron de ser jóvenes, alquileres por encima de lo que permiten pagar los salarios que cobran. Esto es extracción de rentas y junto a la inestabilidad del empleo hace que muchos jóvenes españoles tengan que aplazar hasta más allá de los 29 años disfrutar de una vida independiente. Una de las edades de emancipación más altas de Europa.

La buena noticia es que hay soluciones para evitar todos estos abusos sobre los jóvenes y muchas otras personas. En primer lugar, hay que arreglar el de­sequilibrio en la negociación de las condiciones de trabajo introducido por las reformas de 2010 y 2012 en favor de los empresarios. También hay que acabar con la anomalía de inestabilidad en el empleo repartiendo dentro de las empresa los costes de las crisis entre las rentas del capital y del trabajo –empezando por el capital–, con el fin de evitar despidos y que los últimos en llegar a las empresas –los jóvenes– sean los primeros en salir. El apoyo público a través de expedientes temporales de suspensión o reducción de jornada es también una parte importante de la solución, así como terminar con las modalidades de contratación temporal que explican la elevada rotación: el contrato de obra o servicio y el eventual por circunstancias de la producción, pero sin contrato único.

Asimismo, la ley por el derecho a la vivienda, que actualmente se está elaborando, tiene que servir para terminar con la extracción de rentas en los alquileres, fijando una regulación mínima común para toda España que garantice el derecho a la vivienda. Esta ley tiene que servir para rebajar los alquileres en el corto plazo, fijando precios máximos en función del nivel salarial en las zonas tensionadas. En estas también hay que gravar la vivienda vacía, regular el estándar de calidad a mantener por los caseros y prohibir el hacinamiento y los apartamentos turísticos de alta rotación.

A medio y largo plazo hay que generar un gran parque público de vivienda en alquiler asequible y social no descalificable. Ejerciendo el derecho de tanteo y retracto por las Administraciones públicas sobre los paquetes de viviendas que se venden entre los operadores del sector con grandes descuentos, con el fin de adquirir 100.000 viviendas que se financiarían mediante un fondo descentralizado de 6.000 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo. Estas viviendas deberían reformarse con los 1.500 millones de euros nuevos incluidos para rehabilitación en los PGE de 2021. Que también deberían emplearse para atraer viviendas al alquiler asequible.

Asimismo, hay que fijar que el 100% de las promociones en suelo público se dediquen a alquiler asequible y el 30% en suelo privado. Y suprimir la deducción por reinversión en vivienda habitual y emplear sus 350 millones anuales en dotar un fondo interterritorial eficiente para financiar alquileres sociales. Los jóvenes son el futuro. Esta frase tan manida es hoy más cierta que nunca. El peligro que encaramos es que toda una generación que ha soportado sobre sus espaladas dos crisis históricas se quede descolgada. Una generación perdida. Jóvenes que son imprescindibles para incorporar a España a la nueva revolución tecnológica y verde. El riesgo para el país, por tanto, es que nos vuelva a pasar como en la tardía revolución industrial o la aplazada incorporación a la democracia occidental. En fin, el trance es que nos quedemos, nuevamente, descolgados del progreso y solo lo disfrute una minoría internacionalizada, frente a un creciente número de trabajadores y familias sumidos en la precariedad, la incertidumbre e inseguridad.

Por eso hay que cuidar a los jóvenes. Deteniendo el escaqueo fiscal de unos pocos que les hipoteca el futuro con más deuda pública. Prestigiando a los que arriesgan y crean valor, y no a los empresarios que se escaquean transfiriéndoles su riesgo. Combatiendo la precariedad laboral y los bajos salarios. Y acabando con el abuso de los rentistas, que cuando les vampirizan la posibilidad de financiar su proyecto de vida, terminan también con la sostenibilidad de las pensiones, los derechos y el progreso del país.

Carlos Martín Urriza / Luis Zarapuz Puertas / Carlos Gutiérrez Calderón son Director del gabinete económico de CCOO / Economista del gabinete económico de CCOO / Secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CC OO