España necesita un calendario de reformas más ágil y que mire al mercado
Los abultados números rojos de la economía española tienen mucho que ver con el esfuerzo masivo de gasto realizado por la pandemia, pero no pueden atribuirse solo a esta
Una de las grandes tentaciones políticas de las crisis es tratar de diluir la mala evolución de una economía en particular aludiendo al deterioro homogéneo de las economías en general. Pero la realidad rara vez es homogénea y las constantes vitales económicas pocas veces se degradan en idéntica medida. Un ejemplo de ello lo dio ayer Eurostat al ofrecer los datos de déficit y endeudamiento público de los 27 Estados comunitarios y confirmar a España como la economía que arrastra un mayor desequilibrio entre ingresos y gastos de toda la UE. Según la oficina estadística europea, el déficit público español saltó del 2,9% del PIB a cierre de 2019 al 11% en 2020, en un entorno de deterioro generalizado, pero de distinto grado, y del que solo se salva Dinamarca. El resto de los socios registraron déficits superiores al 3%, la línea roja a partir de la cual se suele activar el procedimiento de déficit excesivo por el que Bruselas exige planes de ajuste a los Estados, algo que se evitará de momento por la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021. Eurostat ratificó que la deuda pública española culminó 2020 en los 1,34 billones de euros al saltar del 95,5% el 120% del PIB y duplicar el umbral del 60% que se considera sostenible.
Los abultados números rojos de la economía española tienen indudablemente mucho que ver con el esfuerzo masivo de gasto realizado durante el primer año de pandemia, pero no pueden atribuirse únicamente a esta. España entró en la crisis económica derivada de la lucha contra el Covid-19 sin haber completado a fondo sus deberes de consolidación fiscal y sin abordar una serie de reformas estructurales que a día de hoy siguen sin tramitarse. El Gobierno ha articulado finalmente un calendario con Bruselas para impulsar esos cambios, aunque no tanto por voluntad política propia como por ser condición necesaria para el acceso a los fondos europeos.
La hoja de ruta pactada con la CE pasa por aprobar este año la reforma laboral y parte de la reforma de las pensiones, que se articulará en dos tiempos y se culminará en 2022, y por cerrar el proceso con la reforma tributaria. Un calendario en el que hay una ausencia clamorosa –la de un programa creíble y progresivo de vuelta a la consolidación fiscal,– y en el que los plazos siguen siendo demasiado lentos para una economía inmersa en una crisis histórica. Tampoco convence el orden del programa, que deja los platos de peor gusto para el final –grueso de la reforma de pensiones y reforma fiscal– y que parece haber sido diseñado de forma más acorde a los tiempos de la agenda electoral que a la urgencia de enviar a los mercados internacionales una señal inequívoca de la solvencia española.