Sostenibilidad y coherencia en la política energética

El proceso de electrificación debe asegurar la premisa de que el consumidor se descarboniza a un precio asequible

La creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sector Eléctrico no es solo un instrumento que persigue el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sector eléctrico, como su propio nombre indica, sino que da un paso firme para avanzar en el proceso de descarbonización de nuestra economía salvaguardando los intereses de los consumidores, tanto en hogares como en empresas.

La Unión Europea ha emprendido un camino irreversible para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y aprovechar las oportunidades que ello supone para generar riqueza y empleo, avanzando así hacia una economía más moderna, sostenible y competitiva. Esta transformación permitirá además aumentar la resiliencia de nuestra sociedad ante efectos negativos adversos, tanto económicos como climáticos, con una menor dependencia energética del exterior.

Tal y como indican los informes científicos, España va a ser uno de los países europeos en los que el cambio climático tenga un mayor impacto, lo que afectará a nuestras industrias y, en consecuencia, a la economía del país. Por lo que somos uno de los países más interesados en avanzar en la descarbonización de nuestra sociedad. No poner los medios para conseguirlo o no eliminar las barreras existentes sería una irresponsabilidad por nuestra parte, teniendo además en cuenta que nuestro país cuenta con una importante ventaja competitiva en este contexto. Contamos con abundantes recursos renovables para la promoción de la energía solar, eólica e hidráulica que nos sitúan en una posición privilegiada para que los cambios requeridos refuercen nuestra economía.

En todo este proceso la electricidad está llamada a jugar un papel destacado al facilitar la transición hacia una sociedad sostenible gracias a la generación sin emisiones. Sin embargo, la fiscalidad no favorece al consumidor ante la ausencia de una señal robusta que promueva el uso la electricidad como vehículo de la descarbonización. Actualmente, el consumidor paga en el recibo eléctrico los costes propios del suministro, pero también otros costes de carácter fijo relacionados con decisiones que apoyan la integración territorial o el beneficio ambiental, que encarecen artificialmente el precio de la electricidad y hacen que esta sea menos atractiva para su consumo frente a otras alternativas menos sostenibles.

Y esto es contradictorio porque contamos con un sector eléctrico con actividades muy competitivas tanto en la generación –donde ya tenemos una expectativa de precio en el mercado mayorista eléctrico más competitiva que en Francia o Alemania para los próximos años–, como en las redes eléctricas –que representan uno de los porcentajes más bajos del recibo eléctrico en toda Europa con uno de los niveles de calidad más altos–. Pero el precio que paga el consumidor está lastrado porque el sector eléctrico incorpora esos otros costes que, aunque aportan indudables beneficios a nuestra sociedad, responden a diversos propósitos de decisiones de política energética que van más allá de los puramente relacionadas con las actividades eléctricas y que generan un desequilibrio a la hora de adoptar las decisiones que requiere nuestro país para descarbonizarse progresivamente. Sin embargo, el proceso de electrificación debe mantener la premisa de asegurar que el consumidor se descarboniza a un coste asequible. En este sentido, el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sector Eléctrico anticipa una bajada de precio para el consumidor que favorece este proceso.

Este fondo va a repartir progresivamente en los próximos años los sobrecostes de las renovables, la cogeneración y los residuos entre los principales vectores energéticos y, aunque el sector eléctrico seguirá siendo el principal financiador de estas partidas de costes, es un paso en la dirección adecuada para incorporar el principio de “quien contamina paga”. Por lo que es una medida coherente y racional en una apuesta clara por la electricidad como el vector energético de una transición energética que nos permita asegurar el cumplimiento de los objetivos de descarbonización a 2030. Se anuncia una electricidad cada vez más barata –con una rebaja entorno al 13% en los próximos 5 años, según los cálculos del Ministerio de Transición Ecológica– que facilitará la toma de decisiones para avanzar hacia un consumo limpio y sostenible.

Esto es especialmente relevante en el caso de los hogares, en los que el consumo de electricidad es un bien esencial al que se destina un porcentaje significativo de la renta todos los meses. Al hacer la electricidad más asequible se facilitan los nuevos usos eléctricos en la movilidad sostenible sin emisiones del vehículo eléctrico o en la climatización eficiente y sostenible con la bomba de calor de manera que, al final, el recibo energético en los hogares se abaratará. Y lo mismo sucede en las empresas, muchas de las cuales ya cuentan con importantes planes para descarbonizar su consumo energético en los próximos años, y que podrán apostar por la electricidad gradualmente. Mientras tanto, los sectores industriales que están expuestos a la fuga de carbono también se beneficiarán de este cambio porque contempla una serie de exenciones que mitigan este impacto.

Por todo ello, el fondo introduce la racionalidad necesaria para que el objetivo de sostenibilidad de la transición energética se realice a un coste asequible para el consumidor. Y lo hace apoyándose en la electricidad como el vector energético al que dirigir nuestro consumo energético. Una decisión coherente a la hora de diseñar la política energética que nos indica que el momento de cambio para nuestra economía ya ha comenzado.

Marina Serrano es Presidenta de Aelēc (Asociación de Empresas de Energía Eléctrica)