Hacienda fijará un tipo mínimo en Sociedades sin esperar a un acuerdo global
Asume que un pacto global puede demorarse pese al reciente respaldo de EE UU Baraja una medida temporal a sustituir cuando haya consenso, como con la tasa Google
El Gobierno puso ayer en marcha el contador para impulsar una reforma integral del sistema tributario español encargando a un comité de 17 expertos que elaboren un libro blanco con su diseño antes del 28 de febrero de 2022. El Ejecutivo, en todo caso, les solicitará antes sus conclusiones provisionales a fin de integrar los primeros cambios en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, con el foco puesto en el gravamen a compañías y grandes fortunas, colectivos a los que el Fondo Monetario Internacional (FMI) propone gravar más temporalmente para sufragar la crisis. Más allá, Hacienda afirmó que planea fijar un tipo mínimo de Sociedades en España sin esperar a un acuerdo internacional en la materia.
El objetivo a largo plazo de la reforma tributaria, expuso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es “que a lo largo de la legislatura se vaya consiguiendo reducir el diferencial de recaudación que existe entre España y la media de la UE, de entre siete ocho puntos” de PIB, unos 80.000 millones de euros, “imprescindibles, como la pandemia ha puesto de manifiesto, para sostener el Estado de bienestar”. Su implantación, en todo caso, será progresiva, a fin de “acompasarla al momento económico que estamos viviendo”, priorizando la recuperación económica a la consolidación fiscal, matizó. Habrá, sin embargo, determinados aspectos en los que se comience a trabajar en el corto plazo. “El grupo de expertos va a estar trabajando aproximadamente un año pero se les va a solicitar que previamente vayan aportando todas aquellas cuestiones que crean que pueden ser de interés para que vayamos tomando nota para la preparación de los posibles Presupuestos del año que viene” y de cara al “nuevo modelo de financiación autonómica que también es un elemento indisoluble de esta reforma fiscal”, defendió Montero.
“Tenemos un especial interés en el impuesto de sociedades” dijo Montero, cuestionada sobre qué elementos tributarios aspira a remodelar ya en 2022, añadiendo que “por otra parte, hay figuras vinculadas a la riqueza, como patrimonio, sucesiones y donaciones” en las que “también el Ministerio tiene especial interés”.
En cualquier caso, Montero subrayó que es “seguro que el impuesto de sociedades va a ser uno de los más importantes en este primer momento de la reforma fiscal”. La titular de Hacienda recordó que ahora mismo hay abierto un debate internacional sobre la necesidad de armonizar este tributo, garantizando un gravamen mínimo en todos los territorios y la tributación allí donde se opera en lugar de donde se tiene la sede. Se trata de una propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que venía siendo frenada por EE UU pero que coge ahora impulso con el respaldo de la Administración de Joe Biden. Con todo, la ministra asumió que un acuerdo global llevará tiempo y se mostró dispuesta a actuar antes por su cuenta. “Ojalá [la reforma de] Sociedades a nivel internacional fuera a la velocidad y al ritmo que permitiera que pudiéramos ir todos a una en el contexto global. Me temo que estas cuestiones a nivel internacional van más lentas porque requieren de una unanimidad, un grado de consenso” difícil de lograr porque “siempre hay algún país que se resiste a ponerla en marcha”, dijo. “Nosotros haremos lo que hemos hecho con el impuesto digital: posibilitar que a nivel internacional se den avances, pero si éstos no se producen o son excesivamente lentos, adoptaremos las medidas en la legislación nacional”, ilustró, recordando que España ha impulsado una tasa Google patria que sustituirá por la que se termine acordando en la OCDE o la UE.
A falta de conocer la opinión del comité de expertos, conformado ayer en el Instituto de Estudios Fiscales, lo cierto es que los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, ya presentaron una propuesta en este ámbito que finalmente aparcaron por la pandemia. En concreto, Montero llegó a avanzar que estudiaba fijar un tipo mínimo de Sociedades del 15% en general (del 18% para banca y petroleras), para impedir que las grandes compañías acaben pagando por debajo de esos umbrales aplicando bonificaciones fiscales al 25% de tipo nominal inicial del impuesto (30% para entidades y petroleras). Biden propone un tipo mínimo del 21%.
Impuesto a los ricos
La otra prioridad del Gobierno, la fiscalidad de la riqueza, también lo será para el comité de expertos, según avanzó su presidente, Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, quien recordó que el FMI acaba de “proponer un impuesto temporal de solidaridad, pagado por sujetos de niveles de alto nivel de renta o riqueza y por las grandes empresas” para sufragar los costes de la crisis en el corto plazo, propuesta que prevén analizar.
En el medio plazo, Montero avanzó que el objetivo de la reforma es adecuar la fiscalidad a la realidad económica del siglo XXI, con modelos impositivos que graven los negocios digitales, faciliten la transición medioambiental y arrojen un modelo más justo y progresivo. La reforma, dijo Montero, afectará “desde las deducciones a las bonificaciones fiscales e incentivos”, pasando por los propios impuestos.
El objetivo, dijo “es que el sistema tributario además de garante de la igualdad sea acompañante de las transformaciones económicas que nuestro tejido productivo tiene que vivir en los próximos años para que salgamos con una economía más reforzada”. De hecho, el Gobierno ha prometido a Bruselas una reforma tributaria en este sentido a cambio de las cuantiosas ayudas en camino por la crisis del Covid-19.
La financiación regional y la armonización autonómica
La conformación del comité de expertos para la reforma del sistema tributario no es solo el primer paso para impulsar una revisión integral de los impuestos nacionales, sino también de los autonómicos y, a partir de ahí, para abordar la reforma del sistema de financiación de las comunidades, que lleva años pendiente de remodelarse. El grupo constituido ayer, en todo caso, solo analizará las vías impositivas que alimentan las arcas regionales, mientras que otros factores como los criterios de reparto de los fondos en función de la población y otras magnitudes serán discutidas con las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Teniendo en cuenta que el informe no estará listo hasta febrero de 2022, en todo caso, todo parece indicar que la reforma del modelo autonómico tardará aún en sustanciarse. El diseño de la reforma tributaria sí que abordará un frente habitual de tensiones entre el Gobierno central y ciertas regiones: la intención de Hacienda de armonizar los impuestos autonómicos para exigir unos mínimos que eviten competencia fiscal entre territorios. La ministra del ramo, María Jesús Montero, aseguro que los expertos serán “libres para hacer el planteamiento que estimen conveniente” aunque no case con sus pretensiones. El comité, asumió, deberá analizar “cómo se tiene que expresar esa contribución adicional que tienen que hacer los grandes patrimonios al conjunto de las arcas públicas o de qué manera hay que descentralizar algunos tributos para no producir asimetrías en el conjunto del territorio o dejar vacías de contenido algunas figuras fiscales, como ha ocurrido en alguna comunidad autónoma”, dijo, sin citar ejemplos, aunque el más recurrente es Madrid, que bonifica totalmente Patrimonio y con fuerza otros como el impuesto de sucesiones. En todo caso, Montero anticipó que el informe de los expertos no será vinculante, pues una vez concluido, “el Gobierno lo escuchará y lo tomará en cuenta y finalmente adoptará su propia decisión”.
