La sostenibilidad no es solo una cuestión regulatoria
Los bancos no van a esperar a que el marco regulatorio esté perfectamente asentado ni a que llegue 2030 para ajustarse
La Unión Europea ha apostado por un futuro sostenible con más convicción que ninguna otra región en el mundo. Un envite apalancado en el instrumento que mejor se maneja en Europa: la regulación. Un marco legal y normativo diseñado para que las empresas y las instituciones financieras puedan complementar el esfuerzo inversor que el sector público debe realizar para lograr los objetivos ambientales establecidos en el Acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.
Es significativo que la Comisión Europea, a pesar de la lentitud con la que tiende a afrontar una gran parte de los desafíos comunitarios, haya avanzado desde 2018 con agilidad y haya sido capaz de proporcionar una sólida base sobre la que construir los fundamentos de las finanzas sostenibles. Recientemente, se han adoptado tres propuestas legislativas que aspiran a darle un impulso, todavía más intenso, a la transformación del modelo productivo: el reglamento de taxonomía, el reglamento de divulgación de información no financiera y la regulación de los parámetros de referencia climáticos.
Tras este impulso inicial, durante 2020 se conjugaron tres acontecimientos que vuelven a darle un giro trascendental al desarrollo de las finanzas sostenibles. El primero es el Acuerdo Verde Europeo con el que la Comisión Europea trata de responder con determinación al deseo de alcanzar la neutralidad climática para 2050, un objetivo que se reivindica al considerar la ambición de reducir los gases de efecto invernadero hasta un 55% en 2030. El segundo es la creación de la plataforma de las finanzas sostenibles, con la que se pretende avanzar en el desarrollo de la taxonomía en todas sus dimensiones. El último ingrediente, fruto del Covid-19, pone de manifiesto la importancia que cobra la sostenibilidad en los planes de recuperación económica y en el programa de los fondos NextGenEU.
Bajo este nuevo giro, la Comisión Europea se ha declarado dispuesta a afrontar, tanto en 2021 como en los próximos años, una agenda ligada a la sostenibilidad mucho más ambiciosa que tratará de cimentar las bases del ecosistema ligado a las finanzas sostenibles a través de seis líneas de acción. En primer lugar, el marco legal se debe afinar para asegurar que el sector financiero pueda apoyar tanto a las empresas en vías de transición hacia una economía sostenible como a aquellas que demuestren una firme intención de sumarse a este proceso de transformación. Además, el apoyo financiero planteado por la Comisión Europea a través del plan NextGenEU debe ser una palanca que ayude a promover el capital privado en la dirección correcta. La tercera línea de acción consiste en asegurar que el clima solo es un punto de arranque y que la ambición de la UE debe extenderse hacia objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza. La cuarta cuestión consiste en articular unas sendas de transición compatibles con la neutralidad climática en 2050 a las que deberán sumarse las empresas y el sector financiero. El quinto tema es sobre la resiliencia, no solo bajo una perspectiva prudencial, sino también en la forma de asegurar que el sistema económico de la UE es más robusto frente a futuras crisis. Por último, la Comisión Europea se compromete a mirar más allá de Europa con fórmulas que se alineen a los objetivos de la UE en materia de cambio climático.
Un sólido planteamiento que sorprende tanto por su consistencia como por la velocidad a la que se avanza. Ahora bien, sería absolutamente ingenuo que Europa se conformara con liderar la lucha contra el cambio climático promulgando únicamente un amplio marco legislativo y normativo, ya que la regulación solo es un ingrediente de los muchos que se han de gestionar para lograr la transformación productiva y social implícita en el Acuerdo de Paris. Asimismo, sería miope considerar que este esfuerzo se puede acometer de manera aislada, pues resultaría tan ineficiente para el objetivo que se persigue como improductivo para las empresas europeas que acabarían sufriendo fuertes presiones competitivas.
La UE no puede dejar pasar el pretendido liderazgo en temas de sostenibilidad sin abanderar una nueva etapa de globalización más equilibrada, más social y más inclusiva, es decir, una globalización 2.0 que siente las bases de una mayor coordinación global en muchos más temas que únicamente los climáticos. Por el contrario, ceñirse al corsé regulatorio impuesto desde Europa solo propiciará un liderazgo espurio, intrascendente, que en muy poco tiempo tendría que ceder a otros países más comprometidos con el impacto y la acción que con el marco regulatorio.
Afortunadamente, muchas empresas y entidades financieras europeas avanzan de manera proactiva, en muchos casos, anticipándose tanto al complejo marco regulatorio como a las preferencias de los inversores y consumidores. La gestión del riesgo y la capitalización de las oportunidades derivadas del cambio climático y la recuperación de la biodiversidad, dos caras de la misma moneda, son factores más que suficientes para movilizar el capital requerido para la transición del modelo actual de la economía hacia otro más sostenible que respete las necesidades ambientales, sociales y de gobernanza.
Los bancos no van a esperar a que el marco regulatorio esté perfectamente asentado ni a que llegue el año 2030 para ajustarse. Solo así se entiende que los bancos, como financiadores de la economía, se sitúen en la primera línea del impulso a esta necesaria transformación con ambiciosos compromisos públicos, como Net Zero 2050, o formando parte de una coalición global de instituciones públicas y privadas con capacidad de movilizar el financiamiento privado que se requiere para la reingeniería de nuestras economías hacia un mundo descarbonizado, tal y como se va a promover en la próxima Cumbre del Clima, COP26, en Glasgow.
Juan Carlos Delrieu es Director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de Banca
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La sostenibilidad no es solo una cuestión regulatoria