Los técnicos de Hacienda dudan de que los incentivos fiscales de Ábalos abaraten el alquiler

Gestha sostiene que la deducción del 90%, por la que se debe rebajar la renta, arroja una desventaja para los caseros frente a la vigente del 60%

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El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) duda de que los incentivos fiscales propuestos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por los que los propietarios de vivienda optarían a una bonificación de hasta el 90% si abaratan los alquileres, consigan cumplir con su objetivo de reducir las rentas en las conocidas como zonas tensionadas. Así, el sindicato calcula que a buena parte de los actuales caseros les convendría más mantener la bonificación vigente del 60%, a la que pueden acogerse todos los que a día de hoy alquilen vivienda habitual.

La estimación de Gestha parte de un análisis detallado sobre el supuesto de deducción máxima, en el que los arrendadores podrían reducirse un 90% en el IRPF si antes han abaratado el alquiler al menos un 10% respecto a un contrato anterior, y siempre que el inmueble en cuestión esté en un área tensionada.

Gestha se ha basado para sus cálculos en los datos del ejercicio 2018 de la Agencia Tributaria, que incluyen, para cada tramo de renta, el rendimiento medio de los contribuyentes que declararon ingresos por alquiler y la deducción media de la que disfrutaron. Así, un propietario medio con ingresos de entre 30.000 y 60.000 euros (el tramo mayoritario dentro de los declarantes con rentas inmobiliarias) y con un rendimiento del alquiler de 4.267 euros (según los datos de Hacienda) pasaría de una deducción media actual de 947 euros a una de 1.123 euros. Una diferencia de 176 euros que no compensaría la pérdida de ingresos por la rebaja del precio del alquiler, del 10%. Por todo ello, explica el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “creemos que la propuesta no cumplirá con su objetivo, ya que a grandes rasgos no beneficia a los propietarios medios en ninguno de los tramos de renta”.

La propuesta del ministerio, según Mollinedo, “arroja una desventaja media para el propietario, que se calcula por la diferencia entre la rebaja del alquiler exigida y el ahorro de la reducción del 60% al 90% en el IRPF”, resume. Esto no significa que individualmente a algún casero le pueda interesar, “pero en términos medios no les beneficia, por lo que la medida no logrará los objetivos previstos en las zonas tensionadas”.

Por su parte, el secretario general de vivienda en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), David Lucas, defiende la propuesta, y recuerda que el objetivo del planteamiento de su departamento es propiciar una bajada o una contención de las rentas para evitar más subidas en las zonas tensionadas. Por ello, explica, la medida sí cumpliría con su fin, ya que si un casero "quisiese subir el precio del alquiler tendría que elaborar un nuevo contrato, que inmediatamente pasaría a funcionar con la nueva bonificación del 50%". A su vez, en el caso de querer conservar la deducción actual del 60%, se vería obligado a mantener los términos del contrato.

Las conclusiones de Gestha se explican porque la deducción fiscal que propone el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se añade a una ya existente (pasando del 60% actual al 90%), por lo que solo se bonifica un 30% adicional de las rentas del alquiler. Y a ese porcentaje de los ingresos se le debe aplicar el tipo marginal del impuesto (el que ganan las últimas rentas en ser gravadas) para calcular el impacto final en la declaración.

De hecho, según los cálculos hechos por este periódico, la bonificación propuesta por el ministro de Transportes gana atractivo a ojos del contribuyente a medida que este tiene mayores ingresos: como la reducción se aplica sobre la base imponible, beneficia el doble a un casero con rentas altas y un marginal del 45% que a uno que pague el 19%. Lo que hace más probable que estas rentas, en caso de aprobarse la medida, optaran por rebajar precios para aligerar factura.

En todo caso, los cálculos de Gestha muestran que, bajo los supuestos aplicados, en todos los tramos de renta el arrendador medio queda en desventaja si baja precios para pagar menos impuestos. Eso sí, para las grandes fortunas, que además declaran mayores ingresos del alquiler (casi 13.000 euros al año de media), el ahorro fiscal es más cuantioso: unos 4.200 euros. Por el contrario, para los contribuyentes que no llegan a 12.000 euros (cuyo rendimiento del alquiler ronda los 4.500 euros), el ahorro fiscal se queda en torno a los 570 euros al año.

El análisis se centra en las consecuencias a corto plazo del plan del ministro, ya que en caso de aprobarse la ley de vivienda con la propuesta en cuestión, convivirían durante algún tiempo las bonificaciones actuales del 60% con las generales del 50%, ampliables en función de varios supuestos. La razón es que este beneficio base del 50% empezaría a funcionar en los nuevos contratos del alquiler.

Bonificaciones

El planteamiento del ministro de Transportes parte de una bonificación general para los propietarios de vivienda habitual del 50%, 10 puntos menos que la actual. Estos incentivos, sin embargo, se elevan hasta el máximo del 90% si el casero cumple con ciertos supuestos.

Sería del 60% en el caso de que las rentas no sobrepasasen unos topes máximos fijados por una norma jurídica en base al índice de precios o de que se hayan llevado a cabo obras de rehabilitación que supongan un desembolso de más de seis meses de renta; del 70% si incorporan a un área tensionada inmuebles que antes no estuviesen considerados como viviendas habituales o si alquilan a menores de 35 años; y del 90% si rebajan el alquiler al menos un 10% respecto a un contrato previo en una zona tensionada.

Además de todo, habría un plus a la bonificación general del 50%, "que todavía está en estudio", en el alquiler de viviendas a inquilinos con ingresos reducidos. Asimismo, detalla la cartera que dirige Ábalos, "se propone establecer un porcentaje de reducción del 70% para las viviendas acogidas a programas públicos de alquiler social o a precio asequible y para la cesión o alquiler de vivienda a entidades sin ánimo de lucro especializadas en la atención a hogares o colectivos vulnerables.

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