Sanidad privada: parte de la solución, no del problema
Se emplea un sesgo evidente cuando se mezcla a sabiendas privatización con colaboración público-empresarial, algo extendido en toda la UE
Se cumple un año del inicio oficial de esta pandemia. Aquel 14 de marzo de 2020 en el que se declaró el primer estado de alarma nos enfrentábamos a muchas incógnitas. En este intenso camino de entrega en primera línea hemos podido despejar algunas de ellas. La crisis del coronavirus ha demostrado ser la mayor campaña real de colaboración sanitaria público-privada en la historia de nuestro país.
Pese a que existan voces empeñadas en demostrar lo contrario, desde la sanidad privada nos hemos entregado a fondo desde el primer día en poner todos nuestros medios a disposición de las autoridades sanitarias: desde infraestructuras y personal hasta proveedores y suministro de material frente al Covid-19, pasando por el establecimiento de circuitos diferenciados para la atención de otras enfermedades. Lo hemos hecho bajo un principio de solidaridad incuestionable dadas las circunstancias que estábamos viviendo. Esto es innegable, y quien ha estado al frente de la toma de decisiones, lo sabe.
Una vez superado el periodo más crítico de la pandemia, y cuando ha llegado el momento de evaluar los daños estructurales de la crisis, hemos pedido las compensaciones que hemos considerado justas, bajo el mismo criterio de solidaridad y por la supervivencia de nuestras empresas y sus profesionales, que han sufrido un impacto económico de alrededor de 250 millones de euros debido a la intervención y paralización de toda actividad ordinaria a la que ha obligado el primer estado de alarma.
El Gobierno central nos ha reconocido nuestra colaboración estratégica en la lucha frente a la pandemia, pero, con las mismas buenas palabras, ha dejado la decisión sobre las ayudas y compensaciones por la labor ejercida durante toda la pandemia al albur de cada región, aludiendo al Fondo Extraordinario Covid-19 de 16.000 millones de euros repartido entre ellas y cuyo 70% debía ser empleado en sanidad y educación.
Al margen de esta compleja tesitura que nos ha situado en 17 escenarios distintos y en los que, en la mayoría de ellos, todavía ha sido imposible concretar acuerdos, lamentamos enormemente la opinión negativa con sesgo ideológico que existe sobre el ámbito privado en la sanidad. Una opinión que no responde en absoluto a la situación española. Se emplea un sesgo identitario evidente cuando se mezcla a sabiendas privatización con colaboración público-privada, algo extendido en nuestra democracia y en prácticamente todos los países de la Unión Europea. Porque buscar la equivalencia entre un proceso de privatización con la legítima colaboración entre ambas partes del Sistema Nacional de Salud equivale a afirmar que el Estado en su conjunto no cumple con las atribuciones constitucionales.
La irresponsabilidad que supone enfrentar lo público y lo privado es de enorme magnitud. Si algo ha dejado al descubierto esta crisis es que nuestro sistema sanitario cada día es más ineficiente y rígido debido a un inmovilismo estructural que compromete sus principios básicos: universalidad, equidad, accesibilidad, cohesión y gratuidad (es decir, suficiencia financiera), principios cada vez más complejos de acometer debido al crecimiento constante de la demanda asistencial y al incremento de los costes.
Los principales riesgos que atenazan al modelo sanitario español actual son diversos: hay que citar como un elemento poblacional destacado el aumento de la esperanza de vida, que se traduce en un incremento sensible de las enfermedades crónicas, y que supone más del 80% del gasto sanitario actual; asimismo, es oportuno reseñar el incremento de las listas de espera y la escasez de profesionales. El modelo de futuro debe centrarse en la persona, en sus necesidades, en los riesgos poblacionales descritos, y emplear la digitalización y las nuevas tecnologías creando servicios de información eficaz. En definitiva, poner al paciente en el centro del sistema para que la asistencia sanitaria sea integral y se haga un mejor uso de los distintos recursos.
Reforzar la colaboración público-privada en el Sistema Nacional de Salud es la única vía para dotarlo de flexibilidad y hacerlo sostenible. Por el contrario, tratar de anteponer la ideología frente al servicio a la sociedad es trazar un solo camino válido que pone en entredicho algo irrenunciable: la libertad de elección de los ciudadanos. La sanidad privada ha pasado de ser elogiada durante los meses más duros de la pandemia a ser actualmente utilizada como piedra arrojadiza con fines políticos. Y desde luego que no queremos formar parte de ese juego, porque nuestra misión es contribuir al fortalecimiento de la sanidad de nuestro país y a la supervivencia de las entidades sanitarias y los profesionales a los que representamos, más de 312.000.
España se enfrenta a una sanidad pública sobrecargada por el efecto de la pandemia, atascada en listas de espera que superan el millón de intervenciones quirúrgicas y de varios millones de pruebas diagnósticas pendientes de realizarse en una multiplicidad de patologías, afectando la salud de cientos de miles de pacientes.
En términos operativos, hay que sumar alrededor de 200 quirófanos a pleno rendimiento durante un año para recuperar la situación prepandemia. La sanidad privada puede ser el aliado esencial para aliviar la necesaria reprogramación de la actividad asistencial.
Nuestro único deseo es sumar, no restar. Queremos ser complementarios porque formamos parte del Sistema Nacional de Salud y son más de 12 millones de españoles los que confían en nuestros centros, uno de cada cuatro españoles. La sanidad privada lleva a cabo el 30,5% de las intervenciones quirúrgicas, atiende el 24,5% de las urgencias y representa el 57% de los hospitales españoles (458). No somos parte del problema, sino de la solución.
Carlos Rus es presidente de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española)