Bruselas apuesta por mantener suspendidos los objetivos de déficit durante 2022

Se inclina por retrasar a 2023 la vuelta al pacto de estabilidad que reactivaría las reglas fiscales lo que da aire a España tras aumento del agujero presupuestario por encima del 11% del PIB

La Comisión Europea ha sugerido este miércoles que las reglas fiscales comunitarias, que establecen límites del 3% al déficit y del 60% a la deuda pública de los Estados miembros, continuarán suspendidas también durante el año 2022 para que los socios puedan seguir adoptando medidas de estímulo que impulsen sus economías. Por tanto, el debate sobre la desactivación de la cláusula de escape, añade Bruselas, no debería empezar a darse hasta el año 2023.

Así lo asegura el Ejecutivo comunitario en un documento presentado hoy en el que explica que la decisión de volver al pacto de estabilidad fiscal "debería tomarse tras una evaluación global del estado de la economía basada en criterios cuantitativos". El nivel de actividad económica en la UE y en la zona euro, en comparación con los niveles anteriores a la pandemia, "sería el criterio cuantitativo clave para que la Comisión realizase su evaluación general de la desactivación de la cláusula de escape general", explica el texto. "Las indicaciones preliminares actuales sugieren seguir aplicando la cláusula de escape general en 2022 y desactivarla a partir de 2023", añade.

Para amortiguar el impacto de la pandemia y promover la recuperación, ha recalcado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, "nuestro mensaje es que el apoyo presupuestario debe mantenerse tanto tiempo como haga falta. Sobre la base de las indicaciones actuales, la cláusula general de salvaguardia permanecería activa en 2022 y se desactivaría en 2023".

Tras un diálogo entre el Consejo y la Comisión, Bruselas evaluará la desactivación o activación continua de la cláusula de escape general sobre la base de las previsiones de primavera de 2021, que se publicarán durante la primera mitad de mayo.

En este debate, añade la Comisión, "se seguirán teniendo en cuenta las situaciones específicas de cada país tras la desactivación de la cláusula de salvaguardia general". Y en caso de que un Estado miembro no se haya recuperado, "se utilizarán plenamente todas las flexibilidades del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en particular las orientaciones en política fiscal".

Aire para España

La decisión, de confirmarse, supondría un importante alivio para España en un momento de máximo tensionamiento de las cuentas públicas en el contexto de la crisis abierta por la pandemia del coronavirus Covid-19.

En plena recuperación económica de la crisis anterior, aunque ya en desaceleración del ritmo de avance económico, el agujero fiscal español ya protagonizó su primer repunte en seis años al cierre de 2019, cuando se situó en el 2,8% del PIB.

A partir de ahí, la factura de atender el coste sanitario, económico y social que ha supuesto la propagación del coronavirus habría disparado el déficit hasta el entorno del 11,3% al terminar 2020, según las previsiones del Gobierno, pendientes aún del dato definitivo de cierre.

La suspensión de las reglas fiscales durante 2020 permitió al Ejecutivo despreocuparse de semejante escalada en el corto plazo y la decisión de alargarla durante 2021 daba un claro aliento a la recuperación.

La gran duda, sin embargo, estaba en ver cuándo tendría el país que volver a ceñirse el cinturón de la austeridad comunitaria que aplica el protocolo de déficit excesivo a aquellas regiones que superen el umbral del 3%.

Reconducir un desequilibrio de dos dígitos entre los ingresos y gastos puede llevar al país varios años, a tenor de lo ocurrido en la crisis anterior. España cerró 2007 con un superávit del 1,9% que se convirtió en un déficit del 4,6% en 2008 y escaló al 11,28% del PIB en 2009.

A partir de ahí, el país se sometió a importantes ajustes que solo le permitieron rebajar el déficit por debajo del umbral del 3% una década después, en 2018, cuando cedió hasta el 2,5%.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que reconducir las cuentas públicas españolas puede suponer dos décadas de ajustes, a un ritmo de reducción del déficit estructural del 0,5 anual, y que recuperar un el umbral de deuda pública avalado por la UE, del entorno del 60% del PIB, puede retrasarse hasta pasado 2050 partiendo del 118,7% de cierre de 2020.

Traba para cobrar las ayudas europeas

Más allá de las exigencias que la Unión Europea puede imponer a los incumplidores cuando se retomen las reglas fiscales, su activación podría poner en riesgo el cobro de las ayudas comunitarias asociadas al Covid-19, de las que España será la principal beneficiaria.

En concreto, el reglamento definitivo de estos estímulos condiciona parcialmente el desembolso de los 80.000 millones en transferencias y los más de 70.000 millones en créditos al cumplimiento de la ortodoxia fiscal cuando sea requerida.

En esta línea, ha querido remarcar Gentiloni, las políticas presupuestarias deben diferenciarse en función del ritmo de recuperación de cada país y de su situación presupuestaria subyacente. "Es fundamental que, en el momento en que la financiación de Next Generation EU empiece a llegar, los Gobiernos velen por el gasto nacional en inversión se mantenga y refuerce mediante las subvenciones de la UE".

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