Una reforma laboral que puede ser mejorable, pero que ha sido eficaz

Lo que ahora necesita la economía española, ahogada por una crisis de dimensiones históricas, no es eliminar los aspectos de la norma que han funcionado

La última gran reforma laboral de la economía española cumplió ayer su noveno aniversario, en medio de un clima político y sindical adverso que hace improbable que llegue a celebrar el décimo. La insistente campaña de demolición de la regulación de 2012, liderada desde el propio Gobierno, si bien es verdad que con muy distinto grado de convencimiento entre sus miembros, cuenta con el apoyo firme de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el contrapeso moderado de la vicepresidente económica, Nadia Calviño, quien llegó a calificar de “absurda e improcedente” la propuesta de derogación total del texto. La intención ahora del Gobierno es utilizar el diálogo social para abordar la derogación de lo que considera los aspectos “más lesivos” de la normativa, un planteamiento para el que cuenta con la oposición de los empresarios, que en la coyuntura actual tienen buenas razones para defender los principios capitales de la reforma: el abaratamiento del despido, la eliminación de la ultraactividad de los convenios, la regulación de las subcontratas y la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial.

Más allá de que la reforma laboral no se limita a una única norma, la Ley 3/2012, sino a una pluralidad de regulaciones y modificaciones, algunas de ellas llevadas a cabo por Gobiernos socialistas, el principal argumento para defender el texto es el éxito cuantitativo que ha tenido en el empleo. Entre finales de 2007 y principios de 2012, la crisis económica destruyó tres millones de puestos de trabajo en España, en una sangría imparable a la que contribuyeron las rigideces de una normativa laboral que encarecía los costes del despido y muchas veces no dejaba a las empresas otra opción que cerrar sus puertas. La mayor flexibilización que introdujo la reforma, no solo en el despido, sino también a la negociación de los convenios, al primar los de las empresas por encima de los sectoriales y eliminar una ultractividad que permitía a los sindicatos bloquear las negociaciones, contribuyó a frenar la destrucción de empleo, facilitó la supervivencia de miles de empresas y le dio la vuelta de forma exponencial al mercado de trabajo.

Es indudable que la reforma laboral no es un texto perfecto y que su éxito cuantitativo en términos de creación de empleo no se ha visto acompañado siempre de una mejora cualitativa. Pero lo que ahora necesita la economía española, ahogada por una crisis de dimensiones históricas, no es eliminar los aspectos de la norma que han mostrado su eficacia, ni regresar a unas relaciones laborales rígidas o a un resurgimiento del intervencionismo administrativo, sino aspirar a mejorar únicamente lo que no ha funcionado, pero manteniendo la flexibilidad necesaria para que las empresas puedan afrontar la recuperación.