UP acusa a Ábalos de retrasar la Ley de vivienda y el ministro recuerda que su cartera es la competente

Desde el Mitma explican que están debatiendo el borrador antes de trasladárselo al socio de Gobierno

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Europa Press

Vuelven a saltar chispas en las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para dar forma a la próxima Ley estatal de vivienda. Mientras que los primeros explican que desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), el competente en vivienda, se están puliendo los detalles del borrador antes de compartirlo con su socio de Gobierno, los segundos afirman que se ha optado por el retraso para no perjudicar en los comicios catalanes al candidato socialista, Salvador Illa, debido a la falta de ambición del documento. 

Ayer, según explican este jueves fuentes del socio minoritario del Gobierno, el Mitma "se negó a compartir el borrador completo del texto legislativo" con la formación morada, "tal y como se había acordado", sostienen desde UP. La razón, alegan las mismas fuentes, es la falta de ambición del mismo. "Es conocido que las leyes catalanes en materia de vivienda son de las más avanzadas del Estado, y un texto con medidas poco ambiciosas, como las que se han planteado hasta el momento en la mesa de negociación, podría serle perjudicial al candidato Illa". Así, según concretan desde UP, desde la cartera de José Luis Ábalos les han hecho llegar que no compartirán el borrador "hasta que se celebren las elecciones catalanas".

Al otro lado, el propio Ábalos ha afirmado también este jueves que "no hay nada paralizado". "Estamos trabajando en un borrador con el compromiso de presentarlo al Consejo de Ministros. Pero el ministerio proponente es este, y antes de empezar a discutir con el socio de Gobierno estamos trabajando en el contenido dentro del propio ministerio". Es un problema de agenda, no de aparcamiento, ha añadido Ábalos, que ha reivindicado que su cartera es la que competente y la que marca el ritmo.

Las diferencias en materia de vivienda entre los dos socios de Gobierno son de sobra conocidas desde que echó a rodar la legislatura, hace ya más de un año. Sin embargo, en los últimos meses, a raíz de la normativa para limitar los precios del alquiler en las zonas tensionadas y de la redacción de la futura Ley estatal de vivienda, esta brecha se ha hecho mucho más grande y se ha convertido en uno de los principales frentes de batalla dentro del Ejecutivo.

La pasada semana, de hecho, el Mitma ya avisó de que se retrasaría unas semanas el compromiso al que llegaron los dos socios en el mes de octubre para presentar al Consejo de Ministros el borrador de la ley de vivienda, en el que se incluirán previsiblemente los mecanismos para limitar los precios del alquiler, antes de que terminase enero.

En cuanto al estado de las negociaciones, recuerdan las mismas fuentes de UP, "hasta el momento los socialistas siguen negándose o ignorando la gran mayoría de las propuestas que UP ha planteado a través de la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra".

Los grandes desacuerdos son la prohibición permanente de los desahucios sin alternativa habitacional a las familias y colectivos vulnerables, similar a la que está en vigor durante el estado de alarma actual, hasta el 9 de mayo. También hay discrepancias a la hora de poner en marcha mecanismos que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler, principalmente la de grandes tenedores. En este punto, UP apuesta por gravar la vivienda vacía con algún impuesto especial, mientras que en el PSOE son partidarios de incentivos fiscales o desgravaciones para animar a los tenedores a movilizar sus inmuebles hacia el arrendamiento asequible.

Esta semana, además, desde UP se propuso obligar a los grandes tenedores (10 o más inmuebles) a que dediquen el 30% de sus viviendas al alquiler social, aumentando, según cálculos de la formación morada, el parque de vivienda asequible en 140.000 o 150.000 casas.

Por último, en cuanto a la regulación de precios del alquiler, "recogida en el acuerdo de Gobierno y detallada en el acuerdo de PGE, Unidas Podemos presentó una propuesta al PSOE hace cuatro meses y aún no ha recibido respuesta", explican las fuentes de la formación morada.

"No se justifican retrasos"

La agenda de Ábalos amenaza con incumplir el compromiso arrancado por Podemos al PSOE al pactar el Presupuesto, en medio del pulso sobre el alcance del control de precios de los alquileres que incluirá la ley. “En el marco de la negociación de presupuestos acordamos con el PSOE ser coproponentes de la ley y tenerla lista para ser presentada en el Consejo de Ministros en un plazo de tres meses”, recordó en Twitter Ione Belarra, secretaria de Estado de Agenda 2030 del lado de Podemos, agregando que “no se justifican en esta situación ni retrasos, ni deslealtades al acuerdo de Gobierno.”

“Nuestro país vive una emergencia habitacional”, dijo, aseverando que se necesita “con urgencia una ley de vivienda que ayude a bajar los precios del alquiler y frenar los desahucios”.

Normas
Entra en El País para participar